En la narrativa oficial que emana cada mañana desde los micrófonos del poder en México, existe una fijación matemática por la reducción de los índices delictivos. Se nos presentan gráficas, porcentajes y tendencias que, analizadas con la lupa de optimismo gubernamental, pretenden convencernos de que el país camina hacia una pacificación irreversible.
El argumento central es simple: los homicidios dolosos han bajado. Sin embargo, en este despliegue de triunfalismo estadístico, se omite una variable que es, en última instancia, la que define la salud de una democracia y la seguridad real de sus ciudadanos: la tasa de impunidad. Mientras el gobierno se regocija por una caída en el número de asesinatos cometidos, la maquinaria de justicia sigue oxidada, inmóvil y, en muchos casos, cómplice del silencio.
El problema fundamental radica en una visión reduccionista y profundamente deshumanizada de lo que significa la violencia y el deber del Estado. Para la administración actual, parece que el homicidio es un acto que encuentra su conclusión en el momento mismo en que una vida se apaga. Una vez que el cuerpo es levantado y la cinta amarilla de la escena del crimen se retira, el sistema parece considerar que su responsabilidad ha terminado, o peor aún, que el hecho ya ha sido contabilizado y, por ende, procesado por la burocracia de la seguridad.
Bajo esta lógica, un asesinato menos en la estadística es un éxito político, pero se deja de lado que cada uno de esos crímenes que permanecen sin castigo –que en México representan la abrumadora mayoría de los casos, cercana al 94%– es una invitación abierta a la repetición.
Resulta imperativo recordar a quienes gobiernan que, en un Estado de derecho funcional, el homicidio no termina cuando expira la víctima. Para el aparato de justicia, la muerte debería ser apenas el punto de partida; es el lugar donde tendría que comenzar su verdadero trabajo. La labor del gobierno no debería medirse únicamente por la cantidad de personas que dejaron de morir este mes en comparación con el anterior, sino por cuántos de esos asesinos fueron llevados ante un juez, procesados con pruebas contundentes y sentenciados conforme a la ley.
El enfoque actual es una capitulación ética: se celebra que “matan menos”, pero se tolera que maten gratis. La impunidad es el combustible que alimenta el motor de la violencia, y mientras esa tasa no descienda con la misma o mayor velocidad que la de los asesinatos, cualquier reducción estadística será tan frágil como un castillo de naipes en el viento.
Para los familiares de las víctimas, la noticia de que los homicidios bajaron 41% por ciento a nivel nacional –como presume la autoridad– no ofrece consuelo ni seguridad si el asesino de su padre, de su hija o de su hermano sigue caminando por las mismas calles, gozando de una libertad que el Estado le ha otorgado por omisión.
Cuando el gobierno se olvida de la impunidad, está enviando un mensaje peligroso a la sociedad: que la vida humana tiene un valor estadístico, pero no un valor judicial. El trabajo del Estado no es ser un espectador que cuenta cadáveres y suspira aliviado cuando la pila es un poco más baja que la del año pasado; su trabajo es ser el garante de que nadie pueda arrebatar una vida sin enfrentar las consecuencias legales de sus actos.
La paz no es sólo la ausencia de disparos, sino la presencia de justicia. Si el gobierno persiste en ignorar el elefante en la sala –esa cifra superior a 90% de delitos que nunca se resuelven–, el país seguirá atrapado en un ciclo de violencia que ninguna gráfica de barras podrá ocultar por mucho tiempo.
La justicia no es un lujo ni un complemento de la seguridad; es su cimiento. Hasta que el gobierno entienda que su misión más crítica comienza cuando el corazón de una víctima deja de latir, México seguirá siendo un país donde se puede matar porque, sencillamente, no pasa nada.
La verdadera transformación no vendrá de la reducción de la muerte, sino de la erradicación del perdón institucional a los verdugos. Sólo cuando el trabajo de investigar y sentenciar sea la prioridad, podremos hablar de un país que realmente protege la vida de sus ciudadanos.