La multitud sedujo y la voz emocionada de la presidenta Sheinbaum fluyó ¡Viva la democracia! ¡Viva!, le respondieron. América Latina y el Caribe sigue siendo la segunda región más democrática del mundo, pero México, Argentina, El Salvador, Haití, Nicaragua y Perú ya no son democracias, sino autocracias electorales. Así lo expresó V-Dem en el Informe 2026 dado a conocer desde marzo. De hecho, los datos muestran que, a pesar del cambio del titular del Poder Ejecutivo, México dio un salto de la zona gris en la que se encontraba entre la democracia y la autocracia electoral en el año 2024, cuando todavía gobernaba López Obrador, para alojarse en definitivamente en ésta última en el 2025, cuando ya tenía un año gobernando Claudia Sheinbaum.
México ocupa el quinto lugar entre los diez principales procesos de autocratización en solitario del mundo, después de Hungría, Nicaragua, India y EU. La dramática caída antidemocrática se inició en 2019 con el triunfo de López Obrador, pero no se detuvo con la llegada de Claudia Sheinbaum. Contrario a lo que sucedió con el regreso de Lula da Silva en Brasil, en donde se revirtió el proceso autocrático impulsado por Bolsonaro. En ese contexto, V-Dem describe a México como un caso poco común de autocratización impulsada por un gobierno de izquierda y relaciona la caída con: el control simultáneo del Ejecutivo y el Legislativo; el debilitamiento de los límites judiciales; la reforma para elegir popularmente a integrantes del Poder Judicial; la politización de la justicia; y, la continuidad de Morena en la Presidencia y en el Congreso.
Ciertamente, la mayoría de estos factores se derivaron de las decisiones de López Obrador, pero fue en el gobierno de la presidenta Sheinbaum que se materializaron y consolidaron esos cambios. Aunque, no sólo son estos factores los que generaron una evaluación negativa para México. Hay otras acciones que encabezó el expresidente López Obrador que fueron lesivas para la democracia y siguen replicándose en el actual sexenio.
Por ejemplo, la censura de los medios de comunicación. El Informe 2026 coloca a México Junto con Hong Kong, Myanmar, Eslovenia y Togo entre los casos más graves. La censura es un componente de la pérdida de libertad de expresión, pero no es el único. En los procesos de autocratización de un país, también aumenta la autocensura, el sesgo informativo a favor del gobierno; y, el acoso a los periodistas que tienen voz crítica. Eso fue exactamente lo que sucedió desde 2019. El expresidente López Obrador encabezó una campaña feroz para denostar a los medios de comunicación y periodistas incómodos; hoy, la presidenta Sheinbaum es más sutil, impulsa normas disfrazadas para censurar; y algunos funcionarios de su staff siguen difundiendo listas de periodistas que son críticos del gobierno; incluso, desde el ámbito estatal, algunos gobernantes han impulsado iniciativas de “ley mordaza” para encarcelar a los periodistas críticos. A este clima de persecución se suma la violencia homicida contra los comunicadores o personas creadoras de contenido digital por parte de grupos criminales.
Otro factor determinante fue el aumento de la represión en contra de la sociedad civil. Entre todos los países que atraviesan procesos de autocratización, la represión de las organizaciones de la sociedad civil pasó del 49% al 68%, México aparece expresamente entre los ejemplos de países donde la represión contra organizaciones de la sociedad civil empeoró sustancialmente, junto con Bielorrusia, El Salvador, Georgia y Guinea. Esto comprende presiones como: estigmatización pública; restricciones para operar; vigilancia, hostigamiento administrativo o judicial; obstáculos al financiamiento, e intentos de controlar qué organizaciones pueden entrar o permanecer en la vida pública. Al respecto, son varias organizaciones las que podrían dar un testimonio de que todo esto sucede en México, pero, sin lugar a duda, un caso emblemático que hizo evidente la transformación autocrática que vive México es el de María Amparo Casar, presidenta de MCCI. El caso resulta muy aleccionador, porque demuestra que nuestra democracia no se debilitó por las voces críticas, sino porque el poder las convirtió en enemigos y utilizó su capacidad institucional para desacreditarlos, intimidarlos o silenciarlos.