Acelerar los cambios: condición urgente para volver a crecer

Los datos más recientes de la economía nacional confirman una pérdida de impulso que se expresa en bajo crecimiento, menor dinamismo del empleo formal, inversión contenida, presión sobre las finanzas públicas e incertidumbre frente a la revisión del T-MEC. El país necesita cambios estructurales acelerados para reconstruir la confianza.

Los datos definitivos del PIB confirmaron la magnitud del freno. La economía se contrajo 0.6% frente al trimestre previo y apenas avanzó 0.4% anual. La debilidad alcanzó a las actividades primarias, secundarias y terciarias, lo que obliga a leer el problema como una señal de menor dinamismo general y no como un ajuste sectorial pasajero.

El problema de fondo no está solo en la cifra puntual del PIB. Está en que México opera por debajo de su potencial justo cuando Norteamérica reorganiza cadenas productivas, relocaliza inversiones y busca proveedores confiables. Cada mes de indefinición en energía, permisos, seguridad, justicia y reglas claras, reduce la capacidad del país para capturar capital que hoy busca destino.

Es cierto que el gobierno federal ha implementado algunas medidas para contrarrestar el escenario. Los esfuerzos de simplificación administrativa, la ventanilla única, la reducción de trámites, algunos elementos de certeza fiscal, los acuerdos con la Unión Europea y la apertura a esquemas de inversión en energía deben reconocerse. En un país donde los trámites, permisos y criterios discrecionales muchas veces frenan la producción, cualquier avance ayuda. Pero el tamaño del reto obliga a reconocer que esos pasos todavía no alcanzan para cambiar el rumbo.

También es positivo que exista un mayor diálogo entre gobierno, empresas y trabajadores. Ese diálogo debe traducirse en decisiones concretas. El empleo formal todavía muestra algunos elementos positivos. Entre enero y abril se crearon más de 231 mil puestos registrados ante el IMSS, la mayoría permanentes, y el salario base de cotización alcanzó un nuevo máximo. Pero la creación de empleo avanza con menor velocidad frente a los años previos. Sin inversión suficiente, la mejora salarial y la formalidad corren el riesgo de perder soporte.

La relación entre quienes invierten, quienes trabajan y quienes toman decisiones públicas debe partir de una idea básica. Sin empresas no hay empleo formal, sin trabajadores no hay productividad y sin reglas confiables no hay inversión. La confianza empresarial sigue en terreno negativo y la inversión fija bruta acumula meses de deterioro. Las decisiones tomadas todavía no alcanzan para cambiar el ánimo de quienes tienen que arriesgar capital, ampliar una planta, contratar personal o iniciar un proyecto productivo.

A ese cuadro se suma una advertencia fiscal que no debe minimizarse. Las decisiones recientes de las calificadoras muestran que el bajo crecimiento es también un problema de sostenibilidad fiscal y confianza financiera. Cuando una economía crece poco, recauda menos, enfrenta más rigidez presupuestaria y reduce su margen para invertir en infraestructura, seguridad, energía y servicios públicos. Recuperar la inversión privada no es un tema accesorio. Es una condición para estabilizar el crecimiento y fortalecer las finanzas públicas.

México necesita medidas más atrevidas, serias y orientadas a reactivar la inversión productiva. Revisar la deducibilidad de las prestaciones sociales ayudaría a no castigar lo que fortalece a los trabajadores y sostiene la formalidad. También deben considerarse esquemas de depreciación acelerada para maquinaria, equipo, tecnología, transporte e infraestructura productiva, así como la actualización de las tablas impositivas para reflejar el aumento acumulado de precios y costos. Se trata de aliviar la presión sobre quienes ya cumplen y de generar condiciones para que vuelvan a invertir con mayor decisión.

El abasto energético ocupa un lugar central en esta agenda. Urge contar con electricidad suficiente, gas natural competitivo, infraestructura de transmisión, almacenamiento y reglas claras para que los proyectos puedan ejecutarse. Sin esa base, la manufactura avanzada, los centros de datos, la electromovilidad, la logística y la relocalización industrial encontrarán límites muy concretos.

Por eso, la apertura a la inversión privada en energía debe acelerarse. Se requieren permisos ágiles, reglas estables, esquemas de asociación público-privada, infraestructura de transmisión y almacenamiento, así como definiciones más rápidas sobre el aprovechamiento del gas natural no convencional.

La soberanía energética no se logra cerrando la puerta a la inversión, sino produciendo más, transportando mejor, regulando con inteligencia y aprovechando responsablemente los recursos disponibles.

A lo anterior se suma la revisión del T-MEC. Estados Unidos busca fortalecer su propia base industrial, reducir dependencias externas y asegurar cadenas regionales más confiables. Eso puede favorecer a México si actuamos con inteligencia. Pero puede complicarse si llegamos a la negociación con dudas en materia de combate al crimen organizado, certidumbre jurídica, energía, reglas de origen, cumplimiento laboral e integración regional.

El momento exige entender que el margen se está cerrando. No basta con administrar la coyuntura. Se necesita corregir lo que inhibe la inversión, acelerar lo que funciona y ver al sector privado como un actor clave. La inversión privada es una condición para que haya crecimiento, empleo formal, innovación, productividad y recursos públicos sostenibles.

Es necesaria una nueva etapa de confianza basada en hechos. Certeza jurídica, justicia imparcial, seguridad efectiva, energía suficiente, simplificación real, incentivos a la inversión y una estrategia inteligente frente a América del Norte. El país está a tiempo de retomar el crecimiento, pero debe hacerlo con decisiones de fondo y cambios acelerados.