Lucha anticorrupción entra a zona de limbo

CIUDAD DE MÉXICO.

Al advertir que hasta ahora no se presentó ninguna denuncia penal sobre los considerados casos emblemáticos de corrupción del sexenio pasado, el académico Marco Antonio Fernández Martínez considera preocupante que, en torno a la revisión de la Cuenta Pública 2018, prevalezca la dinámica de siempre: “mucho ruido, pocas nueces y una impunidad reiterada”.

Señala que ese contraste ha seguido dándose en la actual administración: cientos de observaciones por un presunto mal uso de recursos en programas federales o de las entidades y municipios, pero resultados paupérrimos.  

El especialista adelanta a Excélsior algunas consideraciones del estudio que al respecto realiza, a instancias de México Evalúa y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey:

“De las más de 1,000 denuncias que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) presentó desde su creación, prácticamente sólo 5 han causado sentencia”. 

Impulsor en 2016 desde el ámbito académico y de la sociedad civil de una ley de fiscalización que le diera más y mejores atribuciones a la ASF, el doctor en Ciencia Política por la Universidad de Duke señala el escaso seguimiento que se da a los casos, porque después del escándalo mediático, se desconoce qué sucede con las acciones legales a cargo de la Auditoría. 

“Nos preocupan los resultados, porque de los 23 mil de pliegos de observaciones sólo se confirma la irregularidad en cerca del 10 por ciento. Y en una proporción similar -con mucha opacidad en el acceso a la información- se han resarcido a la Federación los presuntos malos manejos que se detectaron”, detalla. 

Al revisar si las cosas han cambiado de manera significativa con la reforma de hace cuatro años en la materia, el coordinador del Programa Anticorrupción y Educación de México Evalúa señala que los resultados no son positivos. 

CERO DENUNCIAS POR CASOS DE EPN

“Incluso, hasta el momento y con la información que es pública, respecto a la Cuenta Pública de 2018 no se presentó denuncia alguna”, detalla. 

Puntualiza que tampoco se conocen los resultados de la revisión hecha a ese documento por parte de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados 

En el caso de la información que por internet difunde la ASF, falta claridad para distinguir cuándo los montos regresados por las entidades corresponden a observaciones y cuántos a multas por el mal uso de los presupuestos.

“Antes de la reforma del 2016, había la excusa perfecta para la Auditoria Superior de la Federación de que no se sabía qué había pasado con las denuncias. O, si encontraba alguna falta administrativa, qué había pasado con las personas señaladas. En el caso de las faltas administrativas, tenía que informar a los órganos internos de control de las dependencias, éstas continuaban la investigación y si ésta se caía la investigación en el Tribunal de Justicia Administrativa, la ASF se lavaba las manos .

“Y en el caso de las denuncias, decía, bueno, pues yo las presento ante la PGR y si están en integración o algo más pasa, ya no puedo hacer nada”, describe el ex director de Análisis Político de la Presidencia de la República. 

Pero en 2016, explica Fernández Martínez, la reforma estableció la obligación de la FGR de recabar la opinión de la ASF si pretendía suspender la investigación o no ejercer la acción penal, y a su vez, le dio la facultad a la Auditoría de inconformarse si la FGR lo hacía, pero la reforma no dio resultados porque la inacción en los expedientes no califica dentro de los supuestos para presentar una inconformidad, dejando todo como estaba antes. Lo mismo ocurre en materia de responsabilidades administrativas graves, materia en la que tiene la facultad completa para investigar y llevar los elementos ante el Tribunal Administrativo, lo que legalmente se llama substanciar el caso. “De ejercerse plenamente las atribuciones que tienen tanto la Auditoría como el Tribunal, ya no habría forma de argumentar que los casos se cayeron. Sin embargo, la implementación de este nuevo sistema de investigación y sanción de faltas administrativas ha sido incompleta. Actualmente, aún está pendiente el nombramiento de los magistrados ‘anticorrupción’ y la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de resolver una contradicción de tesis para clarificar que es a partir de julio de 2017 que el Tribunal interviene con todas sus facultades en la sanción de faltas administrativas”, contrasta.

Sin embargo, destaca, la ASF no ha informado cuántos de los juicios administrativos contra funcionarios y miembros del sector privado se han sostenido derivado de sus investigaciones. 

“No ha ejercido la facultad para inconformarse ante la Fiscalía por inacción de la denuncia. Anunciaron un convenio de colaboración entre la ASF y la fiscalía, ¿y en qué se ha traducido? De hecho, para la Cuenta Pública de 2018 no hizo ninguna denuncia”, enfatiza. 

ODEBRECHT, ESTAFA Y AEROPUERTO

Cuestionado sobre si la ASF hizo aportaciones en esa Cuenta Pública para profundizar en el caso Odebrecht, comenta que en las auditorías sobre Pemex hay cuestiones llamativas de observaciones en las que ya no se ahondó. “Por ciertos procesos de contratación había anomalías y debió presentar las denuncias respectivas. Pero no las hay”, ejemplifica.

