FGR cierra investigación del accidente del Tren Interoceánico

La Fiscalía General de la República (FGR) dio por cerrada la investigación del siniestro ferroviario ocurrido en la línea Z del Tren Interoceánico, luego de meses de peritajes, diligencias ministeriales y análisis técnicos que, según la propia institución, permitieron agotar todas las hipótesis sobre las causas del accidente.

En conferencia de prensa, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, aseguró que el proceso se condujo con todos los recursos disponibles para esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y garantizar la reparación del daño a las víctimas.

Subrayó que no quedó ninguna línea de investigación pendiente y que el trabajo institucional se orientó a evitar la impunidad.

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El expediente, integrado a partir de cuatro carpetas de investigación, concluyó con la acreditación de los delitos de homicidio y lesiones culposas.

De acuerdo con la Fiscalía, en estos hechos tuvieron responsabilidad directa el maquinista, el conductor y el jefe de despacho, quienes ya enfrentan procesos judiciales tras la obtención de órdenes de aprehensión y su posterior vinculación a proceso.

En contraste, otras posibles conductas delictivas fueron descartadas. Tal es el caso de los daños a las vías generales de comunicación, luego de que peritajes en ingeniería civil, arquitectura y seguridad industrial confirmaran que la infraestructura ferroviaria cumplía con los estándares normativos en el punto del percance.

De igual forma, no se encontraron elementos para proceder por uso indebido de atribuciones o irregularidades en el servicio público, tras revisar auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y expedientes de la Secretaría Anticorrupción vinculados a contratos de obra, mantenimiento y adquisición de equipo.

La empresa ferroviaria, por su parte, optó por otorgar el perdón legal en lo relativo a los daños materiales, mientras que en el ámbito penal se privilegió la vía de la justicia alternativa.

Con la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y mecanismos de mediación, un total de 145 personas afectadas, entre ellas 31 menores de edad, accedieron a acuerdos reparatorios que contemplan compensaciones económicas y otras medidas de atención integral.

Este esquema permitió extinguir la acción penal en esos casos, bajo el argumento de ofrecer soluciones más ágiles y menos desgastantes para los afectados. La Fiscalía sostuvo que con ello se cumple el objetivo de reparar el daño sin prolongar procesos judiciales.

Finalmente, la dependencia informó que el informe completo de la investigación ya se encuentra disponible para consulta pública, con el propósito de transparentar las conclusiones de un caso que, por su impacto, puso a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades federales.

JCS