Las invasiones se agraban en Antonio Caso en la alcaldía Cuauhtémoc

En enero pasado había 15 departamentos invadidos en Antonio Caso 104, en la colonia San Rafael. Para julio ya sumaban 25 bajo la misma condición, de acuerdo con una denuncia penal y quienes argumentan ser los legítimos propietarios del inmueble de la alcaldía Cuauhtémoc. 

Ello a pesar de que hay una carpeta de investigación de 2016 que señala como responsable del delito de despojo a Raquel Almanza Álvarez, quien acaba de ser electa como consejera de Morena en la alcaldía. 

Además, de la mano del mayor número de espacios invadidos, la violencia con que actúan sus perpetradores también ha aumentado. 

 El pasado 4 de julio este diario publicó que ofrecen vivienda en ese y otro predio invadido en la misma calle. 

Tras esa publicación, una afectada que pidió el anonimato, narró que “llegaron al inmueble personas que decían ser del Instituto de la Vivienda (Invi) y censaron a la gente, tomaron fotografías y le dijeron a los vecinos que todos los departamentos podían ser ocupados, que era su derecho porque no hay dueños y no hay nadie que les diga nada”. 

 Sin embargo, se encuentra abierta la carpeta de investigación CI-FCH/CUH-5/UI-1S/D/01254/08-2016 por el delito de despojo. 

Pese a lo cual el Invi está integrando un expediente para expropiar y construir un inmueble de interés social allí. 

 De acuerdo con el instituto, en 2021 los habitantes del inmueble, nombraron a Beatriz Cortés López como representante y ella solicitó la expropiación. 

 “El INVI está actuando fuera de la ley: saben que hay una carpeta (de investigación) por despojo, saben que el proceso de expropiación precluyó en agosto de 2016, pues así lo estableció un juez de Control. 

“El Invi tiene que aclarar en calidad de qué recibieron a la señora Beatriz Cortés López”, respondió uno de los dueños, que lleva 20 años en litigio. 

 El otro caso es el de Antonio Caso 130, por el que también está abierta una carpeta de investigación por el delito de despojo y donde también aparece como responsable la consejera electa de Morena Raquel Almanza Álvarez. 

“De los ocho cuartos de azotea que hay en mi inmueble, dos están invadidos y seis están en litigio porque llevan ocho años sin pagar renta. Cuando hemos tratado de sacar a la gente, llega Raquel (Almanza) con su gente y su camión, y no nos han permitido sacarlos”, afirmó Jorge Rábago, dueño del inmueble. 

 Además, de 16 departamentos que hay en el inmueble, “uno está invadido por gente de Raquel, otro está sellado por la Fiscalía local, dos están en juicio y 12 tienen contrato de arrendamiento y pagan puntualmente sus rentas”. 

 Rábago también señala que el Invi realiza un “procedimiento que está basado en una premisa falsa: que todos los ocupantes del edificio están de acuerdo en salirse para que allí se construya vivienda de interés social: los 12 que tienen contrato de arrendamiento de departamentos y dos de los cuartos no están de acuerdo ni le han firmado nada (al Invi)”. 

Con dos Dictámenes de daños  

En 2006 se abrió la primera de cuatro carpetas de investigación por el despojo de Antonio Caso 104. 

 Ahí aparecía como responsable de la invasión Raquel Almanza Álvarez. 

Ocho años después, la misma Almanza Álvarez, hoy consejera electa de Morena, inició un proceso ante la entonces Secretaría de Protección Civil para solicitar que determinaran el estado del inmueble. En sólo 12 días le respondieron su petición, un procedimiento que en promedio tarda tres meses. 

En un oficio de la Secretaría de Protección Civil, fechado el 21 de mayo del 2014, al que Excélsior tuvo acceso, la dependencia respondió a la solicitud del 9 de mayo del mismo año. 

En el oficio, Andrés Escobar Maya, en ese entonces director general de Prevención, expone que de la revisión técnica ocular realizada el 7 de agosto de 2012 el inmueble tenía un “alto riesgo”. 

 Detalla que se observó “alto grado de hume dad en sus elementos de soporte de madera y visibles flechamientos, en cuanto a los muros de mampostería, de igual manera se observaron en su mayoría en mal estado, con pérdida de recubrimiento y diferentes áreas en estado de desintegración”. 

 Los dueños del inmueble siguieron con el litigio para recuperar su inmueble y en 2016 se abrió una nueva carpeta de investigación, donde Almanza Álvarez aparece como responsable del delito de despojo. 

Tres años después, en septiembre de 2019, en la Comisión de Administración Pública local del Congreso se analizó el caso, se planteó que tras el sismo del 19 de septiembre del 2017, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones emitió una evaluación en la que detalló que tras el sismo se detectaron grietas de tres centímetros de ancho en los muros, fisuras por falta de confinamiento, por lo que el inmueble ya era de alto riesgo y se debía rehabilitar mediante un proyecto de reestructuración, así como desalojarlo para realizar la rehabilitación. 

— Georgina Olson 

Buscará endurecer la legislación 

El diputado local del PAN Gonzalo Espina Miranda dijo ayer que ante al aumento de invasiones a predios y despojos en la ciudad, es necesario reformar el Código Penal y elevar las sanciones, por lo que propondrá que la pena por despojo, que actualmente va de 2 a 5 años de cárcel, aumente a un rango de 4 a 10 años de prisión. 

“En ocasiones, estos despojos e invasiones se hacen de forma violenta, utilizando armas, y poniendo en riesgo no sólo a los propietarios sino a las personas que tienen sus hogares en las inmediaciones”, detalló. 

 El legislador puso como ejemplo predios invadidos en Álvaro Obregón y Tláhuac.

— Georgina Olson