Fracking: romper hoy, pagar después

Durante años, el fracking fue en México una palabra maldita: demasiado contaminante para decirse en voz alta, demasiado costosa políticamente para abrazarse sin culpa. Por eso el cambio de postura del gobierno no es menor. La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta a explotar gas en yacimientos no convencionales para reducir la dependencia mexicana del gas importado desde Estados Unidos. Lo hizo, eso sí, evitando la palabra incómoda y hablando de una posible extracción “sustentable”, bajo revisión de un comité técnico que en dos meses evaluará métodos menos dañinos, como el uso de agua no potable y una menor carga química.

El viraje importa no sólo por lo que implica en materia energética, sino por lo que revela en materia política. Sheinbaum llega a esta decisión después de años en que Morena y el obradorismo presentaron el fracking como una práctica ambientalmente inaceptable. Hoy, sin embargo, la lógica de la soberanía energética pesa más que la retórica previa. El argumento oficial es simple: México importa alrededor de 75% del gas natural que consume; en 2025, el país consumió, en promedio, 9.1 mil millones de pies cúbicos diarios y 6.8 mil millones provinieron del exterior, principalmente de Estados Unidos. La apuesta es que, si se desarrollan yacimientos no convencionales, la producción nacional podría rebasar los 8 mil millones de pies cúbicos diarios hacia 2035.  

Ese dato explica el cambio. Pero no lo absuelve.

Porque el fracking no es simplemente una técnica más de extracción. Es una intervención agresiva sobre el territorio. Consiste en perforar e inyectar fluidos a alta presión para fracturar roca y liberar gas atrapado. El problema es que ese proceso no sólo extrae hidrocarburos: también moviliza riesgos. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos concluyó que las actividades vinculadas al ciclo del agua del fracking sí pueden afectar recursos de agua para consumo humano en ciertas circunstancias, y que esos impactos pueden ser más frecuentes o severos dependiendo de factores locales y regionales.  

Eso importa especialmente en México, porque la promesa de un fracking “limpio” choca con una realidad física: buena parte del potencial gasífero no convencional se concentra en regiones como Sabinas-Burro Picachos, Burgos y Tampico-Misantla, zonas del norte y noreste donde el agua nunca ha sido un detalle menor. El gobierno habla de usar agua salada, reutilizable o no potable, pero, hasta ahora, eso es una intención política, no una solución probada a escala industrial en México. La distancia entre el PowerPoint gubernamental y el subsuelo suele medirse en costos, fugas y omisiones.  

Luego está el aire. En el debate público suele hablarse del agua porque es lo que más impresiona, pero el metano debería preocupar igual o más. La Agencia Internacional de Energía estimó que el sector fósil emitió alrededor de 200 mil millones de metros cúbicos de metano en 2024 y subrayó que reducir esas emisiones es una de las maneras más rápidas de disminuir el calentamiento en el corto plazo. Apostar por más gas sin un sistema serio e independiente de medición, detección y control de fugas equivale a comprar una promesa climática con letra chiquita.  

La tierra tampoco sale ilesa. El Servicio Geológico de Estados Unidos ha documentado que la inyección profunda de fluidos, sobre todo para disposición de aguas residuales asociadas a la extracción, puede inducir sismos cuando esos fluidos elevan la presión en fallas geológicas; aunque sólo una fracción de los pozos provoca eventos preocupantes, el riesgo existe y depende del contexto geológico local. En otras palabras: no todo pozo causa temblores, pero tampoco es serio fingir que el subsuelo es una pieza muda.  

Hay, además, una implicación menos técnica y más incómoda: México podría terminar justificando internamente aquello que denunció durante años, sólo porque hoy le conviene. Ésa es la verdadera dimensión del giro. El gobierno sostiene, con razón, que dependemos demasiado del gas de Texas y que esa dependencia nos vuelve vulnerables a conflictos, clima y choques geopolíticos. Pero también es cierto que mucho del gas que México importa ya proviene del fracking estadunidense. La nueva postura, en el fondo, parece decir: si ya estamos consumiendo gas extraído así del otro lado de la frontera, mejor asumir aquí el costo ambiental y quedarnos con una parte mayor del beneficio estratégico.  

Ese razonamiento puede sonar pragmático. Y quizá lo sea. Pero el pragmatismo no elimina la factura; sólo cambia de ventanilla.

México no está discutiendo únicamente una técnica extractiva. Está discutiendo qué sacrifica cuando habla de soberanía. Si la autosuficiencia energética se construye a partir de más presión sobre el agua, más infraestructura fósil y más riesgos ambientales concentrados en ciertas regiones, entonces la pregunta deja de ser cuánto gas podríamos producir y pasa a ser quién va a pagar el precio verdadero de producirlo.

Porque el fracking ofrece beneficios rápidos y daños diferidos. El gas entra hoy al sistema. La narrativa de fortaleza nacional se cobra hoy. La ganancia política se registra hoy. Pero la contaminación, las fugas, la presión sobre el agua y los pasivos ambientales suelen llegar después, cuando ya cambió el discurso, el gobierno o la excusa.

Romper hoy, en política energética, casi siempre significa pagar después.