Maru Campos va a audiencia porque Corral impugnó el cierre de su caso, aclara Fiscalía
La FGJCDMX precisó que el citatorio para la gobernadora de Chihuahua se debe a una impugnación del senador de Morena para intentar reabrir el expediente por intento de secuestro
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México afirmó que ya no hay acusación penal contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, por el caso de un presunto intento de secuestro contra Javier Corral.
En un video que compartió en sus redes sociales, la mandataria panista dio a conocer que recibió un citatorio “por una denuncia de secuestro” interpuesta por el hoy senador de Morena.
En su publicación, la gobernadora afirma que enfrenta una serie de acciones legales y políticas que, a su juicio, forman parte de una estrategia de persecución impulsada desde el ámbito federal.
El 14 de agosto de 2024, Corral, exgobernador de Chihuahua, estaba cenando en el bar Gin Gin ubicado en la colonia Roma de la capital del país cuando fue rodeado por agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, quienes intentaron cumplimentar una orden de aprehensión en su contra.
Sin embargo, la intervención de funcionarios de la Fiscalía capitalina, entre ellos Ulises Lara, actual fiscal especial de la FGR, evitó la detención del morenista.
En una tarjeta informativa, la Fiscalía capitalina precisó que “no existe imputación, judicialización ni determinación de responsabilidad penal contra la mandataria estatal ni contra otros funcionarios señalados” en la denuncia presentada por el senador”.
Puntualizó que dicha audiencia corresponde únicamente al recurso de impugnación promovido por Javier Corral contra la decisión ministerial de no ejercer acción penal, mecanismo previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Subrayó que la notificación de esa audiencia deriva de una orden judicial relacionada con el trámite de la impugnación y no implica que exista una acusación formal o un proceso penal en curso contra María Eugenia Campos.
Esto, porque la Fiscalía de Investigación de Asuntos Especiales realizó las diligencias correspondientes y agotó las líneas de investigación tras la denuncia por secuestro y “se determinó el no ejercicio de la acción penal, al concluir que no había elementos constitutivos de delito que perseguir”.