Hay momentos en el país donde las instituciones dejan de fingir y muestran de frente de qué lado están y a quién le obedecen realmente. Lo ocurrido el sábado por la tarde en Chihuahua no fue un acto ordinario de procuración de justicia, fue un golpe político disfrazado de legalidad.
La Fiscalía General de la República, aplicando el clásico “sabadazo”, decidió entregar un citatorio a la gobernadora Maru Campos; no esperaban que fuera ella personalmente quien lo recibiera. Lo hizo, además, en medio de un contexto nacional donde personajes relevantes de Morena aparecen señalados en juicios, investigaciones, reportes de inteligencia y documentos judiciales de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Ese contraste es precisamente lo que vuelve este episodio todavía más grave.
El simple citatorio ya es un absurdo legal imposible de defender. La gobernadora fue citada en calidad de testigo, pero el documento invoca fundamentos legales aplicables a personas imputadas. El mensaje resulta surrealista: “Venga como testigo, pero traiga a su abogado”.
La Constitución, además, es clara, una gobernadora en funciones conserva protección constitucional y no está obligada a comparecer ante el Ministerio Público bajo las condiciones que intentó imponer la Fiscalía y no solamente eso, un citatorio plagado de errores, así como faltas de ortografía.
Mientras a la gobernadora de Chihuahua la citan para comparecer, a los narcoterroristas Rubén Rocha, Enrique Inzunza; Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, así como a sus secuaces, los citan para una entrevista, que para lo único que sirve es para recabar información; técnicamente, es sólo para tomarse un café.
Mientras la Fiscalía despliega operativos mediáticos contra una gobernadora de oposición, en Estados Unidos avanzan investigaciones mucho más delicadas contra personajes cercanos al oficialismo. El Departamento de Justicia estadunidense ha documentado acusaciones por presunta colaboración con organizaciones criminales, recepción de sobornos y protección institucional al narcotráfico. Gobernadores, senadores y operadores políticos del partido en el poder han aparecido mencionados en distintas investigaciones relacionadas con narcoterrorismo y crimen organizado. Se han hecho del dominio público los resultados de la reunión de la presidenta de México con Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional (Secretary of Homeland Security), donde se narra que resultó ser un desastre. Mientras Markwayne reclamaba sobre el gobernador de Sinaloa y los demás imputados, la Presidenta no salía de su discurso de la soberanía del país; se dice por fuentes periodísticas que llegó a tal grado, que Mullin le dijo que los que seguían serían los gobernadores Américo Villarreal, de Tamaulipas; Alfonso Durazo, de Sonora; Marina del Pilar, de Baja California, y Alfonso Bedolla, de Michoacán.
Resulta de llamar la atención que a los dos días de la visita del secretario de Homeland Security, Andy López Beltrán haya dejado su cargo como secretario de Organización de Morena para buscar fuero con una candidatura para diputado federal.
Frente a esos señalamientos, las instituciones mexicanas han preferido quedarse inertes.
En su desesperación, Morena intenta ahora equiparar a la gobernadora de Chihuahua, que combate el crimen organizado, con estos delincuentes, pero ya pudimos observar cómo los chihuahuenses no lo van a permitir. Varias de esas estructuras políticas en el estado aparecen, además, vinculadas a Adán Augusto López Hernández, un personaje rodeado de denuncias por presunto financiamiento ilícito, enriquecimiento inexplicable, vínculos con empresas fantasma, redes de huachicol fiscal; protección política a integrantes de La Barredora, grupo criminal ligado a extorsión, secuestro y narcotráfico, fundado por Hernán Bermúdez Requena, íntimo amigo de Adán Augusto y secretario de Seguridad Pública durante su administración. Todos estos recursos han caído en las manos de la senadora Andrea Chávez, ya denunciada, y que las instituciones judiciales, hasta el día de hoy, no han hecho nada.
Mientras todo eso ocurre, la Fiscalía no investiga, no incomoda y mucho menos hostiga.
Millones de mexicanos comienzan a entender lo que el gobierno intenta negar: una Fiscalía que persigue a quien combate al crimen y protege a quienes aparecen señalados en investigaciones internacionales por narcotráfico.
El verdadero peligro que hoy enfrenta México en su soberanía no es que dos agentes de Estados Unidos hayan acompañado un operativo en contra del crimen organizado, sino que el gobierno deje todo en manos del crimen organizado, eso sí es perder la soberanía.