Mariel Albarrán acusa freno en caso de presunto violador

SIN REUNIÓN. Mariel Albarrán tenía una cita programada en el quinto piso de la FGJCDMX, en el que despacha la fiscal general, pero se canceló porque no le permitieron entrar con sus abogados. Foto: Archivo/David Solís

CIUDAD DE MÉXICO.

Mariel Albarrán, quien interpuso una denuncia contra el exmagistrado Manuel Cavazos, su exesposo, en septiembre de 2019 acusándolo de haber abusado sexualmente de sus dos hijas menores de edad, dijo ayer que le han obstaculizado denunciar “el retardo y obstrucción de la justicia en torno al caso, y el hecho de que no se ha judicializado la denuncia a pesar de todas las evidencias que hay en la carpeta de investigación”.

En entrevista con Excélsior, Albarrán señaló que, en las dos últimas reuniones a las que la citó la Fiscalía para abordar el caso, no han dejado entrar a sus asesoras legales ni a las representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, tras lo cual ambos encuentros se cancelaron.

Hoy por la mañana, en una reunión presencial que teníamos a las 12 del día, sólo querían que entrara yo sola, sin mis asesoras legales. Después, cuando yo me negué a entrar, le dijeron a la de Derechos Humanos que entonces entrara ella sola”, narró. Como ninguna de las dos accedió se canceló la reunión.

El viernes pasado teníamos una reunión por Zoom con funcionarios de la Fiscalía, pero también le negaron el acceso a mis asesoras legales y a la cuarta visitadora de la Comisión de Derechos Humanos”, detalló.

Albarrán añadió que solicitó reunión directamente con la fiscal general, Ernestina Godoy, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

Detalló que tras la última revisión de la carpeta de investigación, en diciembre de 2020, la agente del Ministerio Público Ana María Gutiérrez Domínguez propuso el no ejercicio de la acción penal.

Es una aberración, pues mis hijas señalaron las agresiones que sufrieron por parte de su padre ante el MP, ante peritos públicos y privados, y hay constancias de la policía donde se identifican los lugares de las agresiones”, dijo Albarrán.

La entrevistada recordó que, aunque la denuncia original contra Cavazos es por agresión sexual contra sus dos hijas, “en el informe del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales de la Fiscalía mis hijas narran la introducción de dedos, lo que implica violación equiparada, y el MP no quiere voltear a ver el tema de violación”.

La recomendación de la agente del MP de no judicializar el caso llegó a principios de diciembre de 2020 a la Coordinación de Auxiliares de la fiscal general y, aunque tenían 30 días para pronunciarse, no lo han hecho.

Judicializar el caso implicaría llevarlo ante el visto de un juez, quien tendría que revisar todos los elementos y evidencias en la carpeta de investigación.

En enero de este año Albarrán fue a la Coordinación de Auxiliares “a revisar la carpeta de investigación y me dijeron que la carpeta está objetada, es decir, que hay alguien en la Fiscalía –algún funcionario– que no está de acuerdo con que se le dé carpetazo.

(Sin embargo) hay dos funcionarios que quieren cerrar la carpeta, uno de ellos es Daniel Osorio Roque, coordinador de Agentes del Ministerio Público Asistentes de la Fiscal General, y Emilio Centeno Domínguez, titular de la Fiscalía A”, denunció la madre de las víctimas.