Veracruz: desaparecidos se multiplican bajo el gobierno de Rocío Nahle

En Veracruz, la desaparición de personas dejó de ser un dato frío para transformarse en una herida abierta que sangra a diario. Lejos de enfrentar la emergencia con mayor capacidad institucional, el gobierno de Rocío Nahle García optó por reducir recursos destinados a las búsquedas en campo y al Servicio Médico Forense, profundizando una crisis que ya estaba al borde del colapso.

A poco más de un año de haber asumido el poder, la administración de Nahle García carga ya con una crisis humanitaria que crece sin freno, mientras las respuestas oficiales siguen atrapadas en el discurso.

Los números son contundentes, aunque incompletos. El propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas mantiene activas 410 fichas de búsqueda correspondientes al primer año de esta nueva administración estatal, hasta el 22 de diciembre de 2025. Desde entonces, no se han presentado cifras consolidadas, una omisión que alimenta la sospecha de que el problema es aún mayor.

Para Marcela López López, integrante del Colectivo Por la Paz Xalapa, aseguró en entrevista que el sistema forense del estado está rebasado, cuerpos que se acumulan sin identificar, indicios permanecen guardados durante meses y el personal resulta claramente insuficiente para enfrentar la magnitud de la tragedia, o que se traduce en una crisis forense.

Hay tantos cuerpos que no se les puede dar identidad porque no hay personal suficiente. Aunque se creó otro espacio para estas labores, sigue siendo rebasado por las desapariciones”.

Dijo que la llamada crisis forense no es un concepto técnico, es una realidad que se vive en refrigeradores saturados, bolsas sin nombre, expedientes empolvados, y cada resto humano sin identificar representa una familia atrapada en la incertidumbre.

Pero el colapso no se limita a los servicios periciales. Las búsquedas en campo prácticamente se han detenido. No por falta de desaparecidos, sino por falta de recursos.

Hoy no hay búsquedas, casi no salen porque no hay dinero. Ni la Fiscalía ni la Comisión de Búsqueda tienen recursos para mover a su personal”, afirmó López López.

La paradoja es brutal: mientras las fosas clandestinas siguen apareciendo y los cuerpos abandonados se multiplican, el aparato estatal se achica frente a la emergencia.

Una sola fiscal atendiendo decenas de carpetas, agentes ministeriales que toman nota sabiendo que no alcanzará el tiempo ni la fuerza operativa para investigar cómo se debe.

Y ahí recae la responsabilidad política. La gobernadora no puede seguir escudándose en inercias heredadas cuando su administración ya acumula más de un año de decisiones, presupuestos y prioridades.

La desaparición de personas no ha sido tratada como emergencia estatal, sino como un problema secundario. Las propias familias lo dicen con claridad, “se necesita más personal, más recursos y una estrategia real para enfrentar tanto la búsqueda de personas como la identificación de cuerpos”.

Bajo el gobierno de Rocío Nahle, las desapariciones no solo continúan, aumentan. Y con ellas crece también la sensación de que, para el poder, las víctimas siguen siendo un número incómodo y no una prioridad urgente.

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