La crisis que hoy enfrenta México ha escalado a un nivel mucho más delicado: personajes de la primera línea de Morena han sido protegidos institucionalmente pese a señalamientos cada vez más graves sobre presuntos vínculos con el crimen organizado. Los casos del gobernador Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza Cázarez y de otros actores señalados por autoridades e investigaciones en Estados Unidos, representan hoy el ejemplo más claro del pacto que tiene el gobierno federal con el crimen organizado.
Lo que hoy está en juego es la credibilidad institucional del Estado mexicano. Cuando existen investigaciones periodísticas, denuncias interpuestas, testimonios públicos y referencias provenientes de agencias estadunidenses sobre vínculos entre personajes de Morena y el crimen organizado, la obligación de cualquier gobierno democrático es esclarecer los hechos. No encubrirlos ni negarlos automáticamente, mucho menos refugiarse en el discurso de la soberanía nacional mientras evita responder sobre el fondo de las acusaciones.
El caso de Rocha Moya resulta particularmente grave porque desde la elección de 2021 comenzaron a documentarse denuncias sobre múltiples irregularidades en el proceso electoral. Diversos medios reportaron presiones territoriales, operación política irregular y testimonios que apuntaban a una posible influencia criminal. Posteriormente, actores ligados al propio Morena señalaron apoyos económicos provenientes de líderes criminales para financiar campañas políticas. A esto hay que sumarle los levantones que sufrieron candidatos a cargos de elección popular y hasta fueron levantados familiares de ellos, todo en ese mismo estado. Sin embargo, lejos de abrir investigaciones profundas y transparentes, el gobierno federal decidió cerrar filas, fiel a su estilo, desacreditando cualquier señalamiento.
Ese patrón se ha repetido una y otra vez. En cada ocasión que surge una acusación que involucra a personajes de Morena, la reacción es la negación inmediata, descalificación política y ausencia absoluta de investigaciones. El problema ya no es solamente Rocha Moya; también se encuentran los señalamientos a personajes como Jesús Ramírez, Mario Delgado, Américo Villarreal, entre otros, que surgen de un libro de circulación nacional. En éste se relata que, incluso por el vínculo de Mario Delgado con Sergio Carmona, El Rey del Huachicol, éste se presenta con López Obrador en Palacio Nacional. Durante su dirigencia nacional en Morena surgieron múltiples versiones sobre operadores políticos vinculados al financiamiento irregular de campañas. Hasta hoy, las explicaciones siguen siendo insuficientes.
Pero el problema con Mario Delgado no termina ahí. Mientras el país enfrenta una crisis internacional de credibilidad y una presión creciente por los señalamientos sobre narcopolítica, él parece más concentrado en crear una cortina de humo para que no se hable de los problemas que vive hoy el gobierno federal; el tema del calendario escolar es una distracción mediática más para desviar la coyuntura a otro lado o, en el peor de los casos, le está mintiendo a la Presidenta sobre la viabilidad de sus decisiones.
La dimensión internacional de esta crisis no puede subestimarse. Pareciera que este gobierno está minimizando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo cual no puede ser menor, debido a su forma estridente de ser, porque cuando él dice algo, lo cumple. Ahí está el ejemplo de Venezuela; el dictador Maduro se burló de él y a inicios de año fue capturado en Venezuela. Lo delicado no es únicamente lo que ocurre en Washington; lo verdaderamente grave es que el gobierno mexicano parece incapaz de comprender el tamaño del problema político y diplomático que enfrenta; ahora está en vilo el tema de los 53 consulados, pues están en investigación y no parece haber respuesta por parte del nuevo canciller que dejó Marcelo Ebrard.
Más grave aún es la narrativa oficial que pretende convertir cualquier señalamiento internacional en una agresión contra México. Exigir justicia no es atacar la soberanía. México ha colaborado históricamente en procesos de extradición y cooperación internacional sin argumentar que ello implica una invasión extranjera. Lo que hoy incomoda al oficialismo no es la cooperación bilateral, sino que las sospechas comienzan a alcanzar a figuras cercanas al poder.
Por eso resultan fundamentales las acciones anunciadas ayer por el presidente del PAN: la solicitud de juicio político, la exigencia de desaparición de poderes en Sinaloa y el recurso a instancias internacionales. Quienes intentan descalificar estas medidas como “espectáculo político” olvidan algo elemental: las instituciones democráticas existen precisamente para activarse cuando existen sospechas graves sobre el ejercicio del poder público. Exigir investigaciones no es desestabilizar al país; lo que realmente lo debilita es utilizar las instituciones para blindar políticamente a quienes deberían rendir cuentas.
México enfrenta una disyuntiva histórica: o permite que las instituciones funcionen y que cualquier servidor público señalado responda ante la ley o consolida la percepción de que el poder político se ha convertido en refugio de impunidad.