Estados Unidos fue exhibido en el campo de batalla por Irán; que quebró ese relato de inexpugnabilidad, al atacar hasta 16 bases militares estadunidenses en la región del golfo Pérsico, provocando un daño estimado en 800 millones de dólares. A Irán tampoco se le perdonará el haber mostrado la fragilidad del Domo de Hierro israelí; por ello y ante el imparable avance comercial de China, Estados Unidos e Israel vuelcan su frustrada ambición sobre América Latina.
La amenaza recae sobre el Estado Plurinacional de Bolivia, tierra de abundantes recursos naturales como el litio. Junto con Argentina y Chile, Bolivia forma parte de una región que ha sido denominada “Triángulo del Litio”, la cual, de acuerdo con el Mineral Commodity Summaries del Servicio Geológico de Estados Unidos, tiene al menos 57 millones de toneladas de las 115 millones de toneladas estimadas a nivel mundial; el 47.82% del total del codiciado elemento químico. Bolivia tiene reservas por al menos 23 millones de toneladas, alrededor del 20% mundial.
Si bien las tres naciones sudamericanas comparten casi la mitad del litio existente, su extracción no es homogénea. Chile es el segundo exportador mundial, sólo por detrás de Australia, y junto con Argentina aportan aproximadamente un tercio de la producción global. En Argentina, bajo el entreguismo apátrida que caracteriza a su actual gobierno, el extractivismo ha crecido con saqueos legalizados, como la exención de derechos de exportación a mercaderías del sector minero, que regaló Javier Milei mediante el Decreto 563/2025, y en los hechos significa que el litio sale de la Argentina sin reportar ganancia alguna para el Estado. El modelo favorito de Washington, Latinoamérica y el Caribe como una región exportadora de bananas, o de recursos estratégicos, da lo mismo siempre que sea extractivismo puro, sin valor agregado alguno; despojo neocolonial.
En Bolivia, hasta hace muy poco estuvo en el poder un régimen nacionalista, de izquierda y que reivindica la riqueza pluricultural de los pueblos originarios de Bolivia, liderado, primero, por Evo Morales al frente del gobierno (2006-2019) y Luis Arce como su ministro de economía; y por este último como presidente de 2020 a 2025. Ambos, artífices del “milagro boliviano” que cuadriplicó en términos nominales el PIB, hoy padecen persecución judicial en el caso de Arce Catacora (detenido desde noviembre de 2025), y extrajudicial en el caso de Morales Ayma, que ha denunciado un plan de la derecha y agentes estadunidenses para secuestrarlo y asesinarlo. No exagera, López Obrador envió un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para salvarle la vida en noviembre de 2019.
Durante el exilio de Evo Morales surgió un gobierno de limitado reconocimiento internacional, el de Jeanine Áñez, que fue bien recibido por Donald Trump; estaba entonces, y ahora, en juego la posibilidad de reincorporar en Bolivia el dogma neoliberal. Un “ajuste estructural”, eufemismo de la privatización de recursos como el litio, y medidas que el gobierno de Rodrigo Paz aglutinó en el Decreto Supremo 5503, rechazado popularmente a finales de 2025. Actualmente, la Ley 1720 fue leída por los sectores obrero, campesino e indígena como el inicio del despojo neoliberal de la tierra, y a ello oponen resistencia.
Estados Unidos ya se pronunció en favor de “la democracia”, acusando a las protestas de provocar escasez energética e inflación; a los líderes políticos, de narcotráfico; y a todo aquel que resista la represión, terrorista. Nada nuevo: lo que dicta el manual de intervenciones de Washington en América Latina.