Contrapesos funcionan; Estado de Derecho, su pilar

CIUDAD DE MÉXICO.

El consenso político de los diputados en la renovación escalonada del Instituto Nacional Electoral (INE), los amparos de jueces a favor de las empresas del sector energético y la declaratoria de la inconstitucionalidad de la Ley Tabasco confirman el funcionamiento de los contrapesos del Estado mexicano. 

Desde distintos puntos de vista, legisladores y especialistas analizan para Excélsior estos tres casos recientes sobre el papel del Congreso, el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el cumplimiento de la Constitución y el acotamiento del ejercicio del Ejecutivo federal cuando sus actos, decisiones o propósitos vulneran la ley o el equilibrio de poderes.

Para el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, la designación de los cuatro nuevos consejeros electorales, hace una semana, desmintió la idea de que el actual gobierno pretende apropiarse del INE.

El constitucionalista Héctor Gutiérrez de la Garza destaca que lo ocurrido en la Cámara de Diputados deja una lección muy clara: los contrapesos sólo pueden garantizarse cuando se cumple con las reglas y el Estado de derecho. 

Al evaluar los sucesivos amparos que inversionistas del sector energético han acumulado a su favor en contra de decisiones gubernamentales, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN) considera que, ante la evidente violación de la ley, el Poder Judicial no tiene espacio para interpretaciones.

En el mismo sentido, el presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex, Max Kaiser, advierte que la futura reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público podría correr la misma suerte que la Ley Tabasco, considerada por la SCJN como inconstitucional porque contraviene el artículo 139 que obliga al Estado a transparentar esas acciones.

DEMOCRACIA AUTÉNTICA

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados considera que ésta no sólo ejerce su rol de contrapeso, sino que ahora lo hace para garantizar una democracia auténtica.

Lejos de querer apropiarse del INE, como muchos postulaban, la mayoría de Morena promovió que, después de muchos años, nuevamente lleguen ciudadanos independientes a las sillas del Consejo General del INE”.

Renunciamos al esquema de cuotas y cuates para dar paso a un proceso transparente, porque no buscamos tener cómplices dentro del INE. No hacemos fraudes ni queremos que se cometan”, plantea Delgado Carrillo.

Uno de los principales objetivos de la Cuarta Transformación es que vivamos en una auténtica democracia y hoy hemos contribuido a ello llevando a perfiles independientes que representen a los millones de mexicanos que han luchado durante muchos años por que en el país exista una auténtica democracia. Esa lucha hoy ha abierto ese espacio”, pondera.

 

MADUREZ LEGISLATIVA

La Cámara de Diputados, en esta ocasión, actuó con gran madurez y, efectivamente, generando un ejercicio de equilibrio de poderes. ¿Por qué se llegó a esto? Porque hubo los acuerdos, por escrito, en la Junta de Coordinación Política, que le brindaron esa capacidad de contrapeso”, afirma Gutiérrez de la Garza.

Para el exdiputado federal, las designaciones por consenso de los consejeros electorales fortalecen al árbitro electoral y ameritan el reconocimiento de los coordinadores de las bancadas, especialmente de quien encabeza al grupo mayoritario y a la Jucopo.

Considera el también exsecretario de gobierno de Nuevo León que el método utilizado para la elección de los consejeros del INE fue el acertado para garantizar que llegaran los mejores perfiles. Y que debe retomarse como una buena práctica en el relevo de los organismos autónomos.

La lección es muy clara: a fuerza y a caprichos no funciona nada en este país. Lo importante es cumplir con las reglas y con el Estado de derecho”, señala.

 

DEFIENDEN LA LEY

La Reforma Energética fue aprobada por la mayoría en el Congreso. Y aunque el gobierno la cuestiona, se comprometió a no cambiar la Constitución. Y por eso ha querido saltársela a decretazos”, resume la senadora Gálvez Ruiz.

Recuerda el caso de los certificados de energía limpia, el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) con motivo de la pandemia, el decreto de la Secretaría de Energía y, finalmente, las tarifas de la CRE que, si bien son justas, se tomaron al margen de las mejores prácticas regulatorias.

Y una y otra vez, los inversionistas se han inconformado y han ganado los amparos. El Poder Judicial se ha apegado a derecho porque el gobierno ha hecho las cosas de manera inadecuada. Si quiere cambiar estas reglas del juego, se vale, pero tiene que reformar la Constitución y, para los nuevos contratos, ya sabrán los privados si le entran o no. Pero ellos le entraron con unas reglas y si éstas se cambian a la mitad del camino, eso es lo que no se vale. Y el Poder Judicial tiene clarísimo que se está violando el Estado de derecho”, concluye.

 

PRECEDENTE

Max Kaiser, presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex, valora como positivo que la SCJN haya tenido la capacidad de dejar un precedente y, en el caso de la llamada Ley Tabasco, concluir que no era acorde con el artículo 134 de la Constitución ni con los tratados internacionales y convenciones que México ha firmado en materia de licitaciones de obras públicas. 

El gobierno asigna ocho de cada diez contratos vía adjudicación directa y por lo menos tres por invitación. Sólo en entre 13 y 14% de sus contrataciones hay licitación”, explica.

La Corte consideró que este argumento de permitir adjudicaciones directas sólo porque supuestamente hay proyectos que el gobierno declara como estratégicos es insuficiente y, por lo tanto, violatorio del 134”, detalla. 

Alerta que, ahora, Morena busca en el Congreso replicar la idea con la reforma a la Ley de Adquisiciones, misma que “tiene cualquier cantidad de vicios de inconstitucionalidad y tendría que ser llevada a la Corte”.

Señala que es una iniciativa contraria a las mejores prácticas, tratados, al T-MEC y a la Convención de Mérida de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual establece que la licitación pública es obligatoria para un Estado comprometido con esa lucha.

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