Enjambre destapa catálogo político-criminal
A 22 meses de su arranque, la ofensiva contra la narcopolítica opera en ocho entidades, pero no ha tocado a Sinaloa, Guanajuato ni Guerrero, focos rojos de la violencia nacional durante los últimos años
Empezó con una sola alcaldesa presa en el Estado de Mexico y, sin hacer ruido, se convirtió en el catálogo más completo de cómo el crimen organizado toma a un municipio y se apodera de él.
Desde extorsión a familias desplazadas, alcaldes que heredan la plaza tras mandar a matar a su antecesor, cuotas al transporte público, la Operación Enjambre ha logrado en 22 meses irrumpir en ocho estados y detener a 111 funcionarios por sus nexos con grupos delictivos.
Comandados por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar Garcia Harfuch, han logrado dar fuertes golpes en el Estado de Mexico, Puebla, Morelos, Oaxaca, Jalisco, Chiapas, Veracruz y Tlaxcala.
No obstante, aún no ha incursionado en otros seis estados con presencia de crimen organizado y donde se concentran altos índices de muertes violentas, de acuerdo con datos oficiales: Sinaloa, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Michoacán y Guerrero.
El primer golpe
Fue el 22 de noviembre de 2024, en el Estado de México, cuando asestó su primer golpe como una acción coordinada para combatir la posible colusión de funcionarios públicos con grupos delictivos.
En Estado de México, uno de los primeros casos relevantes correspondió a la expresidenta municipal de Amanalco, detenida en diciembre de 2025, como parte de la primera etapa de la operación contra autoridades municipales.
En enero de 2025, fue detenida la expresidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos, por acusaciones de extorsión y presuntos nexos con un grupo delictivo.
Asimismo, en febrero de ese año fue detenido el presidente municipal electo de ese municipio, investigado por sus presuntos vínculos con la misma organización criminal y por extorsión.
En abril de 2025, fue detenido el presidente municipal de Almoloya de Alquisiras, investigado por su presunta vinculación con un grupo criminal de Michoacán y por extorsión agravada.
En Puebla, durante 2025 y 2026 se registraron diversas detenciones de autoridades municipales relacionadas con investigaciones por delitos de alto impacto.
En marzo de 2025 fueron detenidos el presidente municipal de Tlachichuca, por una investigación federal relacionada con hechos delictivos en la región y el presidente municipal de Ciudad Serdán, por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas.
En mayo de ese año fue reprehendido el presidente municipal de San Nicolás Buenos Aires, debido a nuevos cargos por abuso de autoridad.
En febrero de 2026 fue detenido el expresidente municipal de Cuautempan, investigado por secuestro, extorsión agravada, delincuencia organizada y narcomenudeo.
El 4 de septiembre de 2026, se detuvo al presidente municipal de Tepeyahualco, en el marco de una investigación ministerial.
Y el 7 de septiembre, el presidente municipal de Esperanza fue detenido junto con otras ocho personas por una investigación relacionada con robo de transporte de carga y presuntos vínculos con un grupo delictivo dedicado al robo de autotransporte.
En Morelos, las acciones contra autoridades municipales han derivado en diversas detenciones relacionadas con investigaciones por delitos como delincuencia organizada, extorsión, corrupción y delitos sexuales.
En abril de 2026 fue detenido el presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos, acusado de abuso sexual y corrupción de menores; en mayo fueron detenidos el expresidente municipal de Yecapixtla, y el presidente municipal de Atlatlahucan, como parte de una investigación relacionada con una estructura de corrupción, extorsión y presuntos vínculos con grupos criminales.
En junio de 2026 fue detenido el expresidente municipal de Ayala, relacionado con actividades ilícitas en la zona centro y oriente de Morelos.
Asimismo, en mayo fue detenido el presidente municipal de Cuautla, quien era buscado por delitos de delincuencia organizada y extorsión.
En Oaxaca, las investigaciones contra autoridades municipales también derivaron en detenciones durante 2025 y 2026.
En marzo de 2025 fue detenida la expresidenta municipal de Santa María Huazolotitlán, por su presunta responsabilidad en el tráfico de concesiones y permisos del servicio público de transporte.
En marzo de 2026 fue detenido el presidente municipal de Santa María Ipalapa, por su presunta implicación en el asesinato de su antecesor; mientras que en mayo de 2026 fue detenido el presidente municipal de Santa María Chilchotla, acusado de extorsión agravada y homicidio en grado de tentativa.
En Jalisco, en mayo de 2025 fue detenido el presidente municipal de Teuchitlán, señalado por sus presuntos vínculos con un grupo delictivo y por su posible implicación en el caso del Rancho Izaguirre.
Posteriormente, en febrero de 2026 fue detenido el presidente municipal de Tequila, investigado por extorsión y corrupción dentro del Ayuntamiento, así como por posibles vínculos con el mismo grupo criminal.
En Chiapas, en enero de 2025 fue detenido el exalcalde de Bellavista, señalado por exigir cobros de dinero a familias desplazadas por la violencia del crimen organizado para permitirles regresar a sus hogares; posteriormente, en enero de 2026 fue detenido el presidente municipal de Cintalapa, por delitos relacionados con ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, corrupción y malversación de recursos públicos.
En Veracruz, en enero de 2026 fue detenido el expresidente municipal de Atoyac, señalado como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado por hechos ocurridos en abril de 2025.
En Tlaxcala, en septiembre de 2025 se detuvo al expresidente municipal de La Magdalena Tlaltelulco, acusado de ejercicio ilícito del servicio público y peculado, derivado de un presunto desvío de recursos del erario municipal.