Explica que uno de los problemas de las redes de corrupción en México es que encuentran la manera de corromper a algunos funcionarios para conseguir protección institucional. “O se cae el caso administrativamente o no se hace la investigación por parte de la Fiscalía o quien tenía que confirmar las denuncias, o cobrar las multas, no lo hace”, describe.

Plantea el investigador que en el caso de Emilio Lozoya relacionado a Pemex Fertilizantes y la adquisición de Agronitrogenados y Grupo Fertinal, si la Fiscalía es seria en la investigación tendrá que revisar la labor de los auditores encargados de seguir las presuntas faltas administrativas y los posibles delitos que se hubieran cometido. 

“Si no lo hacen, será otro caso mediático con intencionalidad política. Porque ir en serio significa desarticular las redes de corrupción, incluyendo las de protección”, alerta.

Respecto al caso de la Estafa Maestra, comenta que llama la atención que a la titular de las auditorías forenses que descubrió el caso, la cesaron supuestamente por acusaciones administrativas en su contra, que tampoco sustentaron. Su sustituto ha llevado a cabo menos auditorías forenses -que son las que documentan casos de corrupción- sin que otra vez la ASF expliqué por qué. 

Y en el caso del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional, en los que presuntamente hubo corrupción, de acuerdo con las declaraciones del Presidente de la República, Fernández Martínez destaca el hecho de que para la revisión del primer año de gobierno del presidente López Obrador “la ASF deció hacer una auditoría de desempeño y no una auditoría forense o mínimo de cumplimiento financiero”, es decir, hará su revisión como si sólo se tratara del cumplimiento de los objetivos de los recursos en términos de desarrollo económico y no de la gestión financiera, manejo y aplicación de los recursos para detectar y, en su caso, documentar el mal uso de los mismos, en lo que la ASF llama “suspensión” del proyecto, aunque el gobierno habla y ha actuado conforme a la cancelación administrativa y otorgamiento de finiquitos a los contratos. 

¿RETRASO POR PANDEMIA O PARA GANAR TIEMPO? 

Al analizar los efectos en el retraso de la entrega de la Cuenta Pública 2019 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados, Paulina Creuheras de Integralia

Consultores recuerda que ese documento será el primero del actual gobierno, ya que la de 2018 correspondía al cierre del sexenio anterior.  

“La verdad es que el atraso sí da lugar a especulación, porque si bien se cruzó el tema de la pandemia, llama mucho la atención que no se haya advertido con anticipación que iban tan atrasados. Parece ser que este tema de la emergencia les quedó muy bien para excusar su inactividad”, señala.   

“Habrá que ver si en octubre efectivamente se ponen al día. Pero ahora nos están quedando a deber”, evalúa. 

Ex directora adjunta en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y de Asuntos Jurídicos de la CNDH, la especialista en escenarios de riesgo y conflicto relacionados con la constitucionalidad de decisiones gubernamentales y legislativas alerta que el retraso también podría dar lugar a la especulación de que la ASF “le están dando oportunidad a los entes obligados para solventar las cosas que han encontrado mal , porque en teoría ahora están en el proceso de los informes individuales”.

Explica que las dependencias, entidades y programas que son fiscalizados tienen un plazo para contestar todo lo respectivo a su gasto. 

Con estudios de posgrado sobre conflictividad por la London School of Economics and Political Science (LSE), Paulina Creuheras considera que el retraso puede explicarse con la posibilidad de que la ASF no haya querido enviar este informe a la Cámara de Diputados con tantos asuntos sin solventar, por lo que le dio la oportunidad a los entes obligados de cubrir los pendientes para entregar un avance más completo de la Cuenta Pública 2019 en octubre próximo. 

“Quizá también pueda ser que estén usando el argumento de la pandemia para arreglarse antes. Y creo que los diputados no deberían de bajar el dedo del renglón.

“Porque el origen de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría, y la regla no escrita de que su presidente es de la oposición en la Cámara, responde al hecho de que el propósito es que haya contrapeso en la revisión de cómo se ejercen los recursos públicos”.

Considera la consultora que los legisladores deberían citar a los auditores especializados de la ASF para conocer los avances y continuar con sus tareas de seguimiento. 

“Hay que tomar en cuenta que esta primera entrega que se haría a finales de junio se refería a un porcentaje menor del año fiscalizado, de sólo el 18 por ciento. La duda es por qué no entregaron ni siquiera el 6 por ciento. 

Y en cuanto al seguimiento de la Cuenta Pública de 2018, la consultora de Integralia comenta: “Llama mucho la atención que tratándose del ultimo año de Peña Nieto, tanto la Secretaría de la Función Pública como la Fiscalía General de la República no estén interesados en concretar algún tipo de sanción”.

Para Paulina Creuheras, cabe la posibilidad de que esa tarea se esté postergando deliberadamente “como as bajo la manga, y estén pensando en darlo a conocer en cuanto empiecen las campañas”.