Son varios los países donde el fracking ha cambiado de forma importante la producción de energía. En lugares como Estados Unidos, por ejemplo, dicha técnica ha permitido aumentar la extracción de gas y petróleo, para, así, reducir la dependencia de importaciones y generar empleos e inversiones. Sin embargo, no todo ha sido positivo, pues este paso ha ido acompañado de preocupaciones por sus impactos en el medio ambiente, en el uso del agua y en la vida de las comunidades. Hoy, la posibilidad de aplicar el fracking en México abre ese debate.
El fracking, o fracturación hidráulica, es una técnica para extraer hidrocarburos que están atrapados en rocas profundas, la cual consiste en perforar el subsuelo e inyectar una mezcla de agua, arena y químicos a muy alta presión, lo que rompe la roca y permite liberar el gas o el petróleo.
Si bien se presume que esta técnica permite aumentar la disponibilidad de energía, hacer más competitivos los precios, generar empleos y detonar actividad económica en ciertas regiones, también puede generar riesgos claros al requerir grandes cantidades de agua, provocar contaminación si no se realiza de forma correcta y generar emisiones contaminantes. Por eso, su uso ha sido muy discutido en distintos países.
En el caso de México, el escenario no es sencillo. Por un lado, el fracking podría ayudar a reducir la dependencia del gas que se importa, especialmente de Estados Unidos, lo que tiene implicaciones directas en la soberanía energética del país. Contar con más recursos propios podría dar mayor estabilidad en el suministro y abrir oportunidades de desarrollo económico en zonas donde existen estos yacimientos.
Pero no podemos negar que muchas regiones del país enfrentan problemas de escasez de agua, que la capacidad de supervisar correctamente la actividad no está asegurada y que, de practicarse, algunas comunidades podrían verse afectadas en su entorno y calidad de vida. La experiencia internacional ha mostrado que los beneficios no siempre se distribuyen de forma equitativa y que los riesgos pueden aumentar si no hay reglas claras.
En este contexto, cobra especial importancia el papel del nuevo comité de científicos y especialistas presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que tendrá la tarea de analizar la viabilidad de la explotación sustentable de las reservas de gas natural mediante la aplicación del fracking en México, pues, ante una decisión de esa magnitud, es preciso un trabajo serio, con sustento técnico y con apertura a distintas voces.
Más allá de calcular cuánto petróleo o gas se podría extraer, es fundamental evaluar los impactos ambientales, sociales y económicos de esa actividad. También es clave que se escuche a las comunidades, que se revisen experiencias de otros países y que se definan mecanismos claros de regulación, vigilancia y rendición de cuentas.
Y es que este debate ocurre en un momento en el que el mundo está en transición hacia fuentes de energía más limpias. Mientras algunos países siguen apostando por los hidrocarburos como una forma de asegurar su suministro en el corto plazo, otros están invirtiendo con más fuerza en energías renovables.
México tendrá que encontrar su propio equilibrio en este contexto, considerando tanto sus necesidades energéticas como la urgencia de cuidar el medio ambiente. Al final, lo más importante es mantenerse atentos a cómo evoluciona esta discusión, pues, si bien aún no hay una decisión tomada, sí es una alternativa que está sobre la mesa.
Más allá de posturas a favor o en contra, el reto está en informarse, analizar con calma sus alcances y sus efectos, y exigir que cualquier decisión se tome con responsabilidad y pensando en el largo plazo para evitar que el medio ambiente, la economía o las personas terminen pagando un costo superior al beneficio esperado.