Polarizado, regresa el Congreso

Procesos de desafuero, moratorias constitucionales, una aplanadora legislativa lista a aplastar minorías, preparativos para acciones de inconstitucionalidad, imposibilidad de construir mayorías calificadas para desahogar 33 nombramientos y los ímpetus de respaldo a los aspirantes presidenciales constituyen el contexto de polarización del retorno del Poder Legislativo a sus actividades ordinarias.

El próximo jueves, los 500 diputados federales y los 128 senadores regresan a los plenos de la Cámara de Diputados y del Senado, con la urgencia del bloque oficialista, conformado por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, para aprobar nuevas reglas electorales de aplicación en 2024 y el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Frente a la decisión de los partidos que conforman juntos la mayoría en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, que conforman la oposición, refrendaron su decisión de no permitir el avance de esas reformas.

Así, ante el anuncio de que la mayoría oficialista usará su aplanadora legislativa para aprobar esas reforma sólo en disposiciones secundarias, las minorías legislativas se alistan a presentar las acciones de inconstitucionalidad que impedirán que esas reformas legales mancillen la Constitución Política del país.

Hasta el momento, de las 18 acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional que la oposición ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde que Morena utiliza su aplanadora legislativa, la Corte ha discutido nueve, de las cuales le ha dado la razón parcial o totalmente a la oposición en seis ocasiones; es decir, en el 66.6% de los casos, las minorías legislativas demostraron que sus críticas y votos en contra a las decisiones mayoritarias de Morena en el Legislativo estuvieron apegadas a los fundamentos constitucionales.

Por el momento, el centro de tensión política del Poder Legislativo está en la Cámara de Diputados, porque ahí la mayoría de Morena, junto con sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde emprenden una estrategia en contra del diputado priista Alejandro Moreno Cárdenas, presidente de la Comisión de Gobernación, dirigente nacional del PRI y acusado por el gobierno de Campeche de actos de corrupción cuando él fue el mandatario estatal.

Al margen de lo que establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la propia Cámara de Diputados, Morena asumió acuerdos para destituir a Moreno Cárdenas como presidente de la Comisión de Gobernación, con base en una convocatoria emitida por secretarios de la Comisión.

Sin embargo, para que la convocatoria de secretarios de una Comisión sea válida, se debe acreditar que el presidente de la Comisión no ha convocado a sesión de la Comisión durante el tiempo reglamentario, que es de al menos una vez al mes, pero Moreno Cárdenas sí ha convocado a reunión de la Comisión, que ha debido cancelar en la mayoría de las ocasiones, porque no se presentan los integrantes del bloque oficialista.

Morena tiene planeado que la Junta de Coordinación Política, donde tienen voto ponderado, es decir, que siempre tienen la mayoría, valide la decisión tomada por ellos para destituir a Alejandro Moreno, aunque su convocatoria haya sido ilegal y Moreno Cárdenas se mantenga, oficialmente, como presidente.

La apuesta de Morena, como lo explicaron sus propios integrantes es que el tema llegue al pleno de la Cámara de Diputados, que es el máximo órgano de decisión, para que ahí concreten la destitución de Moreno Cárdenas, pues tienen la mayoría.

Pero además, con base en una solicitud formal de la Fiscalía General del Estado de Campeche, Morena y sus aliados quieren quitar la inmunidad procesal a Moreno Cárdenas, para que sea enjuiciado por enriquecimiento ilícito.

Pero a pesar que Morena tiene los votos suficientes en el pleno de la Cámara de Diputados para quitar la inmunidad procesal a Alito, a fin de que enfrente la investigación en su contra que realiza la Fiscalía General del Estado de Campeche, la integración de la Sección Instructora, que es el primer filtro, puede salvarlo del llamado desafuero, porque ahí Morena no tiene mayoría.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos ordena que la Sección Instructora debe estar integrada por cuatro legisladores, que formen parte de la Comisión Jurisdiccional.

Esos cuatro espacios se designan en función del peso de voto de las principales fuerzas políticas. Así, el 40% del voto morenista se refleja en el derecho a dos integrantes en la Comisión Instructora; el 21.4% del voto panista se refleja en un integrante y el 14% de los priistas implica su derecho a un integrante en la Instructora.

De esta forma, serán dos morenistas, un panista y un priista; es decir, dos del bloque oficialista, que le quiere quitar el fuero a Alejandro Moreno y dos de los legisladores que llegaron por la coalición Va por México, a la que pertenece Alejandro Moreno.

