¿Proveedor o socio de Estados Unidos?, la encrucijada que enfrenta México 

POR JOSÉ RAMÓN LÓPEZ-PORTILLO ROMANO

I. La paradoja del mayor socio

México es hoy el mayor socio comercial de la economía más grande del mundo. Más de 800 mil millones de dólares cruzan la frontera cada año —casi la mitad de lo que el país produce. Esta cifra, que debería ser motivo de orgullo y de fuerza, encierra en cambio una de las paradojas más reveladoras de la historia económica contemporánea: pese a la magnitud de esa interdependencia, México no ha crecido de manera sostenida ni ha logrado construir una soberanía tecnológica propia comparable a la de otras economías que partieron de condiciones similares. Irlanda, Corea del Sur, Singapur o Taiwán —economías pequeñas, periféricas en distintos momentos, con recursos naturales limitados— encontraron en su inserción en el sistema global una palanca para el desarrollo industrial y tecnológico. México, en cambio, encontró en la suya una trampa de bajo valor agregado.

La pregunta fundamental no es si México debe mantener su relación con Estados Unidos. Esa respuesta ya está dada por la geografía, la historia y la economía. La pregunta es por qué, con semejante volumen de intercambio, México carece de poder de negociación efectivo y de una estrategia articulada para determinar qué quiere de esa relación y qué debe exigirle a su principal socio. La ausencia de esa estrategia no es un accidente administrativo ni una omisión técnica. Es el reflejo de un problema más profundo: el marco conceptual bajo el cual México ha entendido esta relación durante décadas está siendo desafiado de raíz, y el país aún no ha procesado las consecuencias de ese desafío.

Ese marco descansaba sobre tres pilares:

• El libre comercio como garantía automática de prosperidad, bajo la premisa de que la apertura de mercados generaría crecimiento, inversión y convergencia con los niveles de vida del Norte.

• La interdependencia económica como escudo estratégico, bajo la idea de que la profundidad de los vínculos comerciales y financieros disuadiría comportamientos agresivos por parte del vecino.

• La hegemonía estadunidense como factor estabilizador del sistema internacional, garante de reglas predecibles y de un orden liberal basado en instituciones multilaterales. Ese mundo ya no existe. Y México sigue actuando como si existiera.

II. La era tecnoeconómica y sus transformaciones 

En lugar de ese orden ha surgido lo que puede llamarse una era tecnoeconómica: un periodo histórico en el que la inteligencia artificial, los datos y los activos intangibles se han convertido en la principal fuente de valor, poder y competitividad, desplazando al capital físico, los recursos naturales y la mano de obra como variables determinantes del desarrollo. 

Esta transición no es un ciclo más dentro del capitalismo industrial: es un cambio de paradigma equivalente, en su alcance estructural, a la revolución industrial del siglo XIX, aunque con una diferencia crucial. Mientras aquella tardó décadas en transformar las estructuras productivas y sociales, dando tiempo —desigual e injusto, pero tiempo al fin— para adaptaciones institucionales y políticas, la revolución tecnoeconómica opera en ciclos de meses, impone exigencias de adaptación que ningún Estado ha resuelto satisfactoriamente, y distribuye sus efectos de manera simultánea en economías avanzadas y en desarrollo, eliminando la posibilidad de aprendizaje gradual.

Esta era se expresa en tres transformaciones simultáneas que reconfiguran el entorno en el que México debe tomar decisiones de largo plazo. 

• La primera es el surgimiento de un mundo marcado por el avance tecnológico exponencial, donde la capacidad de innovar, acumular datos y controlar infraestructuras digitales define la posición relativa de los actores —estatales y corporativos— en la jerarquía global. 
• La segunda es el cambio del orden internacional: el declive relativo de la hegemonía estadunidense, el ascenso de China como potencia sistémica, y la emergencia de un mundo multipolar en el que las reglas ya no las dicta un solo actor y en el que la cooperación multilateral se ha vuelto estructuralmente más difícil. 
• La tercera es la reconfiguración interna del poder en Estados Unidos: la erosión de sus instituciones de contrapeso, el ascenso de una oligarquía tecnológica sin precedentes en su concentración de poder, y la ruptura del consenso bipartidista sobre el papel de EU en el mundo.

