1. Transparencia prometida. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que desterrará la discrecionalidad en el acceso a la información pública y obligará a dependencias, Pemex y a la CFE a publicar contratos, convenios y auditorías bajo reglas claras. Raquel Buenrostro asegura que, incluso, los acuerdos con empresas extranjeras dejarán de esconderse tras el argumento de la seguridad nacional. La intención merece reconocimiento, pero la transparencia no se mide por decretos, sino por datos disponibles, actualizados y verificables. ¿La información incómoda dejará de ser excepción y se convertirá en obligación? Ojalá, porque esta historia ya la habíamos oído.
2. Decomisos. Claudia Sheinbaum elevó el tono y aseguró que cada dólar que Estados Unidos decomise a narcotraficantes o delincuentes de cuello blanco será reclamado para México. Puso sobre la mesa el caso de Ismael El Mayo Zambada, cuyo presunto patrimonio de 15 mmdd, aclaró, es apenas una estimación del Departamento de Justicia, no dinero localizado. También recordó la devolución de recursos ligados a Genaro García Luna como precedente. La exigencia es legítima, pero cómo convertir el discurso en resultados. Recuperar activos exige cooperación efectiva y expedientes sólidos. Juntos logran más.
3. Cuestión de ADN. El escándalo por el examen de admisión no se explica sólo por la trampa; también desnuda un sistema rebasado. La UNAM, bajo la rectoría de Leonardo Lomelí, detectó irregularidades, ordenó un examen de control para miles de aspirantes y defendió la integridad del proceso. Pero el problema de fondo es que casi 180 mil jóvenes compiten por menos de 19 mil lugares. Cuando el embudo es tan estrecho, el fraude encuentra terreno fértil. La UNAM debe proteger sus evaluaciones, sí, pero el Estado también debe asumir que el fracaso no es tecnológico: es haber normalizado que nueve de cada 10 aspirantes se queden sin un lugar.
4. Pausas. El aplazamiento de la audiencia de Gerardo Mérida no modifica el fondo del expediente, pero sí prolonga la sombra sobre el gobierno de Rubén Rocha Moya. El exsecretario de Seguridad enfrenta en Estados Unidos acusaciones de haber recibido pagos mensuales de 100 mil dólares de Los Chapitos para facilitar sus operaciones, cargos que él niega y por los que se declaró inocente. Mientras la justicia estadunidense mueve sus tiempos, la pregunta en México sigue sin respuesta: ¿cómo operó durante tanto tiempo un funcionario de ese nivel sin que nadie detectara nada?, ¿por qué otros sospechosos caminan tan campantes?
5. Aviadores. En el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, del Senado, la diplomacia espera turno. Bajo la dirección de Salvador Caro Cabrera y con Miguel Ángel Fonz al frente de la Unidad de Diplomacia Parlamentaria, ambos identificados con el grupo político de Adán Augusto López, el organismo acumula dos años sin completar su estructura, mientras las ausencias en oficinas son la constante. A ello se suma una nómina que incluiría a personas asignadas a otras tareas, como Paulina Ocampo Estrada, vinculada al grupo parlamentario del PT. Un centro de estudios sin personal completo convertido en pista de aviación.