CDMX, una respuesta compartida frente a la extorsión

Pocos delitos combinan de manera tan clara el daño económico con el deterioro del entorno social como la extorsión. No sólo afecta a quienes la padecen de forma directa. También altera la operación de los negocios, desalienta la inversión y va minando la confianza que necesita una comunidad para sostener su actividad cotidiana.

En una ciudad como la Ciudad de México, el problema adquiere una escala mayor por la concentración de actividad económica, comercios, servicios y unidades productivas. Cuando la extorsión se expande en un entorno con esta densidad empresarial, sus efectos no se agotan en la víctima inmediata. Se transmiten al empleo, al consumo, a las decisiones de inversión y al ánimo con el que miles de personas salen todos los días a trabajar, abrir un negocio o sostener una operación.

En este marco, el Pacto contra la Extorsión en la Ciudad de México representa un esfuerzo relevante por articular una respuesta de mayor alcance frente a este delito. La iniciativa, encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con la participación de la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, parte de un diagnóstico certero: la seguridad no puede reducirse a una función aislada del gobierno, sino que exige coordinación institucional, involucramiento social y una política sostenida para prevenir, denunciar, investigar y actuar con eficacia.

Uno de los mayores aciertos del pacto es haber convocado a sectores diversos. La presencia de empresarios, académicos, organizaciones civiles, agrupaciones religiosas, medios de comunicación y ciudadanía organizada da cuenta de un enfoque que busca romper el aislamiento en que suele quedar la víctima y reconstruir una red de apoyo, denuncia y confianza.

La participación del sector empresarial tiene un valor especial. Las empresas no sólo padecen este delito con frecuencia, también pueden contribuir a contenerlo mediante organización, prevención y colaboración con las autoridades. Su incorporación al esfuerzo público envía una señal positiva. La seguridad es una condición indispensable para la actividad económica y la estabilidad de la vida urbana.

La extorsión tiene además una dimensión económica que no siempre se subraya lo suficiente. En los hechos, funciona como un impuesto criminal que castiga a quien produce, vende, transporta, invierte o presta servicios. Drena recursos, altera decisiones, reduce márgenes, obliga a modificar rutinas y, en los casos más graves, empuja al cierre o a la informalidad. Para muchas micro y pequeñas empresas no es un costo más, sino un golpe que puede comprometer su permanencia.

Un aspecto relevante del pacto es que no se agotó en el terreno declarativo, sino que incorporó acciones concretas. El fortalecimiento del marco legal, la creación de redes vecinales, empresariales y comerciales, el establecimiento de un centro de atención inmediata, el uso de inteligencia patrimonial y financiera, la protección a víctimas, denunciantes y testigos, así como el reforzamiento de capacidades institucionales, apuntan a una comprensión más completa del problema.

La experiencia internacional también muestra que este tipo de delito exige algo más que operativos aislados o respuestas reactivas. Donde se han logrado avances, el denominador común ha sido la combinación de prevención, inteligencia, participación social y coordinación institucional. En ese sentido, el esfuerzo que hoy impulsa la Ciudad de México apunta en la dirección correcta.

En esa lógica también destacan varias ideas que surgieron durante el acto. Por un lado, la necesidad de que la denuncia deje de ser una carga solitaria y se convierta en un proceso acompañado, cercano y eficaz. Por otro, la importancia de intervenir antes de que el delito se consume, cortar canales de operación y mejorar la capacidad de reacción. También quedó clara la necesidad de articular mejor la información, el análisis y la inteligencia para desactivar redes y proteger de manera más efectiva a las víctimas.

Otro punto que conviene tener presente es la estructura misma de la economía capitalina. La Ciudad de México descansa en buena medida en el comercio y los servicios, con una presencia muy amplia de pequeños negocios expuestos de manera cotidiana al contacto con la calle, con el público y con flujos constantes de efectivo. En ese contexto, la prevención focalizada, la proximidad institucional, la reacción rápida y la protección efectiva a quien denuncia pueden marcar una diferencia real.

También será importante que la estrategia gane precisión territorial y operativa. La capacidad de reacción, la atención inmediata y el trabajo preventivo deben fortalecerse ahí donde este delito se presenta con mayor recurrencia o vulnerabilidad.

De ahí la importancia de que el Gobierno de la Ciudad de México haya decidido colocar este tema entre sus prioridades y abrir un espacio de coordinación más amplio. La exigencia social en esta materia es enteramente legítima. Se trata de uno de los delitos que más dañan la convivencia y de uno de los que con mayor claridad revelan la necesidad de fortalecer capacidades públicas, articular mejor a la sociedad y sostener una estrategia que no dependa de esfuerzos aislados.

El Pacto contra la Extorsión puede leerse, en ese sentido, como un cambio de enfoque. Esa ruta parece correcta. Ahora habrá que sostenerla, evaluarla y traducirla en resultados.

Celebramos esta iniciativa y reiteramos la disposición de sumar experiencia, conocimiento y capacidades tecnológicas a este esfuerzo. La seguridad es uno de los pilares del desarrollo económico y del bienestar social. Sin ella, la inversión se debilita, la actividad productiva se resiente y la prosperidad pierde sustento.

La firma de este pacto envía una señal positiva. Muestra que es posible construir una respuesta más seria y amplia frente a un delito que durante demasiado tiempo ha avanzado sobre el silencio, el miedo y la fragmentación. El reto ahora es mantener la coordinación, garantizar resultados y consolidar este esfuerzo, para que se traduzca en una política eficaz y sostenida. En una ciudad como la nuestra, combatir la extorsión también significa proteger la libertad de trabajar, emprender y vivir con tranquilidad.