La disputa central de esta era es la lucha por la supremacía tecnomilitar entre Estados Unidos y China. Esta rivalidad no es comercial en su esencia: es civilizacional en su alcance. Se dirime en el control de los semiconductores de alta gama, los modelos de inteligencia artificial, las plataformas de datos, los estándares tecnológicos globales y las cadenas de suministro de los minerales críticos que hacen posible la economía digital. El resto del mundo —incluida Europa— no es protagonista de esta disputa. Es, en el mejor de los casos, un aliado que cada potencia trata de incorporar a su esfera; y en el peor, un territorio cuyas decisiones de política económica, energética y digital son condicionadas por las exigencias de uno u otro bloque.

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En ese contexto, la lectura que Washington hace de México ha cambiado cualitativamente. Ya no se trata principalmente de un mercado de exportación ni de una plataforma de manufactura de bajo costo. Se trata de un territorio estratégico que provee, o puede proveer, insumos críticos para la competencia tecnomilitar: minerales estratégicos como el litio, el cobre y las tierras raras; energía en volúmenes suficientes para alimentar la demanda exponencial de los centros de datos y la manufactura avanzada; talento calificado para las cadenas de valor del siglo XXI; agua en un mundo donde la escasez hídrica se convierte en variable geopolítica; infraestructura física y digital; y estabilidad territorial en la frontera sur de EU. Por eso México no es contemplado en Washington como socio estratégico en sentido pleno —un actor con intereses propios que negocia en condiciones de cierta paridad— sino como proveedor de condiciones. La pregunta que México debe responderse es si acepta ese rol o si tiene la claridad y la voluntad para negociar uno mejor.

III. El colapso del orden neoliberal y sus raíces 

Para entender lo que está ocurriendo es indispensable situar el momento presente en su perspectiva histórica correcta. El error más costoso en el que puede incurrir el análisis político mexicano es interpretar lo que vivimos como el capricho de un presidente particular —una anomalía pasajera que terminará con el ciclo electoral de 2028. Ese error no sólo es diagnósticamente incorrecto: es estratégicamente peligroso, porque lleva a la inacción y a la espera de una normalidad que no va a regresar.

El proceso que vivimos tiene raíces que anteceden a Trump en dos décadas. Se ha desmoronado el orden económico construido laboriosamente tras la Segunda Guerra Mundial: el sistema de instituciones multilaterales —el FMI, el Banco Mundial, la OMC, el sistema de Naciones Unidas—, las reglas del comercio internacional, y la arquitectura del Consenso de Washington que impuso, desde finales de los años ochenta, la liberalización económica, las privatizaciones y las condiciones para una globalización fincada en el libre comercio. Ese orden nunca fue neutral: fue diseñado, sostenido y operado en función de los intereses del capitalismo anglosajón, y en particular del estadunidense. Pero tenía reglas, y las reglas —aunque asimétricas— creaban un mínimo de previsibilidad.

Desde la gran recesión de 2008, Estados Unidos comenzó a cuestionar y subvertir ese orden desde adentro. La crisis financiera global, que tuvo su epicentro en Wall Street, devastó la credibilidad del modelo desregulado que EU había promovido como universal. 

Las consecuencias sociales —desempleo masivo, quiebra de clases medias, concentración extrema de la riqueza— generaron las condiciones políticas para el ascenso de un nuevo proteccionismo. Obama inició ese giro con matices; Trump lo radicalizó sin límites; Biden lo continuó con otros instrumentos —el CHIPS Act, el Inflation Reduction Act— y Trump lo lleva hoy a su expresión más extrema.

Lo que este arco histórico revela es que el libre mercado neoliberal fue el interludio, no la norma. En la historia económica de Estados Unidos, el proteccionismo, la intervención estatal activa y la visión mercantilista han sido la posición por defecto. Alexander Hamilton, no Adam Smith, es el padre fundador de la política económica estadunidense. 

El periodo de apertura y multilateralismo que México experimentó como su entorno natural —y que le permitió negociar el TLCAN bajo ciertas premisas— fue una excepción históricamente delimitada, no el estado permanente de las cosas.

 La versión mexicana de ese interludio fue particularmente extrema: ningún país de la OCDE llevó las premisas del Consenso de Washington tan lejos y con tan escasas salvaguardas sociales como México en los años noventa.

Trump no creó este proceso. Lo heredó, lo amplificó y lo personalizó con una retórica agresiva que hace más visible lo que siempre estuvo latente. La diferencia fundamental con sus antecesores no es ideológica sino institucional: Trump opera con un grado de impunidad frente a los contrapesos institucionales que sus antecesores no tuvieron. 

El Partido Republicano ha abandonado su función equilibradora y se ha convertido en instrumento personal. La burocracia profesional ha sido desmantelada de manera sistemática. El Poder Judicial ha sido reconfigurado. 

