En los últimos 50 años, las elecciones se han transformado en una vía legítima para dar representación efectiva a la ciudadanía en nuestro continente. Los avances técnicos y logísticos de la organización de comicios son evidentes. Con notables excepciones: Nicaragua, Cuba y Venezuela, el fraude ha ido desapareciendo progresivamente en América Latina.
Sin embargo, la vía electoral no ha garantizado gobiernos honestos ni la consolidación de un verdadero Estado de derecho. Así lo reconoce el Servicio de Políticas Externas del Parlamento Europeo, que alertó la semana pasada de que la corrupción, la delincuencia y la falta de controles gubernamentales efectivos han permitido una infiltración nunca antes vista en las estructuras de gobierno, particularmente a nivel local. El estudio hace énfasis en Honduras, Ecuador y México, naciones que se han visto azotadas por la violencia de los cárteles y su nociva influencia en el ejercicio del gobierno.
Como lo describe a detalle el estudio elaborado por Idea Internacional titulado: Redes Ilícitas y Política en América Latina, a medida que la consolidación de la democracia se ha arraigado en América Latina, los problemas que surgen se han vuelto más complejos y con consecuencias desastrosas para los ciudadanos.
La criminalidad, en sus múltiples rostros y facetas de negocios, es quizás uno de los mayores problemas que la democracia enfrenta en la actualidad. Los desafíos del crimen organizado ponen en peligro la legitimidad y eficacia de la democracia en un contexto cada vez más peligroso de “captura política” por parte de capos y cárteles transnacionales.
La corrupción sistemática de funcionarios públicos parece la forma más evidente de interacción entre redes ilícitas y política, pero el estudio muestra que no es la única. La aparición de zonas donde el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y la autoridad constitucional dejan de prevalecer facilita que las redes criminales establezcan “gobiernos paralelos” en los que las violaciones generalizadas de derechos humanos se extienden en largas porciones de territorio controladas por bandas y pandillas.
La “captura criminal” de algunas funciones exclusivas del Estado en manos de delincuentes se transforma en un cáncer democrático de graves consecuencias, que va más allá de simples cadenas de corrupción ya que prostituye políticamente las actividades del gobierno en beneficio de partidos y dirigentes sin escrúpulos.
Cada vez más, vemos desafíos criminales directos y violentos por parte de los carteles de la droga en contra de autoridades públicas, de los miembros del gobierno, de las fuerzas armadas, de la justicia, de los líderes políticos y de los periodistas.
BALANCE
El narcotráfico no es el único de los negocios criminales que requieren para su desarrollo una captura estratégica de políticos, partidos y autoridades. También el contrabando, la trata de personas y el tráfico de armas, por mencionar algunas actividades, necesitan la colaboración activa o pasiva de las autoridades.
Como hemos visto en muchos países de la región, el tamaño de las capacidades empresariales de los grandes cárteles determina la necesidad de colaboración por parte de funcionarios públicos y, frente a ello, los criminales despliegan diversas estrategias que afectan y distorsionan, cada vez más, el juego democrático.
Por desgracia, ningún negocio criminal proporciona mejores condiciones de vida opulenta a las comunidades que controla. La gente cae en el garlito de “cooperar” con delincuentes, bajo la ilusión transitoria de mayores ingresos. Al final, las ganancias son pasajeras y son siempre sobrepasadas por el verdadero régimen de terror y sometimiento que los criminales imponen a los ciudadanos.