La evolución del narco en México y su infiltración en el poder
Desde el sexenio de Miguel de la Madrid hasta la actualidad, el narcotráfico en México ha pasado de ser un fenómeno regional a una élite global con presencia en las más altas esferas del gobierno
Los cárteles de la droga acumulan más de cuatro décadas de presunta penetración en las más altas esferas del poder político mexicano. El cártel de Sinaloa es la organización que más tiempo ha permanecido enquistada en esas estructuras: alrededor de un cuarto de siglo.
Las élites del narco fueron evolucionando y dejaron de ser élites regionales, se convirtieron en élites estatales, después en élites nacionales, para llegar a ser élites a nivel mundial.
“Con esa evolución, los distintos gobiernos de México fueron estableciendo esquemas de contacto, de sinergia, con los grupos del narcotráfico”, sostuvo en entrevista con Excélsior David Saucedo, analista en seguridad.
La vinculación entre los grupos del narcotráfico y las élites políticas comenzó durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid (1982-1988), según una línea de tiempo documental.
Como punto de inflexión Saucedo mencionó el secuestro y asesinato, en 1985, del agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique Camarena y del piloto mexicano Alfredo Salazar.
Los responsables de estos hechos fueron los líderes del cártel de Guadalajara: los sinaloenses Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero.
Las investigaciones realizadas por las autoridades estadunidenses concluyeron que el cártel de Guadalajara mantenía vínculos con funcionarios de alto nivel del gobierno federal y del gobierno de Jalisco, entidad donde ocurrieron los secuestros. Los cuerpos de ambos fueron encontrados en territorio de Michoacán.
En México, desde el sexenio de Miguel de la Madrid ha habido vinculación orgánica de los grupos del narcotráfico con las élites políticas nacionales. El viejo cártel de Guadalajara estaba vinculado orgánicamente con el sexenio de de De la Madrid, vía el general Juan Arévalo Gardoqui, secretario de la Defensa Nacional”, dijo Saucedo.
El analista explicó que durante las décadas de los setenta y ochenta el Estado mexicano mantuvo una clara superioridad frente a las organizaciones del narcotráfico. Cuando decidía actuar contra alguno de sus líderes, podía detenerlo sin mayores dificultades.
“Ya en la década de los noventas, empezó una situación asimétrica: los cárteles mexicanos incrementaron su capital de manera exponencial, cuando se relacionaron con los cárteles colombianos y comercializaron cocaína en Estados Unidos; porque en los setenta y ochenta, los cárteles mexicanos se dedicaban a la marihuana y a la heroína, producto de la goma de opio, de la amapola.
“Entonces, pasaron de operar únicamente en regiones del país, a ser élites que operan a nivel nacional e internacional. Es entonces que el Estado mexicano perdió el control, el dominio; ya no podían acotar a estos cárteles y empezaron a tener esta fuerza inusitada. Después los cárteles mexicanos incursionaron en las drogas de diseño, como las metanfetaminas, el fentanilo, y ya su poder económico es estratosférico”, dijo.
En ese mismo periodo, agregó el especialista, también cambió la relación entre el Estado y las organizaciones criminales. Según explicó, los gobiernos federales de distintos partidos —PRI, PAN y Morena— modificaron gradualmente su modus vivendi con los cárteles de la droga.
Como ejemplo, mencionó las administraciones de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, durante las cuales, afirmó, los cárteles dejaron de ser únicamente un fenómeno que debía combatirse y pasaron a convertirse en un poder con el que el Estado también tenía que negociar.
El auge de Sinaloa
Previo a que el Cártel de Sinaloa se convirtiera en el grupo criminal más poderoso en el país, distintos grupos delincuenciales como el cártel del Golfo, que operó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) o el de Juárez en la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000).
Durante el sexenio de Zedillo, el Cártel de Sinaloa registró una expansión. De acuerdo con Saucedo, no existen testimonios, investigaciones periodísticas ni indagatorias oficiales, tanto del gobierno de México como de autoridades estadunidenses, que acrediten una relación entre integrantes del cártel y el gobierno.
Durante ese sexenio se registró la captura de Juan García Abrego, quien posteriormente fue deportado a EU bajo el supuesto de ser ciudadano estadunidense. Tras este hecho, el Cártel de Sinaloa comenzó un proceso de crecimiento y expansión.
Sostuvo que tras el debilitamiento del Cártel del Golfo, la organización encabezada por Joaquín El Chapo Guzmán fortaleció su presencia y aumentó su capacidad operativa.