Como señala la politóloga Elizabeth Saunders citada por Leonardo Curzio, Trump funciona como presidente imperial en casa y emperador fuera: nadie sabe cuándo va a atacar y cuándo va a negociar. Esa incertidumbre calculada no es un defecto de su estilo —es un instrumento deliberado de presión—.

IV. El nuevo orden iliberal-tecnológico

Lo que emerge de este proceso no es el retorno al proteccionismo del siglo XIX ni tampoco un simple viraje político. Es algo cualitativamente distinto: un orden iliberal-tecnológico con rasgos que reconfiguran las relaciones de poder a escala global y que afectan a México de manera directa e inmediata.

El primero de esos rasgos es la consolidación de una nueva oligarquía tecnológica sin precedentes históricos. Un puñado de compañías —Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Apple, NVIDIA, y un número reducido más— controlan la infraestructura de la inteligencia artificial, los modelos fundacionales, las plataformas de datos y los chips de alta gama que hacen posible la economía digital. Estas empresas no son solo actores económicos: son actores políticos de primera magnitud. NVIDIA tiene una capitalización de mercado superior al PIB del Reino Unido o de Francia. 

La fortuna personal de Elon Musk representa casi un cuarto de la economía mexicana. Estas magnitudes no son sólo datos sobre concentración de riqueza: reflejan una acumulación de poder —sobre infraestructura crítica, sobre flujos de información, sobre la capacidad de moldear percepciones públicas y procesos electorales— que no tiene equivalente en la historia del capitalismo. Y estas corporaciones no operan en el vacío político: están aliadas estructuralmente con el sector energético, minero y de infraestructura, formando un bloque de intereses que tiene influencia directa sobre las decisiones del gobierno de EU, incluyendo las que afectan a México.

El segundo rasgo es la fusión entre el poder estatal y el corporativo. La distinción liberal clásica entre el Estado regulador y el mercado regulado se ha erosionado de manera acelerada. Los grandes conglomerados tecnológicos no sólo influyen sobre las decisiones regulatorias: en varios casos las determinan. Esta simbiosis concentra riqueza en proporciones históricamente sin precedente, erosiona las instituciones democráticas de contrapeso y genera nuevas formas de poder que las categorías políticas tradicionales no capturan adecuadamente.

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El tercero es el autoritarismo competitivo: un régimen político en el que los procedimientos electorales coexisten con prácticas sistemáticas de distorsión del campo político. Este fenómeno no se limita a los contextos donde suele identificarse —Hungría, Turquía, algunas democracias latinoamericanas—. 

Bajo el segundo mandato de Trump, EU exhibe características de este modelo: la instrumentalización de agencias del Estado —el Departamento de Comercio, el Tesoro, el USTR, pero también la DEA, el Departamento de Defensa y el ICE— para ejercer presión política y económica sobre actores domésticos e internacionales; la reducción sistemática de la burocracia profesional como contrapeso institucional; y la instalación de la autocensura —en medios de comunicación, en el sector empresarial, en la academia— como mecanismo de control social. La autocensura es más eficiente que la represión: no requiere aparato coercitivo visible, genera obediencia preventiva y es jurídicamente inimpugnable.

El cuarto rasgo es el Crimen 4.0: la integración de inteligencia artificial, criptomonedas, drones y ciberataques en las operaciones de las organizaciones criminales transnacionales. Estas organizaciones han dejado de ser actores parasitarios del Estado para convertirse, en varios territorios, en actores paralelos de gobernanza: proveen servicios, imponen normas, resuelven conflictos y mantienen lealtades poblacionales mediante una combinación de coerción y distribución de recursos. Su capacidad para manipular resultados electorales —a través del control territorial, la intimidación de candidatos y la financiación de campañas— los convierte en actores políticos de facto en regiones enteras de México y Centroamérica.

A estos cuatro rasgos del nuevo orden global se añade un problema estructural propio de México: el neoliberalismo no sólo dejó al país sin una estrategia de desarrollo, sino sin la capacidad institucional para ejecutar una si la tuviera. 

México tiene hoy un gobierno políticamente legitimado en las urnas, pero institucionalmente débil de maneras que van mucho más allá del problema de seguridad que suele dominar el debate público.

 La capacidad regulatoria del Estado está capturada en varios sectores o simplemente ausente; el sistema fiscal genera una recaudación entre las más bajas de la OCDE, lo que limita estructuralmente la inversión pública en infraestructura, ciencia y educación; las instituciones de ciencia y tecnología están crónicamente subfinanciadas y sin la masa crítica necesaria para generar innovación propia; la innovación endógena —entendida como la capacidad de producir tecnología propia con aplicación comercial— es casi inexistente; la infraestructura energética y digital es insuficiente para sostener la transformación productiva que la era tecnoeconómica exige; y existe una grave ausencia de educación orientada a la economía del conocimiento, que deja a las generaciones jóvenes sin las herramientas para competir en el mercado laboral del siglo XXI.

