María Dolores González Saravia es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM). Publicó el posicionamiento oficial sobre la resolución del Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de llevar el caso de las desapariciones en México ante la Asamblea General de la ONU por ser una crisis nacional. En su opinión, representa una oportunidad importante para las víctimas y para el país que habría que aprovechar.
Señaló que, dado el contexto de desapariciones que atraviesa el país, se requiere mantener una disposición abierta al escrutinio y a la cooperación técnica. La desaparición constituye una violación grave a los derechos humanos, con impactos a nivel individual, familiar y social. Destacó que se trata de uno de los desafíos más urgentes del país.
González Saravia refirió que en la Ciudad de México se han anunciado acciones de coordinación entre la Comisión de Búsqueda de Personas y la fiscalía local, a través del gabinete de búsqueda inmediata para la debida diligencia investigativa y atención integral a víctimas. Estos esfuerzos, reiteró, deben traducirse en resultados positivos, con la participación de las familias, el fortalecimiento de la prevención, la investigación y otorgando atención especial a la crisis forense.
La respuesta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México contrasta con lo dicho por Rosario Piedra, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien no dejó de atacar, rechazar y denigrar la resolución del Comité Contra la Desaparición Forzada. Aseguró que el reporte se basa en posturas sesgadas de organizaciones no gubernamentales, que derivó en conclusiones sin sustento sobre la situación de los desaparecidos en México. Criticó especialmente que se diera importancia a las opiniones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez por sus críticas a las políticas públicas del gobierno federal en la materia. Rosario Piedra concluyó su crítica al Comité contra la Desaparición Forzada descalificando a la ONU en general y acusó a las organizaciones defensoras de “lucrar” con sus luchas.
El posicionamiento de Piedra coincidió, sin sorpresa mayor, con lo expresado por la presidenta Sheinbaum sobre la misma resolución. Denunció a la ONU y declaró “tendencioso” el informe. Rechazó que México acudiera a instancias del organismo internacional para conversar sobre los desaparecidos en México. Mientras Sheinbaum ha criticado a la ONU por no actuar conforme a su opinión sobre el caso del embargo de Estados Unidos a Cuba, pero cuando le toca a México se niega a permitir la participación de la ONU. Justamente de esas incongruencias está cimentada la falta de credibilidad de México en el mundo.
Mientras María Dolores González Saravia calificó la posición de la ONU como una oportunidad para un abordaje técnico, científico y de participación ciudadana, sin necesariamente avalar todas las conclusiones del estudio, tanto Piedra como Sheinbaum reaccionaron con denuncias y vituperios, pero sin propuestas de solución ante una resolución de un comité de la Organización de las Naciones Unidas.
La estridencia defensiva del oficialismo federal contra la resolución del CED contrastó con la inteligente, pausada y reflexiva respuesta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Mientras éste respondió con empatía para con las víctimas y sus familias, el gobierno federal –tanto la Presidenta como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos– respondió con verdadero odio y sorna contra el organismo internacional, en primer lugar, pero también contra las víctimas y sus familiares, a quienes acusó de querer “lucrar” con la causa. Por cierto, esa acusación sale de la boca de quien ha sabido usar el movimiento para lucro personal.
En tiempos cuando las causas y posiciones se vuelven inflexibles, teñidas de ideología y muchas veces carentes de verdadera y útil reflexión, la posición de María Dolores González Saravia merece nuestro aplauso y más: nuestro apoyo.