Alternativas para movilizar financiamiento sostenible para sector público

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Los ciudadanos confían en el gobierno para hacer frente a la situación económica, las crisis, el cambio climático, la desigualdad social, los rápidos avances en la tecnología, y más.  Y estas son solo algunas de las necesidades que se traducen en requerimientos de servicios públicos para todos los mexicanos.

Repensar el gasto público en el contexto actual, con las restricciones presupuestarias, con las políticas monetarias y con la inflación, requiere una comprensión de los desafíos nacionales y mundiales, demanda que se ponga en práctica la modernización de estos servicios para una creciente base de ciudadanos y al tiempo, encontrar nuevos e innovadores mecanismos de financiación.

A medida que aumenta la demanda de servicios cubiertos por los gobiernos, las presiones financieras para prestarlos aumentan más rápido que los flujos de ingresos necesarios para sostenerlos. Y no solo los ingresos están limitados, sino que los costos de endeudamiento para financiar las operaciones gubernamentales y la prestación de servicios están aumentando a medida que aumentan las tasas de interés en un intento por mitigar la inflación.

La respuesta predominante a los desafíos fiscales ha sido de carácter reactivo. Si bien es imperativo abordarlos, existe una oportunidad significativa para que los gobiernos reconfiguren sus direcciones estratégicas, financieras y operacionales. Dentro de las organizaciones gubernamentales, los responsables financieros pueden adoptar un enfoque centrado en el cliente vs. lo que típicamente priorizan, que es la eficiencia.

El gobierno ahora debe confiar en que las restricciones pueden servir como catalizadores para la innovación y la eficiencia, alejándose de operar con un enfoque orientado al superávit centrado en la acumulación de recursos y la inflación presupuestaria hacia una mentalidad impulsada por el valor que ofrece valor por dinero. Es importante que todos los cambios estén diseñados para minimizar la interrupción de la prestación de servicios y lograr resultados, en lugar de intentos fragmentarios con impactos sin sentido. Si bien hay muchas acciones que los gobiernos pueden tomar para lograr los objetivos presupuestarios y de gasto, gran parte del trabajo inicial se centrará en las siguientes áreas:

  1. Diseñar e implementar nuevos modelos operativos.   

Para hacerlo con éxito, es clave identificar las ineficiencias en el modelo actual, priorizar las iniciativas estratégicas y estabilizar los procesos. Esto puede significar desarrollar una nueva estructura organizativa y eliminar repetición de funciones, la duplicidad de trabajo y cualquier sobrecarga organizativa adicional.

  1. Revisar y volver a priorizar el gasto de capital.

Buscar ganancias tempranas que ayuden a optimizar la asignación de fondos y los rendimientos de la inversión. Revisar la ejecución de los proyectos para erradicar las ineficiencias e identificar las mejoras operativas y la rentabilidad.  Evaluar los costos en un contexto estratégico, teniendo en cuenta la optimización de la cartera, las alianzas estratégicas y la subcontratación.

  1. Identificar alternativas de financiación.

El sector público debe utilizar eficazmente el personal y los recursos financieros disponibles para mantener, e incluso mejorar, los servicios que ya se ofrecen; así como centrarse en encontrar soluciones de financiación sostenibles, como podrían ser:   

  1. El Blended Finance o financiación combinada.

Se ha convertido en un catalizador para incentivar los flujos de capital privado y acelerar el impacto del desarrollo en las economías emergentes. Si bien este enfoque de la financiación público-privada ha aprovechado una cantidad limitada de financiación para el desarrollo y capital filantrópico para reducir la incertidumbre y los riesgos normalmente asociados a la inversión en mercados desatendidos, ha sido realmente insuficiente para catalizar por ejemplo los billones de dólares anuales estimados para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al  2030.

Este esquema implica desarrollar procesos que faciliten la participación del capital privado y el uso colaborativo de fondos públicos, donde es clave:

  • Coordinación institucional.
  • Desarrollo de capacidades.
  • Entorno regulatorio.
  • Alineación de procesos y objetivos públicos con las necesidades de los inversores.
  • Colaboración con los donantes y las instituciones financieras de desarrollo para comprender y facilitar el acceso a los instrumentos existentes, como las garantías y el financiamiento en condiciones favorables, que pueden brindar mayor comodidad a los inversionistas.
  • Coordinación entre los organismos gubernamentales y el sector privado para que actúen como punto focal.
  • Aprovechamiento de iniciativas y plataformas de múltiples grupos de interés, que faciliten la financiación público-privada.
  1. Financiación basada en resultados o pago por resultados (PpR) puede ser beneficiosa para el sector público, porque además de que es un acuerdo de financiamiento basado en incentivos, en el que el pago se realiza únicamente cuando se alcanzan resultados verificables, permite:
  • Mejora la eficiencia dado que ayuda a utilizar los recursos públicos de manera más eficiente. 
  • Atrae más financiamiento multiactor.
  • Mejora la calidad de los servicios dados los incentivos del mecanismo.
  • Reduce la corrupción al aumentar la transparencia en la relación con los diferentes actores participantes. 
  • Promueve e impulsa la innovación al tiempo que permite obtener resultados medibles y verificables. 
  • Permite un ciclo presupuestario más flexible y así los gobiernos pueden comprometerse con pagos a largo plazo, en lugar de depender de un presupuesto anual. 

Alternativas como estas dos, ayudan a crear una visión común sobre a dónde se quiere llegar con programas de desarrollo y alinear a múltiples actores con una meta común.

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