V. Estados Unidos: el socio no confiable

Leonardo Curzio ofrece en su análisis una imagen analíticamente precisa y retóricamente poderosa: Estados Unidos transita de supernova a estrella de menor irradiación. La metáfora no describe un colapso —EU seguirá siendo la economía más grande y la potencia militar más formidable del planeta durante décadas—, sino una recalibración profunda de su rol, sus compromisos y sus métodos. Una supernova irradia energía hacia afuera, organiza el sistema en torno a sí misma, genera interdependencias que le sirven de base de poder. Una estrella de menor irradiación retrae su energía, prioriza su entorno inmediato, y tiende a relacionarse con sus vecinos con lógica de extracción más que de cooperación.

Trump rechaza explícitamente el orden internacional que la política exterior estadunidense había construido y sostenido durante ocho décadas: las alianzas multilaterales, los compromisos de seguridad colectiva, las instituciones de gobernanza global, los acuerdos de libre comercio. No lo hace por error de cálculo ni por ignorancia: lo hace porque considera que ese orden costó más de lo que dio a EU en términos de poder relativo. Esta lógica tiene una consecuencia directa para México y para la región: una potencia que recalibra sus alianzas con lógica regional tiende a desarrollar actitudes más agresivas hacia sus vecinos inmediatos. Rusia en Ucrania y Bielorrusia es el caso paradigmático. Los aranceles de Trump como instrumento de coerción, el discurso sobre la “invasión” migrante, y la retórica anexionista —que no se limita a Canadá sino que incluye Groenlandia, Cuba, Venezuela, Panamá y el propio México— son expresiones de esa misma lógica aplicada al hemisferio occidental.

El resultado es que Estados Unidos se ha convertido en el socio no confiable. No porque sea hostil en el sentido de un adversario declarado —las bases de la interdependencia económica son demasiado profundas para eso—, sino porque actúa con una arbitrariedad que hace imposible la planificación estratégica a largo plazo por parte de sus socios. 

Los aranceles indiscriminados no responden a lógica económica sino a la del poder: sirven para extraer concesiones, crear dependencias y mantener a los socios permanentemente a la defensiva. La narrativa securitizadora —migrantes, fentanilo, vínculos entre el crimen organizado y el Estado mexicano— no desaparecerá con el cambio de administración en Washington. Se ha instalado como doctrina bipartidista, con raíces en el Departamento de Justicia, la DEA, el Pentágono y los comités del Congreso que trascienden el ciclo electoral.

VI. El fin de la relaciónesela especial y la asimetría permanente 

El politólogo Mario Ojeda describió hace décadas lo que llamó la “relación especial” entre México y Estados Unidos: un pacto implícito en el que Washington toleraba ciertos niveles de impunidad, corrupción y autoritarismo en México a cambio de estabilidad política, control migratorio y colaboración en los intereses geopolíticos de EU en la región. Este pacto —nunca formalizado, siempre negable, pero operativamente real durante décadas— fue la base sobre la que el PRI y luego los gobiernos de la transición democrática construyeron su margen de maniobra frente a Washington. La relación era profundamente asimétrica, pero tenía reglas implícitas que ambas partes respetaban.

Ese pacto terminó. La extracción del Cártel de Sinaloa y la captura del Mayo Zambada en territorio estadunidense sin coordinación con el gobierno mexicano, el señalamiento de entidades financieras mexicanas por el Departamento del Tesoro, y la declaratoria de los principales cárteles como organizaciones terroristas son señales inequívocas de que Washington ha decidido operar unilateralmente en el espacio de seguridad que antes era objeto de negociación bilateral. El problema no es que EU haya cambiado las reglas —tiene el poder para hacerlo y razones para ello—. El problema es que sectores enteros del gobierno mexicano, habituados a las lógicas de la relación especial, no han comprendido la profundidad de ese cambio y siguen operando con un mapa que ya no corresponde al territorio.