El empate en la votación implicará desechar el tema, porque la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ordena que “los proyectos de dictamen de la Sección Instructora y los de las comisiones encargadas de resolver asuntos relacionados con imputaciones o fincamiento de responsabilidades, así como el juicio político y declaración de procedencia (retiro de inmunidad procesal o desafuero) sólo pasarán al Pleno si son votados por la mayoría de los integrantes respectivos”.

De esta forma, la disposición de ley obliga a que se necesitarán al menos tres de esos cuatro votos y Morena no los tiene, con lo cual el desafuero de Moreno Cárdenas, que en realidad es el retiro de la inmunidad procesal, se complica para Morena.

Planes legislativos

Morena tiene planeado aprobar reformas legales en materia de Guardia Nacional y electoral.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó a los legisladores morenistas que el jueves 1 de septiembre el Presidente de la República enviará como iniciativa presidencial la propuesta de reforma legal para que la Guardia Nacional pase a ser parte de las Fuerzas Armadas.

Pero legisladores de oposición han dejado en claro que esa reforma es de origen inconstitucional, porque la Carta Magna establece con claridad que la seguridad pública debe ser civil, por lo que la Guardia Nacional no puede pasar a ser parte de la estructura del Ejército Mexicano.

La decisión presidencial de no proponer una reforma constitucional y apostar por una legal se basa en el hecho de que PAN, PRI y PRD se comprometieron a una moratoria constitucional, es decir, no avalarán ningún cambio a la Constitución que implique la militarización de seguridad.

Hasta el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, ha dejado en claro que para el traslado de la Guardia Nacional a la estructura de la Defensa Nacional es indispensable la reforma a la Constitución, pero tanto el gobierno como la mayoría de Morena-PT-PVEM están decididos a aprobarla en ambas Cámaras y dejar que la oposición la impugne para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida si es o no constitucional.

Pero esos planes de usar la aplanadora oficialista generan tensiones de arranque en las fuerzas políticas opositoras, que si bien no tienen los votos para frenar reformas legales, sí son suficientes para impedir reformas constitucionales.

Tensiones políticas

Pero además de los diferendos que tienen desde ahora, las fuerzas políticas en el Poder Legislativo están inmersas en una dinámica electoral anticipada, lo que ha provocado que las bancadas de Morena en ambas Cámaras muestren simpatía por alguno de los cuatro aspirantes presidenciales del partido.

La semana pasada, durante la plenaria de los diputados de Morena, fue evidente que Marcelo Ebrard cuenta con predilecciones numerosas dentro de la bancada, seguido por Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López; los diputados no invitaron a Ricardo Monreal a esa pasarela de aspirantes.

En el Senado, los morenistas tienen esta semana su reunión plenaria, martes y miércoles, donde no habrá pasarela de aspirantes presidenciales, sino sesiones de trabajo con secretarios de Estado, entre ellos el canciller Marcelo Ebrard, que en el Senado tiene pocos respaldos; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que sólo tiene un par de senadores simpatizantes.

Aunque Claudia Sheinbaum tiene al menos 20 simpatizantes entre los senadores de Morena, no estará en el Senado, porque no es secretaria de Estado, sino Jefa de Gobierno y la agenda legislativa de Morena no tiene temas de interés capitalino, sino federal.

Las aspiraciones presidenciales de Ricardo Monreal tienen un numeroso respaldo entre los senadores de Morena, pero enfrenta una oposición interna, precisamente de los simpatizantes de los otros tres aspirantes morenistas, que lo ha obligado a echarse atrás en temas legislativos y lo colocan en un escenario de constante escrutinio interno e intentos por destituirlo como coordinador de la bancada.

El ambiente político dentro de Morena tiene efectos en el resto del trabajo legislativo, como reconocen los senadores del PAN, PRI, MC y PRD, quienes han tenido que ver cómo se frenan los nombramientos de 22 magistrados electorales estatales, un integrante del Consejo de la Judicatura Federal, dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, uno del Consejo Consultivo de la CNDH y hasta la entrega del reconocimiento Elvia Carrillo Puerto.

El freno a los nombramientos ha sido provocado por los 20 senadores de la llamada ala ultra, que consideran que en esas posiciones sólo deben haber militantes de morena y no especialistas que no tengan simpatía por el proyecto político de los morenistas.

*En el siguiente enlace encontrarás las noticias de Última Hora