Alcaldes de Cuautla, Atlatlahucan y Yecapixtla financiaron campañas con narcodinero
La FGR detectó que el Cártel de Sinaloa financió las campañas de candidatos en al menos 8 municipios de Morelos, para conseguir la protección de actividades delictivas como la extorsión, homicidio, secuestro y narcomenudeo.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal, ejecutó un operativo simultáneo en distintos municipios de Morelos que derivó en la captura de Agustín Toledano Amaro. Presidente Municipal de Atlatlahucan; Horacio Zavaleta Malacara; Irving Sánchez Zavala, expresidente Municipal de Yecapixtla, así como de otros actores políticos y sociales investigados por presuntos vínculos con una organización criminal señalada de infiltrar gobiernos municipales mediante el financiamiento de campañas electorales.
Ulises Lara, fiscal en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, informó que las detenciones fueron resultado de investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), las cuales permitieron establecer posibles nexos entre servidores y ex servidores públicos con grupos delictivos que operan en la entidad.
El despliegue se realizó durante las primeras horas de este día con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Agencia de Investigación Criminal (AIC), con respaldo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Agustín Toledano Amaro. Presidente Municipal de Atlatlahucan; Horacio Zavaleta Malacara, Actual Secretario del Ayuntamiento de Cuautla; Jonathan Espinoza Salinas, Tesorero de Cuautla; Pablo Portillo Galicia, empresario de Cuautla y actual Oficial Mayor Del Municipio de Cuautla; Irving Sánchez Zavala, expresidente Municipal de Yecapixtla; Arisbel Rubí Vázquez Amaro (a) “Jefa”, excandidata a la presidencia de Atlatlahucan identificados como actores políticos y sociales con presencia en Morelos.
De acuerdo con la FGR, las indagatorias permitieron documentar la operación del crimen organizado en al menos ocho municipios de la entidad, entre ellos Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan. A partir de estos hallazgos, el Ministerio Público Federal y agentes de investigación desarrollaron labores de seguimiento y trabajo de campo para fortalecer las líneas de investigación.
La dependencia sostuvo que la coordinación con el Gabinete de Seguridad fue determinante para concretar las órdenes de aprehensión contra funcionarios y ex funcionarios presuntamente relacionados con un grupo criminal que habría logrado penetrar estructuras municipales mediante el apoyo económico a campañas políticas. Según las investigaciones, también existen indicios de actos de intimidación contra adversarios políticos.
Las autoridades federales señalaron que esta infiltración habría contribuido al incremento de la violencia en Morelos durante 2024, al facilitar condiciones para la comisión de delitos como extorsión, homicidio, narcomenudeo, robo y secuestro, además de intensificar disputas entre organizaciones criminales.
La FGR relacionó este contexto con diversos hechos violentos registrados en la entidad, entre ellos los homicidios de ex alcaldes ocurridos en 2022 y 2023, así como agresiones contra aspirantes y candidatos durante el proceso electoral 2023-2024.
Dentro de la carpeta de investigación también fue incorporado material difundido en medios de comunicación, en el que presuntamente aparecen alcaldes y representantes populares de Morelos, electos en junio de 2024, reunidos con Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”, identificado como el líder del Cártel de Sinaloa en el oriente del estado de Morelos y Baja California.
Con estos elementos, la FEMDO obtuvo de un juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, con sede en Hermosillo, las órdenes de aprehensión por la probable comisión del delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud.
Posteriormente, fuerzas federales ejecutaron cateos en seis inmuebles localizados en Huimilpan, Querétaro, así como en Atlatlahucan y Cuautla, Morelos, donde fueron cumplimentados los mandamientos judiciales y los detenidos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.