Tarjeta roja al trabajo infantil

El trabajo infantil rara vez ocupa un lugar central en la conversación pública de México. El tema reaparece cuando se publican nuevas cifras, se conmemora una fecha o se impulsa alguna campaña, pero pronto vuelve a quedar fuera de la agenda. Esa falta de atención contrasta con la dimensión del problema y con sus efectos sobre la educación, la salud y las oportunidades futuras de millones de niñas, niños y adolescentes.

Su persistencia refleja carencias económicas, educativas y sociales que requieren una respuesta sostenida y coordinada. Gobierno, empresas, organizaciones de trabajadores, escuelas y familias tienen responsabilidades distintas, pero complementarias, para prevenirlo y erradicarlo.

Por eso tuvo especial valor el torneo de futbol Tarjeta Roja al Trabajo Infantil, promovido por la Organización Internacional del Trabajo. El encuentro reunió la semana pasada a representantes del gobierno, las organizaciones empresariales, sindicatos y la propia OIT alrededor de una causa compartida.

El futbol sirvió como un lenguaje común para recordar que la colaboración es indispensable frente a un problema de esta magnitud. Como señaló Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex, debemos trabajar para que las nuevas generaciones permanezcan en la escuela, aprendan y se diviertan, sin verse obligadas a realizar actividades que las expongan a la explotación.

Conviene también precisar de qué estamos hablando. Ayudar ocasionalmente en el hogar, asumir responsabilidades o conocer un oficio bajo condiciones seguras y adecuadas a la edad tiene un sentido formativo. El trabajo infantil aparece cuando una actividad se realiza por debajo de la edad permitida, expone a riesgos, impone jornadas excesivas, afecta la salud o desplaza el tiempo destinado a la escuela, el descanso y el desarrollo personal.

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2022 estimó que 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años se encontraban en esta situación, equivalentes al 13.1 % de ese grupo de población. La cifra había sido de 3.2 millones en 2017 y de 3.3 millones en 2019. Alrededor de 1.1 millones no asistían a la escuela.

El problema tiene distintas expresiones. Los niños presentan una mayor participación en las ocupaciones no permitidas, mientras las niñas tienen una presencia superior en los quehaceres domésticos realizados en condiciones inadecuadas. También existe una fuerte concentración en actividades agropecuarias, construcción, industria, comercio y ventas, muchas de ellas vinculadas a situaciones de informalidad. 

Desde la perspectiva empresarial, esta realidad debe preocuparnos por razones humanas, sociales y económicas. Cada niña o niño que abandona la escuela pierde oportunidades para desarrollar sus capacidades. Cada familia que depende de su trabajo muestra la insuficiencia de los ingresos, la falta de protección social o la ausencia de empleos formales para los adultos. Cada caso dentro de una cadena productiva revela una falla de supervisión, trazabilidad o cumplimiento.

También compromete la productividad futura del país. México necesita personas mejor preparadas para incorporarse a una economía marcada por la tecnología, la automatización y la creciente exigencia de conocimientos. La formación del talento comienza desde la infancia. Cuando la necesidad económica sustituye la educación por una actividad precaria o peligrosa, el país reduce sus posibilidades de movilidad social, innovación y crecimiento.

La experiencia internacional confirma que es posible avanzar. Durante 2024 se estimó que casi 138 millones de niñas y niños se encontraban en situación de trabajo infantil en el mundo y que 54 millones realizaban trabajos peligrosos. La cifra global disminuyó desde los 160 millones registrados en 2020. Los resultados muestran que la combinación de educación, protección social, empleos dignos para los adultos, cumplimiento de la ley y responsabilidad empresarial puede reducir el problema. 

El primer frente es fortalecer el empleo formal y el ingreso de las familias. La primera responsabilidad de educar y proteger corresponde a madres y padres, pero necesitan medios reales para mantener a sus hijos en la escuela y acompañar su desarrollo. Desde el sector privado debemos invertir, capacitar y generar puestos de trabajo con seguridad social. Desde el gobierno se requiere un entorno que permita crecer, especialmente a las micro y pequeñas empresas, con financiamiento, simplificación y certeza jurídica.

Un segundo frente corresponde a las cadenas de suministro. Las empresas debemos conocer mejor las condiciones en que operan proveedores, contratistas y distribuidores, verificar edades, establecer cláusulas claras y corregir cualquier incumplimiento. También debemos acompañar a los pequeños proveedores en sus procesos de formalización.

El tercer frente es vincular mejor la educación con el sector productivo. Becas, orientación vocacional, formación técnica y programas para adolescentes en edad legal de trabajar pueden abrir una ruta segura hacia el empleo formal, siempre con horarios compatibles con sus estudios.

Estaremos muy atentos a los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2025, cuya publicación está programada para octubre. La nueva información permitirá saber si comenzó a revertirse el incremento observado en 2022, conocer la evolución por estados y sectores, y ajustar las acciones públicas y empresariales. 

El torneo tripartito cumplió una función importante al devolver el tema a la conversación pública. Ahora debemos llevar ese compromiso a los centros de trabajo, las comunidades y los planteles educativos. La tarjeta roja debe expresarse en decisiones cotidianas que permitan a cada niña, niño y adolescente continuar sus estudios y construir su propio futuro.