Administración de Valle de Chalco bajo la lupa de autoridades por 966 millones sin comprobar

Valle de Chalco Solidaridad vuelve a colocarse en el centro del debate público, no por avances en infraestructura o mejoras en la calidad de vida de sus habitantes, sino por una serie de señalamientos que apuntan a un manejo opaco de los recursos públicos durante administraciones recientes.

Bajo el actual gobierno municipal encabezado por Alán Velazco Agüero, persiste un clima de inconformidad social alimentado, entre otros factores, por el arrastre de observaciones financieras que no han sido plenamente aclaradas. En ese contexto, los datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), adquieren un peso difícil de ignorar.

De acuerdo con el órgano fiscalizador, durante el ejercicio 2024 se detectaron irregularidades por 966.3 millones de pesos, monto que equivale al total de los recursos federales revisados en ese periodo. La auditoría corresponde a la gestión de Armando García Méndez, quien concluyó su encargo en diciembre del mismo año.

El señalamiento central no gira en torno a un error específico o a inconsistencias menores. La ASF reportó la ausencia de registros contables y documentación comprobatoria que permita conocer el destino del gasto. En términos prácticos, los recursos ejercidos carecen de trazabilidad verificable.

Los fondos involucrados corresponden a rubros clave para el desarrollo municipal. Por un lado, el FAISMUN, orientado a financiar obras de infraestructura social en zonas con rezago, presenta más de 207 millones de pesos sin respaldo documental.

A esto se suman aproximadamente 360 millones de pesos del FORTAMUN, destinado al fortalecimiento de capacidades municipales, y cerca de 399 millones provenientes de participaciones federales. En conjunto, los montos integran la cifra total observada.

La Auditoría no identificó casos aislados. En su informe, refiere una serie de omisiones recurrentes que derivaron en la emisión de tres pliegos de observaciones por posibles daños a la Hacienda Pública Federal. Estos procedimientos abren la posibilidad de determinar responsabilidades administrativas y, en su caso, legales.

El análisis también apunta a deficiencias en los mecanismos internos de control, así como en las funciones de supervisión y rendición de cuentas. En otras palabras, la problemática no se limita a la falta de documentos, sino que involucra el funcionamiento mismo de la estructura administrativa encargada de gestionar los recursos.

El marco legal vigente establece con claridad la obligación de documentar cada erogación. Tanto la Ley General de Contabilidad Gubernamental como el Código Fiscal de la Federación contemplan estos requisitos como parte esencial del manejo del gasto público. Su incumplimiento implica una transgresión directa a dichas disposiciones.

Mientras tanto, en el municipio, las condiciones cotidianas reflejan contrastes. Habitantes refieren problemas de seguridad y servicios urbanos que no logran consolidarse, en un entorno donde las inversiones públicas deberían tener un impacto tangible.

Con estos antecedentes, Valle de Chalco permanece bajo revisión de instancias federales. El hecho de que la totalidad del gasto auditado presente observaciones coloca al caso en un nivel de atención que rebasa lo ordinario dentro de los procesos de fiscalización en el país.