Transparencia; ley en la materia cumple 18 años

CIUDAD DE MÉXICO.

A pesar de que la Ley Federal de Transparencia cumplió 18 años, entre 40 y 50% de la población no sabe que tiene derecho a solicitar información a cualquier nivel de gobierno, y los gobiernos tienden a practicar “atajos” para ocultar sus datos, coincidieron en señalar especialistas en la materia.

En cuanto al manejo de la información por el actual gobierno, Jacqueline Peschard, excomisionada del IFAI, consideró que se han “acentuado” estos “atajos”, aunque advirtió que desde los dos gobiernos anteriores inició la tendencia a ocultar la información.

Para Issa Luna Pla, coordinadora del tema en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el derecho a la información podría ser “unificador” en un contexto de polarización, fake news y la posverdad, toda vez que de esa manera se puede conocer “la verdad” de lo que están haciendo los gobiernos.

Ambas especialistas subrayan que esta ley fue “clave” para el proceso de democratización del país.

Fue un 12 de junio pero de 2002 cuando entró en vigencia la primera Ley Federal de Transparencia en el México.

Issa Luna Pla aseguró que “este derecho es un gran monumento al empoderamiento ciudadano y a recordarnos constantemente que los gobiernos tienen una tendencia a ocultar información de frente a los ciudadanos”.

Los legisladores hicieron una “muy buena ley con un órgano garante de que la información iba a estar en manos de los ciudadanos” que siguió una buena racha, normativamente hablando, hasta 2014, expresó.

Sin embargo, no hemos logrado que toda la sociedad sepa que tiene el derecho, las últimas encuestas que hizo el Inai hablaban de que 40 a 50% de la población sabe que tiene derecho a la información”, externó.

Lo que sí se ha logrado, aseveró, es que sectores como los académicos, empresarios, periodistas y organizaciones civiles, cada vez hacen un uso más especializado del acceso a la información.

Hoy vemos solicitudes complejas con preguntas muy especializadas, con un trasfondo de documentación. El derecho sí que ha funcionado como un contrapoder frente a las decisiones más complejas” de los gobiernos, dijo.

Para Jacqueline Peschard, estos sectores son “traductores que difunden la información” a toda la población.

Y si los poco interesados en el tema de las solicitudes de transparencia se han especializado, ambas expertas coinciden en que las dependencias de gobierno han mejorado sus tácticas para negar la información.

En estos 18 años buena parte de los entes públicos han logrado identificar ciertos atajos para no cumplir con el acceso a la información”, comentó Peschard.

Agregó que “es un resorte muy común de los servidores públicos de resistirse a la transparencia, por eso le digo que estamos todavía con muy buena ley pero con muchas resistencias a convertir el derecho de información en una práctica cotidiana fluida, libre”.

Al hablar sobre la actual administración federal, la excomisionada señaló que “lo que llevamos año y medio de este gobierno lo que hemos visto es que se han acentuado estas malas prácticas de darle la vuelta al acceso a la información. Se han acentuado como parte de una tendencia que son las resistencias del sector público para dar la información”.

Luna Pla, en tanto, consideró que se ha registrado un “decremento” en el nivel de cumplimiento, porque se niega o se declara la inexistencia de información que se da a conocer en las conferencias matutinas del Presidente, o información básica que debería darse a conocer sin ninguna traba.

Para las dos especialistas, el reto está en lograr que la ciudadanía que esté más interesada en utilizar este instrumento para obtener información, pero también para defender a la democracia.

Cada vez vamos a presencia una polarización en nuestra sociedad que se está generando y ya lo estamos observando y este derecho debería considerarse un derecho unificador para el entorno de la democracia, dado que es el único de los derechos que nos permite conocer la verdad”, dijo Luna Pla al referirse no sólo al ambiente polarizado, sino también a la creciente difusión de noticias falsas y a la posverdad.

UN CAMINO

Los ciudadanos que quieran solicitar algún tipo de información a dependencias federales, estatales o municipales, necesitan contar con un correo electrónico y abrir una cuenta en la Plataforma Nacional de Transparencia (PTN) que se encuentra en la página del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en www.inai.org.mx.

Luego de crear un perfil, el o la ciudadana podrán solicitar información a 874 sujetos obligados de los tres Poderes de la Unión, partidos políticos y sindicatos de las dependencias de gobierno, así como a organismos autónomos.

Una vez que el o la ciudadana solicitaron información las dependencias tienen 20 días hábiles para responder, y una oportunidad de solicitar 20 días más para encontrar la información.

Una vez que responden, si el o la solicitante no está conforme puede recurrir al Inai para solicitar que se ordene a la dependencia entregar la información, y el Instituto en sesión de Pleno, decide si procede o no la petición del ciudadano.

También se pueden consultar las páginas de cada dependencia en internet para buscar información en sus Portales de Transparencia, sobre más de 100 obligaciones, que, por ley, las dependencias.

Entre los temas están las contrataciones, presupuesto aprobado, ejercicio del gasto, directorio de funcionarios y salarios.

AL INICIO, TODA UNA NOCHE SIN DORMIR

El entonces comisionado del IFAI José Octavio López Presa y todo el equipo que implementó la primera plataforma para solicitar información a las dependencias públicas, ajustó los últimos detalles en la madrugada del 12 de junio de 2003.

Así lo recuerda María Marván, otra de las comisionadas fundadoras del primer Instituto de Transparencia después de la aprobación de la Ley que normaba todo ese tema, un año atrás, el 12 de junio de 2002.

En ese 2003, se invitó a un grupo de notables a las instalaciones del IFAI para que fueran los primeros en hacer una petición de información vía la plataforma.

Ese primer día entraron varias solicitudes de información, pero Marván recuerda la de Raúl Trejo Delarbre, porque le negaron lo que solicitó y fue la primera queja que resolvió el pleno del IFAI, una semana después de que abrió la plataforma.

El académico e investigador había solicitado a la SCT copias de las concesiones de radio y televisión.