Armando Zúñiga Salinas

Armando Zúñiga Salinas

Fortalecer el Estado de Derecho y recuperar la confianza empresarial será clave para impulsar crecimiento y competitividad.

México ante sus propios riesgos

México enfrenta una convergencia inédita entre geopolítica, economía y seguridad. Aunque existen bases sólidas para crecer —nearshoring, vocación industrial y un sector empresarial activo— la fragilidad institucional, la baja inversión y la incertidumbre regulatoria frenan el dinamismo. Reconstruir confianza, fortalecer el Estado de Derecho y coordinar esfuerzos entre gobierno e iniciativa privada será decisivo para avanzar con estabilidad.

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Los recientes episodios de violencia evidencian que la seguridad en México necesita pasar de la reacción a la anticipación mediante inteligencia preventiva.

Tres episodios, una misma falla. La urgencia de repensar la protección ejecutiva en México

Los recientes episodios que pusieron a prueba la seguridad en México —el asesinato del abogado David Cohen Sacal, el homicidio del alcalde de Uruapan y el incidente con la presidenta Claudia Sheinbaum— revelan una falla estructural: la prevención falló. La protección moderna no depende del número de escoltas, sino de la inteligencia para anticipar riesgos y actuar antes de que sea demasiado tarde.

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La estabilidad jurídica y la confianza institucional son hoy los pilares que definirán la gobernabilidad y la capacidad de México para aprovechar el nearshoring.

Gobernabilidad a prueba

México enfrenta una prueba de gobernabilidad decisiva rumbo a 2026. Entre la revisión del T-MEC, la incertidumbre regulatoria y la inseguridad territorial, el país debe demostrar su capacidad para ofrecer certidumbre, fortalecer el Estado de derecho y sostener la confianza empresarial que impulsa la inversión y el desarrollo.

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La nueva Ley General contra la Extorsión busca frenar un delito que afecta a miles de familias, empresarios y trabajadores en todo el país.

Extorsión: el crimen silencioso que desangra a México

La extorsión y el cobro de piso, convertidos en un flagelo nacional, amenazan la seguridad, la inversión y el empleo en México. La reciente reforma que faculta al Congreso para expedir una Ley General en materia de Extorsión abre una nueva etapa en la lucha contra este crimen, impulsada por la senadora Juanita Guerra Mena y respaldada por organismos empresariales como Coparmex.

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