Gas natural, apertura e inversión

Durante años, el debate sobre la fracturación hidráulica estuvo marcado por una negativa casi absoluta, apoyada en preocupaciones ambientales que no deben minimizarse, pero que hoy pueden analizarse a la luz de nuevas tecnologías y de estándares regulatorios más exigentes. En ese contexto, la reciente apertura de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia el aprovechamiento de recursos no convencionales representa un giro relevante. Se trata de una señal de realismo que México ya no puede seguir posponiendo, frente a una vulnerabilidad evidente.

Como hemos sostenido en este espacio, no hay estrategia sólida de crecimiento sin energía suficiente, confiable y competitiva. México depende de manera excesiva del gas natural importado desde Estados Unidos, a pesar de que buena parte de ese gas proviene justamente de yacimientos no convencionales. Esa dependencia limita nuestro margen de maniobra, encarece el debate energético y coloca a la industria nacional en una posición frágil frente a cualquier disrupción externa. Aprovechar nuestros propios recursos debe entenderse, por ello, como un asunto de seguridad energética, competitividad regional y capacidad productiva.

Además, el tema no puede leerse solo en clave interna. En el nuevo entorno geopolítico, el petróleo y el gas siguen siendo variables de poder, seguridad y negociación entre Estados, y condicionan la posición de los países en los acuerdos regionales.

Esta discusión también obliga a reconocer un hecho elemental. La escala de inversión requerida para desarrollar gas no convencional rebasa con mucho las capacidades financieras y operativas del sector público. Más aún en una etapa en la que el país necesita consolidación fiscal, mayor disciplina en el gasto y una mejor asignación de recursos. Por eso, la apertura anunciada solo tendrá sentido si se traduce en una participación efectiva del sector privado. El capital privado no aporta únicamente financiamiento. Aporta tecnología, experiencia operativa, conocimiento geológico, gestión del riesgo y mejores prácticas internacionales en materia ambiental y uso del agua. México necesita esquemas de colaboración claros, donde las empresas especializadas contribuyan a desarrollar el potencial que hoy permanece detenido.

Pero la inversión no llegará por decreto. Si queremos que esta apertura se convierta en proyectos viables, la condición indispensable es la certidumbre jurídica. Lo hemos señalado al hablar de la reforma judicial y del clima de inversión. El capital de largo plazo exige reglas claras, estabilidad regulatoria, contratos confiables y autoridades técnicamente competentes. El Estado debe asumir su papel como regulador con firmeza, pero sin caer en discrecionalidad, retrasos ni obstáculos burocráticos. Tenemos geología comparable con la de cuencas productivas de Texas, pero seguimos muy lejos de su dinamismo por razones ideológicas, institucionales, regulatorias y por falta de confianza.

El impacto potencial de una política seria en esta materia va más allá del sector energético. El desarrollo de estas cuencas puede convertirse en un motor de crecimiento regional con efectos sobre cadenas de proveeduría, logística, infraestructura, servicios y empleo formal. También puede fortalecer la base material que México necesita para recibir mayores montos de nueva inversión externa. Sin energía asequible y suficiente, la atracción de plantas industriales, centros de datos, manufactura avanzada o nuevas inversiones en sectores intensivos en electricidad seguirá enfrentando un límite estructural.

Nada de esto implica ignorar la dimensión ambiental. Al contrario. Justamente porque el tema es delicado, debe abordarse con evidencia, regulación estricta, monitoreo permanente y transparencia. La discusión pública no puede quedar atrapada entre prejuicios e improvisaciones. Se requiere información técnica, evaluación seria del uso del agua, control de emisiones, manejo responsable de residuos y mecanismos de supervisión que den confianza a las comunidades y a los inversionistas. La viabilidad económica de esta apertura dependerá también de su legitimidad social y ambiental.

En el fondo, lo que está sobre la mesa no es solo el llamado fracking. Es la disposición del país para corregir inercias y construir una política energética compatible con el crecimiento. Celebrar el cambio de enfoque sería prematuro si no viene acompañado de apertura real, reglas creíbles y ejecución eficaz. Pero sería un error cerrar la puerta cuando México necesita inversión productiva, mayor soberanía energética y mejores condiciones para competir en América del Norte. El giro anunciado abre una oportunidad. Ahora toca construir las condiciones para que no se quede en discurso.

También está en juego la capacidad de México para ubicarse con mayor solidez en un contexto internacional donde el petróleo y el gas siguen siendo factores decisivos de soberanía, influencia y ventaja estratégica, incluso en un escenario de adición de nuevas fuentes de energía.

Pero esta apertura no se consolidará solo con el anuncio. Exigirá capacidad política para abrir una discusión seria y técnicamente sustentada, procesar resistencias internas y construir acuerdos con visión de país. Requerirá dejar atrás la lógica del antagonismo entre gobierno, sector privado y oposición política, y sustituirla por un diálogo eficaz orientado a resolver lo de fondo.

Si se quiere que esta oportunidad se traduzca en inversión, producción y seguridad energética, habrá que atender con pertinencia las necesidades del sector productivo, escuchar a la base empresarial y ofrecer reglas claras, certidumbre jurídica y una ruta de ejecución creíble. Solo así esta apertura podrá convertirse en un verdadero motor de competitividad y desarrollo.