1. Pulso. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, decidió fijar postura en un terreno que mide el pulso social: el precio de la tortilla. Sin margen para titubeos, desestimó cualquier alza y giró instrucciones a Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, para contener el ruido desde la cadena productiva. El acuerdo oficial muestra orden y precios bajo control, mientras la Profeco, a cargo de Iván Escalante, afina vigilancia y llamados a la disciplina. Pero, en la operación cotidiana, los costos no siempre obedecen decretos. Ahí se juega la prueba real. Porque sostener el precio es control político del mercado. Y ese pulso apenas comienza.
2. Caminos rotos. En Veracruz, la protesta dejó de ser amenaza y se volvió método ante la erosión institucional que exhibe la red carretera. Bajo la administración de Rocío Nahle, los bloqueos en Chicontepec de Tejeda revelan algo más que baches, muestran un vacío operativo que ni acuerdos previos ni enviados menores logran cubrir. La presión sube y escala hacia puntos estratégicos, mientras la lectura política apunta a un castigo territorial, donde la alcaldía de Aristea Fernández de la Cruz, presidenta municipal emanada del PVEM, queda fuera del circuito de atención. El tránsito se abre, el conflicto, no. Y el desgaste toma ruta propia
3. Distancia. El Partido Verde tensó la cuerda en San Luis Potosí y dejó a Morena midiendo terreno que no controla. Karen Castrejón, dirigente nacional del PVEM, marcó cuál será el destino, y Ruth González, senadora por San Luis Potosí, se encargó de ponerle número al agravio, a Morena le faltan años, no campañas. Y es que en la entidad pasó de cuarta a tercera fuerza, avance insuficiente para disputar el poder real a la esposa de Ricardo Gallardo, actual gobernador. Mientras la 4T asume que su marca arrastra, en territorio potosino no le alcanza. Aquí el Verde no acompaña, compite. Y si el aliado te mide, ya te está descontando.
4. Choque. La disputa por la alcaldía Cuauhtémoc se adelantó al calendario y ya escaló al terreno formal. Arturo Ávila, vocero de Morena, y Guillermo Santiago, representante ante el INE, abrieron fuego contra la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega acusándola de promoción personalizada y uso de recursos públicos. Del otro lado, Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el INE, junto con Aníbal Cañez, respondió con la misma moneda: denuncias por financiamiento opaco y campaña digital anticipada del morenista. Nadie espera lineamientos, todos los empujan. La autoridad observa, pero los partidos ya decidieron romper las reglas. Así no es.
5. Abuso. En Toluca, el juez federal Alfredo Montes de Oca cruzó una línea difícil de explicar, pues revivió un divorcio de 1959 para imponer pagos de 100 millones de pesos mensuales y extender la factura, retroactiva, a 59 empresas que no forman parte del juicio, con amenazas penales incluidas para quien no acate. No es interpretación jurídica, es arbitrariedad. Un fallo que no sólo desborda cualquier lógica legal, sino que exhibe los riesgos de un poder sin contrapesos. Porque cuando la ley se estira hasta romperse desde el propio juzgado, la pregunta es inevitable, ¿quién vigila a quienes imparten justicia?