Rumbo al 8M organizaciones exigen eliminar el aborto del Código Penal

En un conversatorio para prensa, clave en el marco del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, activistas de distintas organizaciones hicieron un llamado a la incomodidad necesaria para abordar la persistente criminalización del aborto en México, a pesar de los avances logrados a nivel judicial y legislativo.

Las participantes, incluyendo a Elida Caballero Cabrera del Women's Equality Center (WEC), Aide García Hernández de Católicas por el Derecho a Decidir México, Angie Contreras y Liz Mejorada de "Mujeres Vivas y Libres", coincidieron en que el debate sobre el derecho a decidir es una pieza central y entrelazada con las luchas por la seguridad, la justicia, la economía y la salud.

El aborto sigue en el Código Penal: una criminalización constante

Angie Contreras, vocera de la campaña "Vivas y Libres", enfatizó que el aborto no se ha despenalizado porque sigue tipificado como delito en el Código Penal.

Esta situación va más allá de la prisión y se traduce en criminalización social y procesos de investigación que obstaculizan el acceso y criminalizan a las mujeres. Señaló que, aunque el mapa de la República es cada día más verde, en estados como Aguascalientes se han reducido los plazos legales (de 12 a seis semanas de gestación), y otros como Guanajuato no han cumplido con las indicaciones de la Suprema Corte. Y enfatizó en que el Estado ha utilizado recursos para criminalizar en lugar de investigar otros casos o capacitar en aborto seguro, incentivando la desmotivación para acceder al servicio.

Necesitamos que el aborto sea un tema de salud pública. Sacarlo del Código Penal implica poder brindar justamente esta información y que no se criminalice".

63 mujeres en prisión

Aide García Hernández, directora de Católicas por el Derecho a Decidir México, reafirmó que la agenda pendiente es el aborto y que la tipificación como delito es el problema central.

Las mujeres y las personas con capacidad de gestar abortan, lo han hecho siempre y lo seguirán haciendo. Pero la pregunta es si el Estado va a garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva o va a seguir criminalizando el aborto", declaró.

Aidé García presentó cifras que evidencian la continuidad de la criminalización. En 2025 se registraron 63 mujeres en el país que se encuentran en prisión o en espera de una sentencia por interrumpir un embarazo; del 2012 al 2025, se han iniciado 2,169 denuncias por aborto.

La meta urgente, según la activista, es avanzar hacia la eliminación del delito de aborto del Código Penal, e iniciar esta "muestra de congruencia" en la Ciudad de México, ciudad que ha despenalizado el aborto por plazo desde hace 18 años.

El derecho depende del "código postal"

Elida Caballero Cabrera, del Women's Equality Center (WEC), reconoció el liderazgo de México a nivel judicial —calificando la decisión de la Suprema Corte de 2023 como un "parteaguas"—, pero alertó que no se puede hablar de una despenalización total cuando "el acceso al servicio.. depende de tu código postal" y de cuánto dinero se tenga, lo que calificó como "criminalizar la pobreza."

Dijo que la permanencia del delito en los códigos penales estatales y federales genera una contradicción legal, dejando a personal de salud y mujeres con dudas sobre qué ley debe primar.

Y respaldó el punto de vista de Angie y Aidé en que eliminación del delito es necesaria para que México “termine con broche de oro" la consolidación de su autoproclamado liderazgo como un gobierno feminista.

Agregó que la desigualdad en el acceso es tal que cuatro de cada diez mujeres que acceden al servicio de aborto en la Ciudad de México provienen de otros estados del país.

Las expertas concluyeron que la despenalización no es suficiente; y que el siguiente paso fundamental es la eliminación del delito para garantizar el derecho pleno a la salud y consolidar a México como un referente en la región.

RLO