Congreso de Baja California adelanta ajuste de austeridad
La XXV Legislatura, encabezada por Michel Sánchez Allende, anticipa medidas del Plan B al ajustar su gasto interno sin afectar funciones sustantivas
En un acuerdo avalado por consenso de todas las fuerzas políticas, la XXV Legislatura del Congreso de Baja California aprobó una reducción de 52 millones 648 mil 55.99 pesos a su Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2026, en lo que se perfila como un movimiento anticipado de austeridad frente a las disposiciones federales.
El ajuste cobra relevancia porque se implementa de manera voluntaria y adelantada, pese a que el denominado Plan B establece la obligación de estos recortes hasta 2027, cuando además los congresos estatales deberán cumplir con el tope del 0.7% del presupuesto estatal.
La presidenta del Congreso, Michel Sánchez Allende, subrayó que el acuerdo refleja un ejercicio de responsabilidad compartida en un órgano legislativo plural. Reconoció que, aunque existen diferencias ideológicas, todas las bancadas coincidieron en la necesidad de fortalecer la disciplina en el uso de los recursos públicos.
Los ahorros derivan de ajustes en distintos rubros operativos, entre ellos alimentación del personal, adquisición de vehículos, telefonía, servicios de comunicación, papelería y otros insumos administrativos, lo que permitió generar una bolsa significativa sin afectar funciones sustantivas.
El Congreso precisó que esta reducción impacta directamente su presupuesto interno, el cual forma parte del gasto estatal. En ese sentido, corresponderá a la Secretaría de Hacienda definir el destino de los recursos liberados, con la expectativa de que sean canalizados a sectores prioritarios como salud, educación y municipios, previa revisión en la Comisión de Hacienda.
Diputadas y diputados coincidieron en que este recorte debe traducirse en beneficios tangibles para la ciudadanía, marcando así una ruta inicial hacia una política de mayor austeridad y eficiencia en el gasto público.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad y presentado por la Junta de Coordinación Política, a partir de un planteamiento surgido en la Comisión de Administración y Finanzas, consolidando uno de los primeros ajustes de este tipo a nivel estatal antes del plazo legal establecido.
