Operación Enjambre rompe el control criminal sobre 2 millones de habitantes
La captura de más de 85 servidores públicos, incluidos 19 alcaldes y exalcaldes, además de regidores, síndicos y mandos policiacos, algunos ya no estando en funciones, desmantela redes de extorsión, secuestro y vínculos con el crimen organizado en al menos 28 municipios
Más de 2.2 millones de habitantes en al menos 28 municipios de nueve estados —Estado de México, Morelos, Michoacán, Tabasco, Jalisco, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Tlaxcala— vivieron sometidos bajo el yugo criminal de sus propias autoridades hasta que la intervención federal logró la detención alcaldes, exediles, regidores, síndicos, algunos en funciones, y mandos policiacos por nexos con el crimen organizado y por delitos como extorsión, secuestro y homicidio.
La magnitud de esta crisis de gobernabilidad motivó la puesta en marcha de la Operación Enjambre, la cual arrancó las primeras horas del 22 de noviembre de 2024. Esta estrategia, coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fuerzas federales y fiscalías locales, ha resultado en la captura de al menos 19 alcaldes y exalcaldes, quienes forman parte de los más de 85 servidores públicos arrestados hasta la fecha.
Entre el inicio del despliegue y el 31 de mayo de 2026, las investigaciones habían derivado en 20 sentencias condenatorias que sumaban hasta ese momento un total de mil 143 años de prisión. El pasado 16 de junio, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó en la conferencia matutina que la estrategia ha mantenido resultados operativos contundentes contra las redes de infiltración criminal.
El epicentro
La Operación Enjambre tuvo como epicentro el Estado de México, entidad que concentra el mayor impacto de la infiltración, con un millón 875 mil 624 habitantes afectados en las demarcaciones intervenidas.
En Amanalco, la exalcaldesa María Elena Martínez Robles fue sentenciada a 70 años de prisión tras acreditarse su responsabilidad en el homicidio calificado del síndico Miguel Ángel Lara Mercado y su escolta, en enero de 2023.
Lo anterior, luego de que la Fiscalía mexiquense determinara que Martínez Robles habría ordenado el asesinato a integrantes de La Familia Michoacana para mantener el control de la administración local.
Según pesquisas, la exmunícipe había enviado al síndico y a su guardaespaldas a una zona bajo control criminal, donde los ultimaron.
En Santo Tomás de los Plátanos, las intervenciones derivaron en la captura de la exalcaldesa María del Rosario Matías Esquivel y el procesamiento de su esposo, el recién electo alcalde Pedro Luis Hernández de Paz, por extorsión agravada.
En enero de 2025, la exedil fue detenida en el municipio de Metepec por soldados y agentes estatales por sus nexos con una red de corrupción.
El rigor judicial alcanzó a mandos policiacos clave, como al excomisario de Nicolás Romero, Adrián Mauricio Sánchez Mitre, quien recibió una pena de 190 años, mientras que el exdirector de Seguridad de Tlatlaya, Luis Ángel Nicolás Santos, fue sentenciado a 50 años, y el policía Agustín Gildardo Bringas Álvarez a 60 años por secuestro.
En abril de 2025, en Almoloya de Alquisiras, fueron aprehendidos el expresidente municipal Ari Patrick N”, un hermano suyo identificado como Baltazar “N” y una comerciante de Almoloya de Alquisiras identificada como Guillermina, debido al delito de extorsión.
Además, fueron arrestados el síndico, en ese entonces en funciones, de Aculco, José Humberto “N”, y Édgar “N”, exmando de Seguridad de dicho municipio, quienes presuntamente cobraban derecho de piso a los comerciantes de manera violenta.
En noviembre de 2024, Omar Leyva, subdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan; así como los directores de Seguridad Pública de Tejupilco e Ixtapaluca, fueron capturados por el delito de extorsión.
Sin embargo, el operativo tomó un rumbo inesperado en Texcaltitlán, donde las autoridades buscaban aprehender a Isidro Cortés Jiménez, director de Seguridad Pública municipal, acusado de tener vínculos con grupos delictivos como La Familia Michoacana.
