Hace casi 30 años, cuando PRI y PAN ya caminaban de la mano aunque todavía cuidaban las formas, tomaron una decisión política y económica cuyas consecuencias siguen pesando, año tras año, sobre las finanzas públicas.
El tema volvió a la conversación cuando el actual titular de Hacienda, Edgar Amador, puso cifras a esa herencia funesta. A lo largo de estos años se han pagado alrededor de 1.6 billones de pesos relacionados con la deuda del Fobaproa y, pese a ello, la deuda original no se ha reducido, pues se ha ido refinanciando con nuevos bonos. Para el año próximo, el presupuesto público contempla alrededor de 48 mil millones de pesos para hacer frente a esos compromisos.
Para entender cómo llegamos hasta aquí hay que regresar a diciembre de 1998. Fue entonces cuando la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Protección al Ahorro Bancario y creó el IPAB, organismo que sustituyó al Fobaproa y quedó encargado de administrar buena parte del costo del rescate bancario. La votación retrata bien una alianza que todavía tardaría muchos años en asumirse abiertamente. PRI y PAN construyeron la mayoría que permitió aprobar la legislación con 325 votos a favor frente a 159 en contra, buena parte de ellos provenientes del PRD, entonces presidido a nivel nacional por Andrés Manuel López Obrador.
Para entonces, ambos partidos ya venían votando juntos algunas de las reformas económicas neoliberales más profundas de aquellos años, desde la reprivatización de la banca y la reforma al artículo 27 hasta la apertura del sistema ferroviario a concesiones privadas, proceso que terminó por desmantelar casi por completo el transporte de pasajeros y que los gobiernos de la Cuarta Transformación han comenzado a recuperar. El Fobaproa fue uno de los episodios más costosos de ese entendimiento, mucho antes de que PRI y PAN terminaran compartiendo candidaturas y coaliciones electorales.
El problema es que aquella historia no terminó con el gobierno de Zedillo ni quedó sepultada junto con los años del neoliberalismo. Todavía hoy, en un momento inédito en el que el presupuesto público se destina prioritariamente a programas sociales y grandes obras de infraestructura, miles de millones de pesos deben seguir reservándose cada año para cubrir una factura heredada por generaciones que ni siquiera habían nacido cuando PRI y PAN tomaron aquella decisión en beneficio de una minoría.
Ahí está buena parte del problema. No sólo porque demuestra, como pocos episodios de nuestra historia reciente, que aquello del “PRIAN” no fue una consigna política vacía nacida del obradorismo. Los cerca de 48 mil millones de pesos que deberán destinarse el próximo año a esta deuda son recursos que no podrán emplearse en otras necesidades del país. Casi tres décadas después, una decisión aprobada con los votos del PRI y del PAN sigue teniendo un costo directo sobre un presupuesto que pagamos todos.
Por eso, hablar hoy del Fobaproa no es aferrarse a una vieja disputa ideológica. Si una medida adoptada en los años 90 todavía obliga a reservar decenas de miles de millones de pesos en 2027, entonces forma parte del presente. Y también sirve para recordar que la relación política entre Acción Nacional y el otrora Revolucionario Institucional no nació con las coaliciones electorales de los últimos años, sino que tiene antecedentes en pactos y acuerdos legislativos cuyos costos, como en este caso, terminaron trasladándose durante décadas a las finanzas nacionales.
Tal vez por eso incomoda tanto que aquella historia siga formando parte de la conversación pública. No porque se trate de revivir una discusión agotada, sino porque sus consecuencias continúan llegando puntualmente a las cuentas del país. Los gobiernos cambiaron, los partidos aprendieron a presentarse juntos sin pudor y varias generaciones crecimos después de aquella votación. La deuda, en cambio, aquí sigue.