Crecen denuncias por corrupción en Veracruz; todas apuntan a funcionarios
De enero a noviembre de 2025 se integraron 780 carpetas, cifra superior a las 724 registradas en el mismo periodo, pero de un año anterior
La Fiscalía General del Estado de Veracruz reportó un aumento en el número de carpetas de investigación iniciadas contra servidores públicos.
Entre enero y noviembre de 2025 se integraron 780 carpetas, una cifra superior a las 724 registradas en el mismo periodo de 2024. Abril de 2025 fue el que acumuló más denuncias, con 131 casos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Este incremento de denuncias ocurre mientras la percepción de corrupción se mantiene alta en la entidad bajo la administración de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.
Datos del Inegi sitúan a Veracruz por encima de la media nacional, con un 84.4% de la población que considera frecuentes estas prácticas dentro de las esferas gubernamentales.
Entre las investigaciones recientes contra servidores públicos destacan inhabilitaciones por daño patrimonial y decenas de expedientes por violencia de género.
Uno de los casos denunciados es el de Joana Marlene Bautista Flores (exdirectora general de Administración), quien fue inhabilitada por 10 años para ocupar cargos públicos, tras determinarse daño patrimonial por contratación irregular de bienes y servicios.
Ante este panorama de incremento de casos, la Fiscalía General del Estado (FGE) suprimió en marzo de 2026 la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos.
El acuerdo, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, establece la supresión de la instancia.
La FGE argumentó que la fiscalía eliminada había quedado limitada a conocer únicamente expedientes iniciados con anterioridad al 1 de enero de 2018 (fecha en que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción asumió la atención de los delitos en la materia), lo que provocó una disminución progresiva en su carga de trabajo.
Las investigaciones pendientes serán reasignadas a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, concentrando las investigaciones en una sola área ministerial.