Caso Rocky: Las asignaturas pendientes tras la muerte del perrito en Saltillo
A casi 15 días de la muerte de Rocky, la Fiscalía de Coahuila mantiene abierta la investigación, mientras persisten pendientes forenses, judiciales y legales.
A casi 15 días del fallecimiento de Rocky, el perro de raza gran pirineo que fue arrastrado desde una camioneta al norte de la capital coahuilense, la resolución del caso mantiene una serie de pendientes legales, forenses y legislativos que las autoridades deberán desahogar en los próximos meses.
A pesar de que la necropsia de ley ya fue practicada por un médico veterinario, en compañía de la Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales, los resultados técnicos detallados no han sido difundidos en su totalidad.
El médico veterinario Humberto Baca, director médico del hospital donde se atendió de urgencia al can hasta su muerte, ha insistido en que dicho resultado debe ser de carácter público para otorgar transparencia sobre el diagnóstico de trauma medular agudo y desarticular versiones sobre un presunto intercambio del animal.
El equipo médico del Hospital Veterinario Pets Care confirmó que emprenderá acciones legales contra individuos y asociaciones que difamaron, amenazaron y violentaron sus instalaciones. El personal denunció haber recibido agresiones verbales y daños materiales, como vidrios rotos, lo que plantea un pendiente legal sobre la responsabilidad civil y penal de quienes participaron en estos actos.
Tras la vinculación a proceso de Liliana, señalada por el delito de crueldad animal, un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Durante este periodo, tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como la defensa de la persona imputada podrán robustecer sus teorías del caso y aportar pruebas adicionales antes de pasar a la etapa de juicio.
La situación jurídica de Jorge, esposo de la imputada, permanece abierta. Aunque obtuvo su libertad bajo reservas de ley, continúa sujeto a una investigación por obstrucción de la justicia y amenazas, derivada de su conducta durante el cateo realizado en su domicilio. La Fiscalía deberá determinar si estas acciones ameritan una sanción penal independiente.
El Código Penal de Coahuila establece que los actos de crueldad animal se sancionan con penas de seis meses a dos años de prisión. Sin embargo, la muerte del ejemplar activa una agravante que duplica la penalidad, lo que permite a la Fiscalía solicitar una condena de hasta ocho años de prisión y multas de hasta 500 días.