Rumbo al crecimiento sostenido

Después de varios meses marcados por la debilidad económica y el deterioro en la percepción de inseguridad, los datos más recientes ofrecen una combinación que merece atención. La inflación anual se ubicó en 3.10% durante la primera quincena de julio, un nivel no observado desde finales de 2020. A la vez, el Indicador Global de la Actividad Económica registró un crecimiento anual de 2.0% en mayo. Las estimaciones oportunas disponibles sitúan el avance del primer semestre alrededor del 1.2%.

Son resultados todavía modestos, pero muestran una dirección más favorable que la observada al inicio del año. A ellos se suma una mejora en la percepción de seguridad. En junio, 59.8% de la población adulta consideró inseguro vivir en su ciudad, por debajo del 63.2% registrado un año antes.

Esta evolución coincide con mejores resultados en varios delitos de alto impacto social. Durante el primer semestre de 2026, la incidencia delictiva total cayó 1.2% frente al mismo periodo de 2025. En ese lapso, las víctimas de homicidio doloso reportadas en las fiscalías y procuradurías estatales disminuyeron 30.1%.

El balance conserva focos que requieren atención. Aumentaron el daño a la propiedad, la violencia familiar y el robo a transeúnte en espacios abiertos al público. La extorsión sigue afectando la operación de miles de empresas y familias, incluso cuando las cifras de casos consumados muestran una reducción.

La percepción se mueve con mayor lentitud que algunos indicadores delictivos y está influida por la experiencia directa, las noticias y las condiciones del entorno. Por eso resulta relevante que la ENSU haya identificado reducciones estadísticamente significativas en áreas urbanas vinculadas con la actividad industrial, logística y de servicios. En el comparativo anual destacan Querétaro, San Nicolás de los Garza, la zona de La Laguna, Chihuahua, Nuevo Laredo y Lázaro Cárdenas. En todas ellas, la disminución estuvo acompañada de niveles inferiores al promedio nacional.

Es razonable plantear una hipótesis para darle seguimiento. Cuando los avances en seguridad comienzan a percibirse en corredores industriales, centros logísticos y grandes zonas metropolitanas, sus efectos pueden extenderse a la movilidad laboral, el comercio, el turismo y las decisiones de inversión.

La seguridad forma parte de la infraestructura económica del país. Cada delito evitado reduce pérdidas, interrupciones, cambios de rutas, ausentismo, primas de seguro, gastos de protección y tiempo destinado a atender una crisis. Para una gran empresa, estos costos afectan sus planes de expansión. Para una micro o pequeña empresa, pueden comprometer su continuidad.

Existe además una dimensión humana e institucional. La seguridad protege la dignidad de las personas, su libertad para trabajar, emprender y transitar, el patrimonio familiar y la posibilidad de construir un proyecto de vida. La paz social, el respeto a la ley y el ejercicio responsable de la autoridad permiten el desarrollo de la iniciativa personal y empresarial.

Una inflación más contenida ayuda a recuperar capacidad de compra y facilita la planeación. El mayor dinamismo de la actividad económica abre oportunidades de venta, inversión y empleo. Una percepción más favorable de la seguridad fortalece la disposición a consumir, visitar una ciudad, abrir un negocio o ampliar una operación.

Para que estas señales iniciales puedan sostenerse y multiplicarse, México necesita una agenda completa de políticas procrecimiento y una visión de largo plazo sobre los cambios que requiere el país. La seguridad debe avanzar junto con el Estado de Derecho, la certeza jurídica, la simplificación regulatoria, la infraestructura, una mayor apertura del sector energético a la inversión privada, el financiamiento productivo, los incentivos fiscales, la formalización, el desarrollo de proveedores y la formación de talento.

Consolidar la tendencia exige mantener la coordinación entre Federación, estados y municipios, fortalecer policías y fiscalías, utilizar inteligencia y concentrar recursos en los delitos y territorios de mayor riesgo. También requiere mejorar la investigación de la extorsión, seguir sus flujos financieros, proteger a quienes denuncian y reducir la impunidad que permite a las organizaciones criminales conservar capacidad de presión sobre empresas y comunidades.

Esta tarea forma parte de la negociación del T-MEC. La seguridad de las carreteras, puertos, aduanas, cadenas de suministro y corredores productivos se ha convertido en un asunto de competitividad regional. México necesita presentar resultados verificables y promover una cooperación basada en inteligencia, investigación financiera, control aduanero y combate al tráfico de drogas, armas y personas.

Las empresas pueden contribuir mediante protocolos de intercambio de información, mapas de riesgo, centros de monitoreo, capacitación y tecnologías que mejoren la prevención. La seguridad privada aporta capacidades operativas y conocimiento de instalaciones, cadenas logísticas y procesos críticos que pueden integrarse a los esfuerzos públicos bajo reglas claras, profesionalización, ética y supervisión adecuada.

México tiene la oportunidad de convertir estas señales favorables, todavía modestas, en un ciclo más duradero. Menor inflación, recuperación de la actividad y avances en seguridad pueden reforzarse entre sí. Si se acompañan de una agenda económica consistente y de una cooperación institucional efectiva, la seguridad puede convertirse en una ventaja competitiva para atraer inversión, fortalecer el empleo formal y elevar la productividad. La confianza se consolida cuando los resultados se mantienen en el tiempo y llegan a la vida cotidiana de las familias y las empresas.