Impunes, 98% de extorsiones; reporte de México Evalúa

Según la ONG, sólo 3 de cada 100 homicidios dolosos se resuelven y no se castiga 97% de la violencia familiar en los estados

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Escena acordonada de un crimen

CIUDAD DE MÉXICO.

La impunidad estatal en delitos específicos roza casi 100 por ciento.  De acuerdo con México Evalúa, en los delitos de desaparición forzada  es de 98.9%; en extorsión, 98.2%; violencia familiar, 97.1%, y homicidio doloso de 96.9%,  según su reporte  Hallazgos, Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal.

Este año, el reporte pone el foco en la insuficiencia de presupuesto para las instituciones del sistema, así como en las asimetrías evidenciadas por la distribución y la sobrecarga de trabajo de los operadores, pues son estas condiciones las que propician, en gran medida, que el 91.8% de los delitos investigados queden impunes a nivel nacional.

 De acuerdo con Hallazgos, en 2021 el presupuesto del sistema de justicia penal a nivel estatal aumentó sólo 0.07% con respecto a 2020. De este presupuesto, el 50% se destinó a seguridad pública, 26% a las fiscalías, 22% a los poderes judiciales, 2% a las defensorías y apenas 0.43% a las comisiones de atención a víctimas.

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 Las personas que trabajan en las instituciones del sistema de justicia penal enfrentan una importante sobrecarga de trabajo, subraya el estudio. En 2021, cada ministerio público llevó, en promedio, 169 carpetas de investigación a nivel nacional; cada perito atendió 356 solicitudes; cada defensor público representó a 271 personas y cada asesor de víctimas a 175.

 El presupuesto no garantiza el éxito de una institución, pero sí lo condiciona. Sin recursos suficientes, ninguna institución de justicia podrá mejorar su capacidad de respuesta para la ciudadanía, la impunidad seguirá escalando y tendremos un Estado de derecho aún más débil”, comentó Edna Jaime, directora general de México Evalúa, en la presentación del informe.

 Hallazgos plantea que si las fiscalías no cuentan con modelos de organización interna que aseguren procesos expeditos y con respuestas diferenciadas entre casos en los que se vulneran la vida, la libertad o la integridad personal y casos de alto volumen (o de prioridad más débil), será difícil reducir los índices de impunidad en el país.

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