FGR busca reparar daño por violador; caso en 2018

La Fiscalía General de la República (FGR) busca que la condena de 494 años y la reparación del daño por 27 millones de pesos que consiguió en enero pasado como sentencia en contra de Ramón “N”, el sujeto que abusó sexualmente de 17 niños y niñas de entre 3 y 5 años en un kínder de la Ciudad de México, sean mayores. 

Leticia Catalina Soto Acosta, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la FGR, explicó en entrevista con Excélsior, que en paralelo a que la defensa de Ramón “N” combatió la sentencia del juez federal, la FGR también apeló. 

 “Ramón apeló la sentencia y nosotros también presentamos una apelación, señalando que no estábamos conformes con la pena impuesta y con el pago de la reparación del daño que fue de 24 millones 650 mil pesos, así como una multa de 3 millones 220 mil 500 pesos. 

 “A cada víctima directa se les ha señalado una reparación del daño de un millón 450 mil pesos, lo que para nosotros no es suficiente, si tomamos en cuenta que las víctimas tienen una pérdida de un proyecto de vida; que tendrán que enfrentar una circunstancia en el futuro y que esto no basta para que ellos puedan tener una vida medianamente accesible y que puedan sentir que fue reparado el daño”. 

La fiscal explicó cómo un amplio equipo de la FGR trabajó durante tres años, entre el 16 de octubre de 2018 hasta el 21 de enero de 2021 para conseguir la sentencia en contra de Ramón “N”, uno de los dos acusados del delito de pederastia, violación equiparada, abuso sexual y pederastia en grado de tentativa. 

 El otro acusado y sentencia, es identificado como Raúl “N”. Se acogió a un proceso abreviado; “aceptó la comisión de los hechos que a él se le imputaron, incluso el juez lo condenó a ofrecer una disculpa pública. En el caso de Ramón se ha declarado inocente, no ha aceptado la responsabilidad de los hechos, su defensa se presentó con 33 pruebas, las que fueron destruidas una a una por parte de los fiscales y a las que el juez al final no les concedió un valor probatorio que destruyera las 175 pruebas que nosotros presentamos en contra de Ramón”. 

 Sobre esas 175 pruebas presentadas por la FGR en contra de Ramón “N”, la fiscal Soto Acosta explicó que eso ocurrió en la audiencia intermedia y que entre estas estaban testimoniales, comentarios, periciales, “se nos aprobaron todas; fue una audiencia intermedia que duró tres días y al final, en la audiencia de juicio, 6 víctimas dieron sus testimoniales bajo el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia, en un espacio que les permitió cumplir con las directrices de este protocolo acompañado siempre por una psicóloga y previamente trabajado con ellos para que no resultara intimidatorio para el niño o la niña saber que estaban en un juicio. Este fue un trabajo muy intenso que se realizó para poder comprobarle al juez la existencia de esas conductas en contra de esos 17 niños y niñas”. 

 La titular de la FEVIMTRA dijo que la FGR recibió el caso por incompetencia de la Fiscalía de la Ciudad de México, ya que los hechos se habían realizado en una instalación federal, un kínder a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

 Mencionó que las investigaciones comenzaron después de que una madre se dio cuenta de un cambio de conducta de su hijo; en este caso ocurrieron algunas lesiones; “una mamá al hacerle una limpieza a su hijo se da cuenta de que hay una lesión y entonces es la primera que da la alarma, se acerca a la autoridad educativa y empieza a comunicarse con otros padres y madres de familia y esto va generando justo que se vayan desencadenando las diversas versiones de los padres y las madres que señalan, o bien cambios de conducta de sus hijos hijas a partir de ciertas fechas, o algunas afectaciones físicas”, dijo. 

 Se registraron en las investigaciones que también hubo avisos previos de las víctimas a sus padres, pero que no fueron atendidas. 

“Ya cuando se comienza a enterar de que existe alguna otra familia que está experimentando hechos parecidos, es cuando se abren y se deciden a presentar la denuncia. Incluso, hubo una alguna familia que se acercó y nos pidió que se hiciera una valoración psicológica de sus hijos e hijas, porque no estaban seguros de si ellos también habían sido agredidos”. 

Como resultado de este trabajo, que para Soto Acosta representó “una investigación con grandes retos”, y en la que participó personal especializado, con preparación multidisciplinaria y del delito, relacionada con temas periciales y jurídicos, así como de atención a víctimas, la FGR “logramos demostrar después de muchos meses de trabajo, que se agredió a estos 17 niños y niñas y que estos fueron víctimas del delito de pederastia, violación equiparada, abuso sexual y pederastia en grado de tentativa”. 

La fiscal explicó que mientras las investigaciones avanzaban con las primeras familias afectadas, otras se fueron acercando a la FGR a presentar la denuncia con otros niños y niñas, “ya estábamos en la etapa de la realización de los estudios sociológicos y las tomas de declaración; esto es muy importante comentarlo, porque para poder realizar el trabajo con niños de entre 3 y 5 años tuvimos que utilizar algunas metodologías que están diseñadas especialmente como un sistema de justicia adaptado y con perspectiva de niñez para que sea una justicia accesible y apropiada”. 

 Para tal efecto los especialistas de la FEVIMTRA utilizaron un muñeco anatómico asexuado que sirve para que el infante contara a través de esos muñecos lo que ocurrió. 

 “En un caso particular, logramos utilizar, incluso, una tecnología que se llama Antenitas, este es un muñeco virtual, que interactúa con el niño o la niña, operado por un experto en psicología infantil que con una plática guiada obtiene toda la información que se requiere de las diversas esferas del niño o la niña motivo del delito. 

 “En cada caso se iba utilizando la técnica menos invasiva y más amigable, de acuerdo a la situación de cada niño y esto se fue haciendo en distintos momentos con cada una de las víctimas”, señaló. 

 Como prueba anticipada, es decir antes del juicio, la fiscalía tuvo los casos de 8 víctimas, “este fue un trabajo muy importante y cercano logramos con la víctima, porque a través del apoyo psicológico se le prepara para que pueda dar su testimonio antes del juicio, pero como prueba anticipada es el acto de investigación que el juez autorizó, analizando cada caso, en aquellos casos que existe un riesgo de que la prueba se pierda o se altere; una de nuestra víctimas, tiene síndrome de Down y otros problemas de lenguaje. Esto habla de la complejidad del trabajo que hicimos”. 

 Sobre el tema de la reparación del daño a los víctimas directas e indirectas que se tiene que entregar y ante la imposibilidad de que Ramón “N” tenga dinero para ello, la fiscal Soto dijo: 

 “El Estado Mexicano tiene una obligación solidaria y existe un fondo que maneja la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y justo, la sentencia, a petición del Ministerio Público va en el sentido de que se ordene que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, realice el pago de esta reparación del daño bajo. 

 “En cuanto esta sentencia cause estado, es decir cuando ya no sea impugnable, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tendrá que resarcir el daño; nosotros esperamos que sea más de ese millón 450 mil pesos, pero digamos que hasta este momento ya es una obligación del Estado, y a la SEP le corresponde dar las becas educativas y a otras instancias mecanismos para la adquisición de viviendas y esto tendrá que ser motivo del seguimiento de la sentencia”. 

A pregunta expresa sobre cuánto fue lo que la FEVIMTRA pidió como cantidad para reparar el daño, la fiscal Soto Acosta señaló, sin dar una cantidad que “debe ser bajo una visión integral, un seguimiento específico de cada familia; el apoyo se debe dar para que cada familia completa pueda superar el hecho, acontecido y rehacer un proyecto de vida que fue truncado con la invasión de este depredador en sus vidas”.