Revisión de candidaturas no resuelve la intervención del crimen
El mecanismo, propuesto por Morena, enviará de forma confidencial las listas de aspirantes a las instancias de seguridad e inteligencia del Estado para detectar nexos con la delincuencia.
Con la sombra de los 10 extraditables de Sinaloa, en la Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados se aprobó este martes la iniciativa para crear una instancia revisora de la integridad de las candidaturas.
“¡Entreguen a sus narcopolíticos!”, reclamó la diputada Ana María Balderas Trejo (PAN) en la ronda en que 28 legisladores votaron a favor y nueve en contra.
Al fijar postura por su partido, la panista insistió en que la propuesta presidencial llegó tarde, porque el problema de representantes populares vinculados al crimen organizado se encuentra en Morena.
“Pero si quieren, de verdad, hacer soberanía en México, entreguen a los delincuentes; ya los tienen y los tienen señalados e investigados (…) El buen juez por su casa empieza (…) Rompan el pacto, ya que no quisieron entrarle a evitar al crimen organizado en las elecciones, y en cambio presentan esta iniciativa que es una burla para los mexicanos”, señaló la diputada Balderas.
La reforma
El diputado Víctor Hugo Lobo Román (Morena), presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, expuso que los cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas se sustentan en los principios de respeto a la autonomía partidaria, pues la participación será voluntaria.
Enfatizó el morenista que la verificación tendrá rango institucional al crearse, dentro del INE, la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas como comisión permanente.
Precisó el diputado Lobo que dicha instancia recibirá listas de aspirantes, a fin de remitirlas a las instancias de seguridad e inteligencia para notificar los resultados de riesgo.
Planteó el morenista que “el mecanismo opera con estricta confidencialidad, presunción de inocencia y debido proceso”.
Es un modelo político
Por el PRI, el diputado Carlos Mancilla cuestionó que lo sucedido en Sinaloa “no es un caso extraordinario, es una realidad que está en todo el país, porque esto ya es un modelo político donde el narco pone candidatos, financia campañas, controla territorios y después obtiene protección institucional por parte del gobierno de Morena”.
Movimiento Ciudadano lamentó la cerrazón del gobierno para atender los argumentos de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sobre los riesgos que conlleva el hecho de que cinco consejeros formen parte de la instancia que habrá de crearse.
El vicecoordinador de los diputados de MC, Pablo Vázquez Ahued, calificó como errónea la concepción de un mecanismo sustentado en el trabajo que actualmente no realizan la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Consejo Nacional de Inteligencia.
“Son instituciones que, si tienen indicios, información, pruebas o denuncias sobre actividades ilícitas de actores políticos, tienen la obligación de investigar, cumplir la ley y ejercer la procuración de justicia, pero como no lo hacen, se sacan de la manga esta ocurrencia de un esquema que no tiene sustento”, dijo.
Es un buen inicio
El diputado Hugo Eric Flores (Morena) recriminó a la oposición negarse a respaldar una iniciativa que, dijo, debería pasar por consenso.
“Si no es ahora, no vamos a empezar nunca. La convocatoria es muy sencilla: empecemos con esto y profundicemos este sistema”, alegó.
Del PVEM, Carlos Guevara Garza afirmó que “con esta medida se incentiva a los partidos a fortalecer sus procesos internos de selección, elevando los estándares éticos de quienes buscan representar a la ciudadanía”.
PAN y PRI lamentaron que se hubiera perdido la oportunidad de legislar en serio contra la narcopolítica.
“Poner enunciados en la Constitución sin consecuencia es poesía”, alertó el coordinador de los panistas en San Lázaro, José Elías Lixa, al recordar que su bancada ha propuesto desde tiempo atrás la pérdida de registro a partidos políticos que se financien con dinero del crimen organizado, sanciones penales y nulidad de elecciones cuando se postule a un narcopolítico.
“Lamentablemente vamos a dejar ir como Congreso mexicano una gran oportunidad para declararle frontalmente una oposición a los cárteles en la Constitución”, sostuvo la diputada presidenta Kenia López Rabadán.
El dictamen se someterá a discusión y eventual aval del pleno de la Cámara de Diputados este miércoles.