Entre los múltiples problemas que azotan a México, junto con el crecimiento magro de la economía, las cifras inocultables de asesinatos y desapariciones, y las carencias en la atención de la salud, se encuentra un fenómeno que ha afectado gravemente al país: el huachicol, que es el robo de combustible que cualquier grupo delictivo puede hacer en los ductos de Pemex y es conocido desde hace más de 15 años. La mayor tragedia relacionada con el huachicol en Hidalgo ocurrió el 18 de enero de 2019 en el municipio de Tlahuelilpan, donde la explosión de una toma clandestina dejó un saldo oficial de 137 personas fallecidas.
El 14 de enero de 2019, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el señor que ya no está, en conferencia de prensa habló del huachicol, y soltó una sentencia que lo definiría: “Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República”. Seis meses después, el 28 de julio de 2019, en el municipio de Coscomatepec, Veracruz, insistió: “Los negocios más jugosos, los actos de corrupción más escandalosos que se cometen siempre llevan el visto bueno del presidente de la República”.
Y esto se comprueba al conocer que una filial de Pemex encargada de administrar las pipas antihuachicol del gobierno de López Obrador pagó más de 22 millones de pesos a la empresa de Sergio Carmona Angulo, identificado como El Rey del Huachicol. El contrato permanece oculto, pero los comprobantes fiscales en poder del SAT lo delatan.
En los últimos años, el delito ha mutado hacia el huachicol fiscal. A través de aduanas, redes criminales —en ocasiones vinculadas a cárteles como el de Sinaloa o el CJNG— ingresan combustible falsificado o subdeclarado, sin el pago de los altos impuestos de importación. Este esquema, que representa miles de millones de pesos, es actualmente uno de los enfoques principales de seguridad por parte de las autoridades que utilizan cruces de inteligencia financiera y auditorías marítimas y portuarias para tratar de desmantelar estas redes.
Pero el fenómeno continúa; el testimonio clave es el del capitán Alejandro Torres Joaquín, quien el 13 de mayo de 2025 entregó a la fiscalía una carta en la que relató que cuando fue director de la aduana de Tampico se toleraba el huachicol fiscal mediante el pago de millonarios sobornos. En la misiva relató que en una ocasión alertó al capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, quien era el encargado de repartir los pagos, que había temor entre el personal porque cada vez ingresaban más buques y era evidente el contrabando de combustible. Las consecuencias para el país son gravísimas: entre ellas la evasión de impuestos: el contrabando de combustibles evita el pago del IEPS y del IVA. Además, la evasión fiscal reduce de forma directa los recursos disponibles para la hacienda pública y servicios del Estado. Pero, tristemente, ésta es una competencia desleal, porque el combustible ilegal se vende más barato en el mercado negro, lo que afecta a gasolineras y empresas formales que pagan impuestos; esto sin olvidar que los recursos del huachicol fortalecen a grupos delictivos y fomentan la corrupción en aduanas y sectores locales, y las acciones de vigilancia extrema o los cierres de ductos a veces generan retrasos temporales en el abasto regional de combustible.
El impacto económico del huachicol continúa creciendo; en 2025, el costo estimado por el robo de combustible alcanzó 123 mil 500 millones de pesos, la tendencia había mostrado un incremento sostenido desde 2022, ese año tuvo una caída (53 mil 300 millones de pesos) y volvió a subir en 2023 a 72 mil 400 millones de pesos, en 2024 subió más a 116 mil 500 millones y hoy tiene esa cifra: 123 mil 500 millones de pesos.
En todo este negocio desde siempre han estado involucrados presidentes municipales, gobernadores y funcionarios que recuerdan las palabras del señor que ya se fue; entre muchos, se ha mencionado a los presidentes municipales Eduardo Gattás, alcalde de Ciudad Victoria por el partido Morena; Armando Martínez, alcalde de Altamira por el partido Morena; Carmen Lilia Canturosas, alcaldesa de Nuevo Laredo por el partido Morena, Horacio García Rojas, exsubsecretario de Salud del gobierno de Tamaulipas, quien fue cesado en 2019; Armando Zertuche, diputado local de Morena; Erasmo González, diputado federal y presidente de la Comisión de Presupuesto de San Lázaro, y el líder nacional de Morena, Mario Delgado. Ninguno de ellos ha sido detenido o encarcelado por sus delitos.
Pero ahora resulta que el gobierno sí es eficiente: hace unos días, La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien es investigado por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustible y por el delito de delincuencia organizada; o sea que para los amigos, “justicia y gracia”, y para los que no están en la 4T, “justicia a secas”; lástima.