Avanza en 7 estados 3de3 contra violencia
Cuatro congresos locales se sumaron a la ratificación de la reforma para evitar que agresores lleguen a cargos públicos
Con el voto a favor de los congresos de la CDMX, Veracruz, Sinaloa y Baja California, continuó ayer avanzando la Ley 3de3 contra la violencia en su proceso de ratificación constitucional.
Hasta ahora son siete los poderes legislativos estatales que ya avalaron la reforma a los artículos 38 y 102 para establecer la inelegibilidad de quienes hayan incurrido en violencia sexual, familiar y política.
En días pasados quedó avalada en Quintana Roo, Tamaulipas y Estado de México.
Falta, sin embargo, que al menos otros 10 congresos estatales ratifiquen el dictamen para que éste pueda ser enviado al Ejecutivo federal y sea promulgado como ley vigente para los próximos comicios federales y presidenciales.
En la Ciudad de México, momentos antes de la votación, que fue unánime, la diputada local del PRD, Gabriela Quiroga, expresó: “hoy el congreso capitalino tiene la obligación y la oportunidad de hacer historia con la aprobación de esta minuta, para que en el próximo proceso electoral 2023-2024 ningún violentador pueda ocupar un espacio como candidato”.
Recordó el papel fundamental que jugaron las Constituyentes Feministas, la activista Yndira Sandoval y la abogada Patricia Olamendi, quienes diseñaron e impulsaron la iniciativa.
En Sinaloa, el Congreso también aprobó ayer esta minuta. La diputada Elizabeth Chia Galaviz (Partido Sinaloense) expuso:
En una verdadera democracia no basta con ser un funcionario eficiente, si se es acosador sexual; no basta ser un servidor público destacado, si se es agresor por razones de género; no basta ser un legislador, un magistrado o un presidente municipal honrado y sin vínculos de corrupción, si se es un deudor de pensión alimenticia”.
También ayer salió adelante el dictamen en el Congreso de Veracruz, con el voto de 44 de los 50 diputados.
La legisladora Anilú Ingram (PRI) destacó que de formalizarse la aprobación de esta reforma, tanto los acusados por agresión sexual, los sentenciados por violencia familiar y los que no cumplen con pagar la pensión alimenticia ya no podrán ser candidatos, servidores públicos ni podrán ocupar cargos de elección popular.
El próximo lunes, las diputadas federales del Grupo Plural para la Igualdad Sustantiva harán un llamado a los congresos estatales pendientes para conseguir que la Comisión Permanente declare la conclusión del proceso parlamentario antes de que concluya mayo.
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clm
