La FGR citó la semana pasada a comparecer a los diez sinaloenses que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos. Diez nombres que el país ya repite de memoria: el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el exalcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, exjefes de la policía de investigación, exsecretarios de un gabinete completo. Salvo que ya no son diez los que pueden sentarse frente al Ministerio Público de la Federación. Son ocho. Los otros dos —Gerardo Mérida Sánchez y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega— ya están del otro lado, bajo custodia estadunidense. Y esa resta, la de dos sobre diez, es la que debería quitarle el sueño al gobierno, porque cada nombre que cruza la frontera por su cuenta es una declaración: prefirieron, o temieron, la justicia que no es la nuestra.
Lo hemos dicho aquí más de una vez. La soberanía no se agota en el derecho a decir que no. Decir que no —exigir pruebas contundentes antes de cualquier detención provisional, recordar que Washington nos ha rechazado decenas de solicitudes de extradición por falta de evidencia, invocar el artículo 39— es legítimo y es necesario. Pero es la mitad fácil del argumento. La Presidenta lo ha envuelto en la bandera de la “verdad, justicia y defensa de la soberanía”, y tiene razón en cada palabra. El problema es que la soberanía, en su acepción completa, no es sólo la facultad de blindar la frontera ante la presión del vecino: es la obligación de hacer en casa lo que se le niega al otro. Investigar a fondo. Procesar. Castigar. Aquí. Si México sólo opone el escudo y nunca empuña la investigación, la soberanía deja de ser un principio para volverse un pretexto, y el matiz lo entienden perfectamente en la Casa Blanca.
Porque ahí está el cálculo que parece no medirse. Si los ocho que aún pueden comparecer en territorio nacional no son investigados hasta el fondo y juzgados con todas las consecuencias en tribunales mexicanos, entonces el gobierno le entrega a Estados Unidos algo más valioso que dos exfuncionarios: le entrega el relato completo. Le cede la narrativa —ese país-juez que sí actúa, que sí acusa, que sí encarcela— y le cede el espacio de acción, que es donde Trump quiere, precisamente, que estemos. Cada vez que México pide pruebas y no abre por su cuenta una indagatoria que muerda, confirma la caricatura que tan útil le resulta al Departamento de Justicia en plena temporada electoral: la del Estado que protege a los suyos. La soberanía que no produce justicia propia no se defiende: se cuenta sola, y la cuenta el otro.
De ahí que el riesgo mayor no sea la confrontación con Washington, sino la tentación interna de resolver esto con coreografía. Una citación no es una investigación. Comparecer “en calidad de entrevistado” no es ser procesado. La FGR dice que avanzará “con seriedad y exhaustividad”; ojalá, porque la distancia entre esas dos palabras y un expediente que sostenga una sentencia es enorme, y es justo en esa distancia donde suelen extraviarse los casos incómodos en este país. Si el citatorio entregado a Rocha Moya un sábado al mediodía resulta ser el principio de una indagatoria real, México habrá reconquistado el relato. Si es el final —una foto, un acta, un comunicado y luego el silencio administrativo de siempre—, habrá sido teatro. Y el teatro, en este caso, sale carísimo. Porque entonces el gobierno mexicano no le estará entregando al vecino su silencio ni su inacción, que ya serían graves. Le estará entregando algo peor: la certidumbre de un intento de engaño. La prueba documentada de que cuando se nos pidió actuar, montamos una escena. Washington sabe leer escenografías mejor que nadie y esa lectura no se desmiente con conferencias matutinas.
Ocho nombres siguen aquí. La soberanía, esta vez, no se va a medir en lo que México le responda a Estados Unidos. Se va a medir en lo que México se atreva a hacerse a sí mismo.