Las criminalizan hasta sus familiares por aborto
Aunque la pérdida del producto sea involuntaria, son denunciadas como si cometieran homicidio

CIUDAD DE MÉXICO.
La criminalización de las mujeres por el delito de aborto y, en otros casos, por el delito de homicidio en razón de parentesco o infanticidio, como en el caso de Dafne McPherson, sigue siendo una realidad preocupante en México, advirtió el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)
“En general hemos encontrado que los patrones se mantienen, las mujeres continúan siendo criminalizadas por abortos, son denunciadas por personal de salud cuando llegan a los hospitales, en ocasiones por sus familias o trabajadores sociales; y algo muy preocupante que se refleja en el caso de Dafne, es que son mujeres no criminalizadas por el delito de aborto tal cual, sino por homicidio, es decir, en lugar de que las mujeres sean acusadas de aborto, por lo que se les imponen penas como de tres a cinco años, ahora están siendo criminalizadas por homicidio y esas penas son mucho más altas, hasta de 20 años en adelante”, alertó Isabel Fulda, coordinadora de investigación en GIRE.
Tan sólo en 2015 GIRE identificó y acompañó 23 casos de criminalización por aborto en entidades como Veracruz, Baja California, San Luis Potosí, Aguascalientes, Yucatán, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Sinaloa y Morelos.
En esos casos las autoridades ministeriales iniciaron investigaciones penales en contra de las mujeres, pese a no contar con elementos claros respecto de si se trató de un aborto inducido o un aborto espontáneo.
Para Isabel Fulda este tipo de conductas ha aumentado a partir de las reformas constitucionales en 18 entidades del país que protegen la vida desde el momento de la concepción y que comenzaron a realizarse desde 2008, en respuesta a la despenalización de la interrupción del embarazo en la Ciudad de México.
“Esto ha hecho que se persiga a la mujer de una manera más dura; no tendría que ser así, pero la forma en que jueces, ministerios públicos y médicos interpretan esta protección a la vida, es que ‘entonces los embriones son personas’ y bajo esta idea una mujer ya no comete aborto sino homicidio”, explicó.
Tras señalar que entre las múltiples violaciones a los derechos reproductivos que enfrentan las mujeres, el de la criminalización por aborto u homicidio en razón de parentesco es una de las más graves, Fulda describió que el patrón es muy parecido en la mayoría de los casos.
“Quienes las denuncian principalmente es el personal de salud, ya sea médicos o enfermeras, así como trabajadores sociales; la mujer llega con un aborto en evolución y en lugar de darle la atención médica, que es lo que tendrían que hacer como prioritario, la cuestionan, en ese momento la acusan, entonces llega el Ministerio Público a los hospitales, es una cosa bastante impresionante cómo con lo mal que funciona el sistema de justicia en nuestro país, en el caso de estas mujeres, pues la verdad es que el proceso penal transcurre de manera muy rápida; las llegan a cuestionar incluso en los hospitales mientras ellas siguen con su proceso médico”.
“Como en el caso de Dafne también hemos encontrado patrones similares; mujeres que tienen partos fortuitos o espontáneos, pero ya con un embarazo de siete, ocho meses; generalmente van al baño, ahí paren. También hay patrones parecidos con fallas al debido proceso”, expuso.