Jack Smith solicita cerrar caso contra Trump por inmunidad presidencial

El fiscal especial Jack Smith solicitó desestimar las acusaciones contra el presidente electo Donald Trump por conspiración para alterar los resultados de las elecciones de 2020. Esta decisión se basa en la doctrina de inmunidad presidencial, una política del Departamento de Justicia que prohíbe procesar penalmente a un presidente en funciones.

El fiscal especial Jack Smith solicitó este lunes desestimar el caso contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por supuestamente conspirar para alterar el resultado de las elecciones de 2020 que perdió ante Joe Biden.

Ante la jueza de distrito que preside el caso, Smith afirmó que debería desestimarse a la luz de una política del Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en ejercicio. 

Pidió a la jueza Tanya Chutkan que desestime el caso pero dejó abierta la posibilidad de que pueda reactivarse una vez que Trump deje el cargo, en principio en 2029. 

Días después de que el magnate conservador derrotara a Kamala Harris en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, Smith ya anuló todos los plazos del calendario judicial sobre el caso. 

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La posición del gobierno sobre "la acusación contra el demandado no ha cambiado", recalcó Smith en la presentación ante la jueza. "Pero las circunstancias, sí", añadió.

"Desde hace mucho tiempo, la posición del Departamento de Justicia ha sido que la Constitución de Estados Unidos prohíbe la acusación federal y el posterior enjuiciamiento penal de un presidente en funciones", explicó el fiscal. 

"Como resultado, esta acusación debe ser desestimada antes de que el acusado sea investido", aclaró.

El director de comunicaciones del magnate republicano, Steven Cheung, lo calificó de "gran victoria para el Estado de derecho".

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"El pueblo estadounidense y el presidente Trump quieren un fin inmediato a la politización de nuestro sistema judicial y esperamos unir a nuestro país", afirmó Cheung en un comunicado.

El presidente electo es acusado de conspiración para defraudar a Estados Unidos y para obstruir un procedimiento oficial, es decir la sesión del Congreso para certificar la victoria de Biden. Fue interrumpida el 6 de enero de 2021 por una turba de partidarios del expresidente.

También se le acusa de intentar despojar de su derecho al voto a los estadounidenses con sus falsas afirmaciones de que ganó las elecciones de 2020. 

Smith acusó a Trump de gestionar incorrectamente documentos ultrasecretos después de dejar la Casa Blanca, pero ese caso fue desestimado por un juez federal en Florida con el argumento de que fue nombrado fiscal especial ilegalmente. 

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Smith recurrió la decisión del magistrado, pero este lunes retiró la apelación.

Trump se enfrenta a otros dos casos: uno en Nueva York y otro en Georgia.

En mayo fue condenado en Nueva York por 34 cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir un pago a la actriz porno Stormy Daniels en vísperas de las elecciones de 2016 con el fin de evitar que revelara una supuesta relación sexual. 

El juez Juan Merchan ha pospuesto la sentencia mientras considera una solicitud de los abogados de Trump para que la condena sea anulada a la luz de una decisión de la Corte Suprema. 

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El máximo tribunal afirmó en julio que un presidente tiene amplia inmunidad en el ejercicio de sus funciones. 

En Georgia, Trump enfrenta cargos de crimen organizado por presuntamente intentar alterar los resultados de las elecciones de 2020 en este estado del sur del país. Es muy probable que este caso quede entre paréntesis mientras esté en el cargo debido a la política de no procesar a un presidente en funciones.

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¿Sabías que el Departamento de Justicia tiene políticas sobre inmunidad presidencial?

    Con información de AFP.   

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N. de la R. La decisión del fiscal especial Jack Smith de solicitar la desestimación del caso contra Donald Trump se fundamenta en la interpretación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre la inmunidad presidencial. Esta doctrina, aunque no está explícitamente estipulada en la Constitución, se deriva de memorandos internos y precedentes legales, como el de 1973 emitido por la Oficina de Asesoría Legal (OLC) durante el caso de Watergate, reafirmado en 2000, los cuales argumentan que un presidente en funciones no puede ser acusado penalmente para garantizar la continuidad del gobierno. Respecto a los otros casos legales que enfrenta Trump, el caso de Georgia, en el que se le acusa de violar la Ley RICO, destaca por su potencial impacto ya que no se vincula a la inmunidad presidencial bajo el ámbito estatal. Sin embargo, los procedimientos podrían quedar en suspenso hasta el final de su mandato. Por otro lado, la condena en Nueva York relacionada con el pago a Stormy Daniels, aunque está en proceso de apelación, subraya un uso estratégico del sistema legal por parte de sus abogados, quienes buscan aprovechar decisiones recientes de la Corte Suprema que amplían la inmunidad presidencial en el contexto de sus funciones oficiales. Cabe señalar que esta inmunidad no necesariamente aplica a actos cometidos antes o después de su presidencia. Finalmente, es relevante recordar que la sesión del 6 de enero de 2021, interrumpida por los disturbios en el Capitolio, está documentada como un evento sin precedentes en la historia política reciente de Estados Unidos, y cualquier resolución judicial podría sentar un precedente significativo para futuros casos relacionados con la responsabilidad presidencial y electoral.