Lo que existe ahora en lugar de la relación especial es una asimetría permanente institucionalizada. No hay métricas acordadas para medir si México cumple en la lucha contra el narcotráfico —la vara puede moverse en cualquier momento, siempre se puede exigir más—, ni hay mecanismos equivalentes para medir si EU cumple con su propia corresponsabilidad: el control del flujo de armas hacia México —miles de armas que alimentan la violencia de los cárteles—, la regulación del lavado de dinero en el sistema financiero estadunidense, o la persecución de narcotraficantes y sus redes en territorio norteamericano. Esta asimetría es deliberada: los testimonios de capos encarcelados en prisiones federales de EU se reservan como amenaza latente, disponible para ser activada en el momento políticamente conveniente. El resultado es estructural: México negocia siempre a la defensiva, bajo la espada de Damocles, sin criterios claros ni corresponsabilidad real del otro lado.

VII. La ventajas reales de la integración: una lectura trilateral

Sería un error, sin embargo, concluir de este análisis que la integración con Estados Unidos es puramente una trampa de la que México debe escapar. Las ventajas son reales y de magnitudes que no tienen equivalente en ninguna otra relación económica del mundo. En 2024, México y EU intercambiaron 840 mil millones de dólares en bienes —la cifra más alta jamás registrada entre dos países— y cerca de 945 mil millones incluyendo servicios. 

El déficit comercial de EU con México, que Trump utiliza como argumento de agravio, no refleja que México se “aproveche” de la relación: refleja que México exporta manufacturas que EU ya no produce ni tiene incentivos para producir, y que la interdependencia de las cadenas de valor hace que el “déficit” estadunidense sea, en gran medida, un subproducto de decisiones tomadas por empresas estadunidenses que relocalizaron su producción en México.

Sin embargo, la integración debe leerse en perspectiva trilateral, no bilateral. Canadá no es sólo otro vecino en el norte: es el aliado natural de México en una coalición norteamericana de potencias medias. México y Canadá comparten la misma vulnerabilidad estructural frente a la volatilidad de las decisiones de Washington y los mismos incentivos para construir una posición común que eleve su poder de negociación colectivo. La energía —petróleo, gas natural, minerales críticos para la transición energética, energías renovables— es el pegamento estratégico de la región: son activos norteamericanos compartidos cuya gestión conjunta hace viable la competitividad regional frente a China en las cadenas de valor de la economía decarbonizada.

El nearshoring —la relocalización de cadenas de producción desde Asia hacia América del Norte— es otro activo que México debe saber leer correctamente. No es un regalo que EU hace a México por sus méritos: es un subproducto de la rivalidad estructural con China. Las empresas que relocalizan no vienen porque México sea el destino más atractivo del mundo; vienen porque necesitan salir de China y quedarse cerca de EU. Esta distinción no es semántica: tiene consecuencias directas sobre qué puede exigir México como condición para su participación en esas cadenas de valor. 

México captó 45.3 mil millones de dólares en inversión extranjera directa en 2024, un aumento de 48% respecto al año anterior —la cifra más alta desde 2013—, pero existe una brecha enorme entre los anuncios de inversión y la concreción real de proyectos, asociada precisamente a las debilidades institucionales, de infraestructura y de certidumbre jurídica que el Estado mexicano no ha resuelto.

Las remesas constituyen otro activo cuya verdadera dimensión apenas empieza a comprenderse. En 2024 alcanzaron 65 mil millones de dólares —el 3.4% del PIB—, superando con creces los ingresos por turismo y compitiendo con los ingresos petroleros como fuente de divisas. Un recorte de 20% como resultado de deportaciones masivas equivaldría a casi 0.7 puntos porcentuales del PIB: un shock macroeconómico equivalente a una recesión moderada, que afectaría de manera desproporcionada a los estados más pobres y a las familias de menores ingresos. Esto convierte la política migratoria de Trump en un riesgo macroeconómico directo que debe ser tratado como tal —con análisis de escenarios, planes de contingencia y estrategias de negociación— y no sólo como un tema de derechos humanos o de política humanitaria.

Finalmente, hay un activo que raramente aparece en el análisis de la relación bilateral: el bono demográfico. Mientras Estados Unidos y Canadá envejecen aceleradamente —con todas las consecuencias que eso tiene sobre la sostenibilidad de sus sistemas de pensiones, de salud y de productividad laboral—, México tiene una población joven y numerosa que, si recibe la educación y la formación adecuadas, representa una ventaja comparativa de primer orden en la economía del conocimiento. 

La fuerza laboral joven mexicana no es sólo una oportunidad para México: es una necesidad estructural de la región. El problema es que México no ha aprovechado ese bono para construir capital humano de alto valor agregado, sino que lo ha exportado —literalmente, en forma de migrantes— o lo ha incorporado a cadenas productivas de bajo valor que la automatización está erosionando aceleradamente.

iecm