Descartan desfalco en becas y acusan "vaivén de información"
Julio César León Trujillo asegura que todos los registros se cotejan con Renapo y atribuye las tarjetas activas no entregadas al "vaivén de información" con el Banco del Bienestar
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar prepara la documentación para aclarar los 592.3 millones de pesos observados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, luego de que la confronta con el Registro Nacional de Población (Renapo) arrojara resultados negativos en 67 mil 142 registros de beneficiarios.
Su titular, Julio César León Trujillo, aseguró a Excélsior que es imposible que el programa incorpore alguna CURP no verificable y descartó que haya un desfalco, aunque reconoció que pidió a la autoridad fiscalizadora precisar las inconsistencias para poder responder.
Para poder ser integrante del sistema de becas, la confronta se tiene que realizar sí o sí contra Renapo, y Renapo nos dice si hay alguna inconsistencia o si es una CURP no válida y entonces no participa del programa”, afirmó.
“Se nos hace muy extraño que hayan encontrado esto, pero estaremos proporcionando la información para que se solvente y entonces ya no tengamos ninguna dificultad. No hay tal desfalco”.
León Trujillo explicó que el procedimiento de incorporación comienza con el registro de los estudiantes, mediante la CURP y la clave de la escuela pública. Posteriormente, los datos se cotejan con Renapo y sólo los registros que cumplen los requisitos se incorporan al padrón de beneficiarios.
Después, la información se envía al Banco del Bienestar para la apertura de cuentas y la entrega de tarjetas.
El funcionario agregó que, antes de realizar el primer depósito, se lleva a cabo una nueva revisión para identificar a estudiantes fallecidos y evitar que se les transfieran recursos.
Pese a estos controles, no detalló qué pudo haber originado los resultados negativos detectados en los 67 mil 142 registros de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).
No obstante, señaló que ya le solicitaron a la dependencia que precise las inconsistencias y que por su parte preparan la documentación para solventar las observaciones.
León Trujillo dijo que no daría por hecho que la autoridad auditora se equivocó y sostuvo que primero deben conocer con exactitud qué encontró para responder con información documental.
Intercambio de información
Otro de los puntos abordados por el funcionarios fue la existencia de tarjetas reportadas como no entregadas que aparecían activas en los riesgos revisados por la auditoría.
León Trujillo atribuyó estas diferencias al intercambio de información entre la coordinación y el Banco del Bienestar, durante el procedimiento que se utilizaba anteriormente para entregar los medios de pago.
Explicó que en ese esquema la coordinación integraba el padrón y lo enviaba al banco, que era el que debía informar cuáles tarjetas habían sido entregadas a los beneficiarios. Con base en esos reportes, la dependencia instruía los depósitos.
El funcionario consideró que el “vaivén de información” entre ambas instituciones pudo generar las diferencias observadas.
Sostuvo que las tarjetas que no habían sido entregadas permanecían inactivas y que aquellas identificadas como activas correspondían a las que el banco había reportado como entregadas.
Añadió que el procedimiento cambió y que ahora la Coordinación integra el padrón y realiza directamente la entrega de tarjetas antes de instruir al banco para que efectúe los depósitos.
El coordinador descartó que las diferencias representen por sí mismas una irregularidad en la entrega de los apoyos, aunque la explicación sobre el intercambio de información deberá contrastarse con la documentación y la resolución de la auditoría.
Eran estudiantes válidos
Ante la pregunta sobre si los 592.3 millones de pesos observados correspondían a recursos efectivamente dispersados, León Trujillo respondió afirmativamente y sostuvo que los apoyos se entregaron a estudiantes cuyos registros habían sido validados e incorporados al padrón mediante los procedimientos habituales.
El funcionario rechazó que exista un desfalco y defendió los mecanismos de control de los programas sociales. Insistió en que la observación debe entenderse dentro de un procedimiento de auditoría que permite a las instituciones presentar información para aclarar los hallazgos antes de que la autoridad emita una determinación.
Sin fecha para cerrar la auditoría
León Trujillo afirmó que la documentación para responder a la auditoría ya está preparada y anticipó que los resultados se conocerán una vez que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno revise la información.
Sin embargo, reconoció que no existe una fecha específica para cerrar el procedimiento. Explicó que el plazo dependerá de la información que entregue la Coordinación, de la revisión que haga la autoridad fiscalizadora y de si quedan aspectos pendientes por aclarar.
El funcionario también señaló que la Coordinación realiza revisiones presenciales de manera rutinaria como parte de sus mecanismos internos de supervisión.
Estas verificaciones incluyen visitas a estudiantes y familias para comprobar información relacionada con las tarjetas y los depósitos, aseguró.
Finalmente, pidió a los beneficiarios confiar en el programa y sostuvo que la CURP es un requisito indispensable para recibir los apoyos.