Citatorios. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quiso bajar la tensión tras los llamados de la Fiscalía General de la República contra María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, y Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa. La mandataria habló de entrevistas, no de acusaciones, aunque, en política, nadie entra a una fiscalía para tomar café. Enrique Inzunza, senador, apareció en el expediente y el tablero empezó a moverse. Morena busca contener daños antes de que Washington marque el ritmo. El expediente ya respira por sí solo y cada oficio de la FGR, a cargo de Ernestina Godoy, deja pólvora entre aliados.
2. Limpieza. La elección judicial empezó a revelar fisuras dentro de Morena antes siquiera de llegar a las urnas. Alfonso Ramírez, diputado de Morena, y Olga Sánchez Cordero, senadora, impulsaron requisitos técnicos, filtros profesionales y candados contra operadores partidistas disfrazados de juristas. Del otro lado, la propuesta central dejó el control de la convocatoria en manos del Senado y evitó elevar exigencias para llegar a la Suprema Corte. Javier Corral, senador, terminó coincidiendo con quienes advertían riesgos de captura política. Cambian las reglas, pero no las tentaciones. Que lleguen no sólo los mejores, sino los más limpios.
3. Ruido. Fernando Gómez-Mont, exsecretario de Gobernación, puso el dedo donde pocos quieren mirar y dijo que la mezcla entre los expedientes de María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, y Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, simula más una estrategia política antes que una ruta judicial. Mientras un caso toca vínculos con agencias extranjeras y el otro salpica presuntas redes criminales en procesos electorales, desde el poder se intentó meter todo en una sola bolsa. El exfuncionario soltó la advertencia, cuando el escándalo sustituye al expediente, la justicia pierde peso. Y, lo peor de todo, también credibilidad.
4. Bronceado. Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit, quedó atrapado entre el aplauso empresarial y la furia de las comunidades que resisten la privatización de la playa Las Cocinas, en Punta Mita. Mientras Héctor Santana, presidente municipal de Bahía de Banderas, intentó deslindarse del proyecto hotelero Montage, el permiso ya había dejado millones en las arcas locales y órdenes de captura contra ambientalistas en la mesa. La postal turística empieza a romperse: hoteles protegidos por fuerzas privadas de seguridad, playas cercadas y trabajadores sin servicios básicos. El colmo, en Nayarit, el paraíso tiene bardas.
5. Podredumbre. Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, empieza a cargar una factura política que crece al ritmo de las capturas federales. La caída de Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan, y de Horacio Zavaleta Malacara, secretario del Ayuntamiento de Cuautla, abrió un boquete en la narrativa de control institucional que el morenismo local intentaba sostener. La FGR los vincula con operadores del grupo de Júpiter Araujo Bernard, El Barbas, en municipios donde el crimen habría decidido candidaturas y protegido negocios. Morelos volvió al mapa rojo y nadie en el gobierno parece sorprendido. Demasiado silencio.