En un video que se hizo viral en redes sociales, se observa el momento en el que un grupo de policías le solicitan a Cortés Jiménez que entregue su arma porque sería detenido. En cuestión de segundos, el hombre toma el arma y se dispara en su oficina, terminando con su vida.
Morelos y la expansión del despliegue nacional
La mancha de la corrupción alcanzó a 336,514 habitantes en seis municipios de Morelos. El 20 de mayo pasado, fueron detenidos Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahucan; Horacio Zavaleta Malacara, secretario del ayuntamiento de Cuautla; Jonathan Espinoza Salinas, tesorero de Cuautla; Pablo Portillo Galicia, empresario de Cuautla y oficial Mayor del municipio de Cuautla, e Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla, por sus vínculos con el crimen organizado, así como delitos de extorsión.
Posteriormente, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Hermosillo, Sonora, Édgar Alejandro Domínguez Villapudua, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y ordenó el traslado al Centro Federal de Reinserción Social ubicado en Sonora de cinco alcaldes, excandidatos y funcionarios detenidos en Morelos durante la denominada Operación Enjambre, por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa.
Impacto en otros puntos
El despliegue federal se extendió a otras latitudes, en Michoacán se desarticuló al cabildo de Chavinda por colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Entre los detenidos estaban la síndica, Ana Laura Covarrubias Ramos, los regidores de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia e Innovación, y de Desarrollo Económico, Jesús Vega Ayala y Paulo César Alejandre Cárdenas, respectivamente, así como del director y el subdirector de Seguridad local, Juan Carlos Jacobo García y César Adrián Olmos Sánchez.
Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 10 de julio en Tabasco —entidad que se ha visto sumida en una crisis de inseguridad heredada por el grupo criminal La Barredora, cuyo líder, el exmando policiaco Hernán Bermúdez Requena, fue detenido en Uruguay, en septiembre de 2025, y extraditado a nuestro país—, cuando fueron aprehendidos por extorsión y secuestro, como parte de la Operación Enjambre, los agentes estatales Carmen, Rubén, Carlos Mario, Edi, Francisco Javier y Joan Darío, en el interior de las instalaciones policiacas.
La Operación Enjambre se ha extendido a otras partes del país y entre los casos más recientes también está la detención de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, junto con otros funcionarios de esa localidad, por sus presuntos vínculos en el delito de extorsión y el CJNG.
El funcionario es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar relacionado con una célula delictiva del CJNG.
La información establecía que, presuntamente, Rivera Navarro lideraba una red de corrupción gestada dentro del ayuntamiento, en la cual servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario. Rivera fue vinculado a proceso por extorsión.
También se han realizado operaciones adicionales en Chiapas (Cintalapa y Bellavista), Puebla (San Nicolás Buenos Aires, Tlachichuca y Ciudad Serdán), Oaxaca (Santa María Huazolotitlán) y Tlaxcala han permitido capturas de alto perfil, ratificando el compromiso federal de restringir el flujo de recursos públicos hacia actividades delictivas.
Cabe destacar que, aunque no están relacionados con la Operación Enjambre, recientemente, la alcaldesa de Tenancingo, Nancy “N”, fue imputada por su presunta simulación de su secuestro. Lo anterior, debido a un desfalco de 40 millones de pesos de las arcas locales. Su esposo Roberto “N” y su cuñado Óscar “N”, participaron con la munícipe.
Otro caso reciente es el del alcalde de Metepec, Fernando Gustavo Flores Fernández, quien aún en funciones enfrenta un proceso, luego de ingresar, junto con su escolta armado, el pasado 4 de junio, a un club deportivo del que es socio a intervenir en una gresca que involucró a un hermano y sobrinos.
El Ministerio Público aseguró que Fernando Gustavo es autor material en el delito, donde actuó más allá de las atribuciones conferidas en ley, llevó a cabo una conducta de ilegal, ingresó con violencia y escoltas armados, lo que derivó en dos familiares heridos e incluso testigos que fueron encañonados por su escolta, cuando pudo haber elegido ingresar pacíficamente al inmueble a ver a su familia y dejar a su escolta fuera.