Confianza para sostener el crecimiento

Se afirma con razón que la política salarial de los últimos años ha contribuido a reducir la pobreza. Ese resultado merece reconocerse. Pero también conviene decir con claridad quién ha absorbido buena parte del esfuerzo. Han sido, sobre todo, las empresas formales del país, que han sostenido aumentos salariales, mayores contribuciones y nuevas cargas regulatorias en un entorno de menor crecimiento.

El cambio es visible en la distribución del ingreso nacional. Las remuneraciones de los asalariados pasaron de representar alrededor del 24 % del PIB en 2018 a más del 30 % en 2025. Es una modificación importante. La pregunta de fondo ahora es si es posible mantener esa tendencia en los próximos años sin comprometer la viabilidad de la economía y del aparato productivo.

La magnitud del reto obliga a responder con realismo. El gobierno se ha fijado como referencia que el salario mínimo alcance el equivalente a 2.5 canastas básicas. Incluso bajo escenarios optimistas de inflación, ello implicaría incrementos anuales de dos dígitos durante los próximos cuatro años. Para que esa ruta sea sostenible se necesita algo elemental, pero decisivo. Se requiere crecimiento económico vigoroso, mayor productividad y una expansión suficiente del empleo formal.

Ahí aparece el problema principal. La economía mexicana ha venido perdiendo fuerza año con año. Después del rebote de 2021, el crecimiento se desaceleró a 3.7 % en 2022, 3.1 % en 2023, 1.4 % en 2024 y 0.6 % en 2025, de acuerdo con las cifras del INEGI.

En este contexto, los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2027, presentados recientemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reconocen que la inversión fue el componente del gasto más sensible al entorno de incertidumbre. La inversión en maquinaria y equipo disminuyó 8.1 %, mientras la inversión privada retrocedió 4.0 %. Al mismo tiempo, el empleo formal perdió dinamismo y, excluyendo el efecto del programa piloto para trabajadores en plataformas digitales, el aumento anual de puestos registrados ante el IMSS fue de sólo 72 mil.

Ese contraste entre salarios al alza y una economía que se enfría marca el dilema de este momento. No se puede seguir elevando de manera sostenida el ingreso laboral si la base productiva no crece con suficiente fuerza. Menor inversión, menor productividad y menor empleo formal terminan estrechando el margen de maniobra. Lo que hoy parece avance distributivo puede convertirse mañana en presión sobre costos, informalidad y cierre de oportunidades.

En ese esfuerzo, la energía ocupa un lugar central. México necesita una política energética clara que permita mayor participación privada, reglas previsibles y una expansión suficiente de la capacidad instalada. Sin energía suficiente, confiable y competitiva, la inversión productiva pierde viabilidad, se frenan los encadenamientos regionales y se debilita la integración de empresas mexicanas a las cadenas de valor de América del Norte. También en este frente, la certidumbre resulta indispensable.

Por eso resultan relevantes los Pre-Criterios de Política Económica 2027. Hacienda plantea para 2026 un crecimiento de entre 1.8 y 2.8 %, y para 2027 de entre 1.9 y 2.9 %. Son cifras que apuntan a una recuperación, pero todavía insuficientes para despejar por sí mismas el desafío estructural. El propio documento reconoce que la reactivación de la inversión depende, entre otros factores, de una menor incertidumbre y de un avance favorable en la revisión del T-MEC. También proyecta una continuación del proceso de normalización fiscal, con requerimientos financieros del sector público de 4.1 % del PIB en 2026 y 3.5 % en 2027. Es decir, se busca ordenar las finanzas públicas, pero en un entorno donde el crecimiento no está garantizado.

La palabra decisiva es confianza. Y no ayuda que la economía acumule ya 14 meses en niveles de pesimismo empresarial. Sin confianza no habrá inversión suficiente. Y sin inversión suficiente no habrá crecimiento capaz de sostener la política salarial, el empleo formal y la estabilidad social.

No es casual que, de acuerdo con la más reciente consulta de Banxico al sector privado, la inseguridad pública, la política de comercio exterior y la ausencia de cambio estructural aparezcan entre los principales obstáculos al crecimiento. Del lado de los directivos empresariales se suman además el aumento en los precios de insumos y materias primas, así como el alza en los costos salariales. Al mismo tiempo, esos mismos directivos identifican como principal factor de impulso la expectativa de una revisión favorable del T-MEC, capaz de reactivar la inversión privada, mejorar el clima de negocios y fortalecer las exportaciones manufactureras y agroindustriales.

Ese punto merece subrayarse. La revisión del T-MEC debe ser una oportunidad. Los Pre-Criterios sostienen que en 2025 México logró aprovechar una tasa arancelaria relativamente más favorable que la de otros competidores y que la proporción de exportaciones a Estados Unidos que ingresaron libres de arancel bajo el tratado pasó de menos de 50 % a cerca de 80 % a lo largo del año. Si ese proceso desemboca en una revisión razonable, que preserve acceso preferencial, facilite comercio digital y refuerce cadenas de suministro regionales, podría convertirse en una palanca real de confianza para la inversión.

También en seguridad debe hacerse una lectura más precisa. Los avances en la reducción de los índices delictivos pueden ayudar a mejorar la confianza si se profundizan y generalizan. No basta con que algunos indicadores nacionales muestren alivio parcial. Se necesita que esa mejora llegue a los delitos que afectan la operación de las empresas, como la extorsión. Cuando la inseguridad sigue apareciendo entre los principales factores que inhiben el crecimiento, la conclusión es evidente.

Visto en conjunto, el reto es la sostenibilidad del crecimiento y, consecuentemente, de la propia política social. Esa sostenibilidad dependerá del manejo de las finanzas públicas, de la certidumbre jurídica, de la estabilidad económica, de la inversión, de la seguridad pública y también de la forma en que México se mueva en el nuevo entorno geopolítico y geoeconómico. En otras palabras, el país ya entró en una etapa en la que repartir mejor exige primero crecer más.

México necesita hacer sostenible la relación entre crecimiento y mejores salarios. Para lograrlo hay que reconstruir condiciones de confianza para invertir, contratar, producir e integrarse mejor a América del Norte. Ésa es la verdadera condición para que la recuperación salarial continúe sin poner en riesgo a la economía formal que la sostiene.