Para la ciudadanía ya no hay manera de saber, con base en datos, qué tanto aprenden los alumnos de lo que se supone que deben asimilar. Saber qué tan buena es la calidad de la educación es una aspiración neoliberal. Las autoridades de educación prefieren que la gente se entere de las cifras exorbitantes que se gastan en becas y de las millonadas que el gobierno transfiere a los padres de familia para el mantenimiento de las escuelas por medio del programa La Escuela es Nuestra. Claro, además de los libros de texto gratuitos distribuidos, si bien no informa si los usan los docentes y los alumnos.
Las piezas oratorias del alto funcionariado exponen las virtudes de la Nueva Escuela Mexicana y del humanismo mexicano. También de la atención que prestan a las demandas de los docentes y de la presunción de un desempeño del sistema escolar cercano a lo maravilloso. Claro, reconocen (por las demandas de los líderes de las facciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) que hay problemas en la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, pero que resolverán mediante una consulta nacional; imagino que con encuestas y sesiones de los consejos técnicos escolares. Esa retórica, por lo general, evita hablar de los problemas o, si los menciona, lo hace para argumentar que están en camino de resolverse.
Sin embargo, la percepción de la ciudadanía contradice las certezas. Evidencia sustantiva que no surge de la oposición, indica que más de 20% de la población desconfía de los servicios de la educación pública básica. Los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023 y 2025), muestran que la percepción ciudadana sobre el desempeño de las escuelas contradice las cifras que la Secretaría de Educación Pública divulga con frecuencia en sus boletines. El dedo en la llaga: la Constitución establece que la educación pública debe ser gratuita, pero, en la práctica, apenas la mitad de los usuarios percibe que, en realidad, lo sea (por “cuotas voluntarias”, uniformes, listas de útiles y/o gastos en ceremonias). Aunque la percepción de gratuidad mejoró de manera significativa (pasando de 46.5% en 2023 a 51.9% en 2025), sigue siendo uno de los rubros peor evaluados de toda la encuesta. Casi la mitad de los usuarios sienten que la escuela pública les cuesta dinero de su propio bolsillo. A pesar de la mejora en la percepción, el rezago frente al mandato constitucional es enorme.
Con todo y las cifras que el gobierno destina al programa La Escuela es Nuestra, la ENCIG informa que cerca de 20% de los encuestados percibe estancamiento en la infraestructura. Otras investigaciones documentan escuelas sin agua ni piso, en especial en zonas pobres y con aulas sobrepobladas. En cuanto al cumplimiento de los días de clase, que siempre debería ser del 100%, la encuesta muestra que la gente percibe que disminuyó de 87.1% en 2023 a 84.9% en 2025. Si después el Inegi muestra el desglose, conjeturo que, en los territorios de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la ausencia fue mucho mayor, tanto como para elevar el promedio nacional. Es un punto de tensión crítico: hay pérdida progresiva de días lectivos (por adelantos de cierres, paros, burocracia o contingencias), eso que afecta el tiempo efectivo de aprendizaje del alumnado. Y con todo y eso, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, quería adelantar el cierre del año lectivo 2025-2026. Además, cerca de 20% considera que los salones de clase y las instalaciones en general no son ni limpias ni ordenadas.
Quizá algunos hipercríticos se sientan molestos, pero la percepción del trabajo de los docentes sigue siendo un punto fuerte. Las cifras de aprecio mantienen niveles altos y estables (80% en 2023 y 81% en 2025). Todas las encuestas que conozco muestran que la sociedad valora a los maestros; sí, critica que haya huelgas y desmanes y que no se cumplan los planes, pero no los culpan. Algunos analistas estiman que los responsables de las fallas en la educación son los líderes de las facciones sindicales y los burócratas del gobierno.