Según el analista, durante esos años El Chapo consolidó un importante nivel de poder, incluso al interior del centro penitenciario donde permanecía recluido, antes de ser trasladado a otro penal.
Saucedo también señaló que, durante la administración de Zedillo, otros integrantes del Cártel de Sinaloa, como los hermanos Beltrán Leyva e Ismael El Mayo Zambada, incrementaron su influencia dentro de la organización.
No obstante, considera que el grupo que obtuvo mayores beneficios durante ese periodo fue el cártel de Juárez, encabezado por Amado Carrillo Fuentes.
Nahum, el informante
El primer caso de la sinergia entre la estructura política y el cártel de Sinaloa que se conoció públicamente y que tuvo consecuencias, fue en febrero de 2005, durante la recta final del gobierno de Vicente Fox (2000-2006). El señalado fue un colaborador cercano al presidente: el coordinador de sus giras.
Del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), las acusaciones alcanzaron al secretario de Seguridad Pública. Y de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), al secretario de la Defensa Nacional. Ya en el nuevo régimen surgido en 2018 y que se mantiene en este momento, los señalamientos, hasta ahora, han recaído sobre un gobernador en funciones y un senador de la República. Información pública perfila a otros mandatarios estatales.
El origen de esta historia de presunta colusión se remonta a la primera fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, ocurrida el 18 de enero de 2001. Aquel día, el entonces líder del cártel de Sinaloa escapó del penal federal de máxima seguridad de Puente Grande. Más de dos décadas después, permanece recluido en una prisión de Estados Unidos con sentencia de cadena perpetua, más 30 años.
Los nombres cambian. Los partidos cambian. Los cargos cambian. Pero durante 25 años las acusaciones sobre presuntos vínculos entre integrantes del poder político mexicano y el cártel de Sinaloa han aparecido de manera recurrente. Y, en prácticamente todos los casos, el punto de partida ha sido el mismo: investigaciones desarrolladas por agencias federales y autoridades judiciales estadounidenses, como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Departamento de Justica de Estados Unidos.
La primera señal pública apareció cuatro años después de la fuga de Guzmán. En febrero de 2005 se conoció que Nahum Acosta Lugo, funcionario adscrito a la Coordinación de Giras de la Presidencia de la República, era investigado por presuntamente proporcionar información al narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, entonces integrante de la estructura del cártel de Sinaloa.
García Luna, a la cárcel por narco
La información había sido entregada desde 2004 por la DEA a la entonces PGR. De acuerdo con esos reportes, Acosta Lugo recibió en su teléfono celular una llamada de Héctor Beltrán Leyva, operador de la organización criminal sinaloense en Sonora y hermano de Arturo Beltrán. Además, que había visitado una casa en el estado de México donde había vivido la esposa del narcotraficante. Acosta se defendió diciendo que buscaba rentar una casa. Y que en las giras presidenciales entregaba cientos de tarjetas de presentación.
El 4 de febrero de 2005, Acosta Lugo fue detenido en las oficinas de Los Pinos, entonces residencia oficial de la Presidencia de la República. Las acusaciones en su contra consistían en filtrar información sobre las actividades del presidente Fox a una organización criminal.
Tras permanecer algunos meses en prisión, recuperó su libertad y desapareció de la vida pública. Sin embargo, el tema de la presunta protección institucional al cártel de Sinaloa no desapareció.
Durante el gobierno de Felipe Calderón, los señalamientos se dirigieron de manera recurrente contra el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. A través de mantas colocadas en distintos puntos del país —sobre todo cuando se enfrentaban bandas rivales—, y de múltiples acusaciones públicas, se le vinculó con el cártel de Sinaloa. Durante años, esas denuncias fueron desestimadas o consideradas parte de la propaganda del crimen organizado. Pero un juez en Nueva York no lo vio así. García Luna está en la cárcel.
Los acontecimientos ocurridos entre octubre y diciembre de 2019 dieron una nueva dimensión a la presunta penetración del crimen organizado en las altas esferas gubernamentales.
El 17 de octubre de ese año ocurrió el llamado Culiacanazo: la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, tras una intensa confrontación armada entre fuerzas federales e integrantes de la facción conocida como Los Chapitos. La decisión de liberar al detenido fue asumida públicamente por el entonces presidente de México Andrés Manuel López Obrador.
Menos de dos meses después, el 10 de diciembre de 2019, García Luna fue arrestado en Dallas, Texas. En 2024, lo sentenciaron a 38 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.